Fascismo
La extrema derecha coloca a uno de los asesinos de los abogados de Atocha al frente de la lista de Bilbao

No tiene ni la más mínima opción de entrar como concejal en el Ayuntamiento de Bilbao el próximo 28 de mayo, pero la sola presencia encabezando la lista de Falange Española de las Jons en esas elecciones de Carlos García Juliá evidencia los “errores del sistema” que arrastra la transición política. El candidato García Juliá salió de la cárcel en noviembre de 2020 con más de diez años, concretamente 3.845 días, sin cumplir de la condena que se le impuso por participar como autor material en la matanza del despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras ubicado en el número 55 de la calle Atocha el 24 de enero de 1977 en Madrid.

Los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, además del estudiante de derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, que pertenecían al Partido Comunista de España (PCE) y a Comisiones Obreras, fueron asesinados esa mañana, en una matanza que dejó a cuatro personas más heridas, y que supuso uno de los puntos de inflexión de la transición política, que estuvo marcada por la violencia descontrolada de militantes de partidos de extrema derecha y distintos elementos de lo que hoy se llaman cloacas policiales y entonces se llamaban simplemente cuerpos policiales. Durante el proceso, llamó la atención la presencia de agentes de paisano dando apoyo a los acusados. Entre ellos estaba Antonio González Pacheco, conocido como “Billy el niño”, fallecido recientemente.

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El discurso político generalista ha defendido el carácter incruento del paso del régimen franquista a la democracia del sistema del 78. Sin embargo, durante la Transición hubo centenares de muertos. La autora de El mito de la transición pacífica (Akal, 2018) ha realizado un estudio científico sobre la realidad y la utilidad de ese constructo.

García Juliá recuperó su libertad en 2020 después de haber vuelto a ser encarcelado en febrero de ese mismo año, tras más de dos décadas en paradero desconocido. Tenía que cumplir 30 años, que es el máximo establecido, de una condena de 193 años por los crímenes del 77. En 1980, la sentencia de la Audiencia Nacional estableció que los cuatro condenados formaban un “grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España”.

Cuarenta años después, la Audiencia Provincial de Ciudad Real le liquidó entonces más de 3.000 días de cumplimiento aplicando beneficios penitenciarios obtenidos previamente a su fuga en 1994. Esta se produjo gracias a una medida aprobada por el juez José Donato, que permitió primero la libertad condicional del reo y luego le concedió un permiso para ir a Paraguay, país en el que le habían ofrecido un contrato de trabajo.

El permiso fue revocado por la Audiencia Nacional, pero García Juliá ya no regresó, al contrario, huyó a Bolivia. El coautor de los asesinatos de Atocha fue localizado en Brasil, después de que tuviera que huir de Bolivia, con una identidad falsa, país en el que fue condenado a seis años de cárcel por tráfico de drogas.

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Carlos García Juliá, uno de los asesinos de los abogados de Atocha en 1977, fue extraditado a España desde Brasil en febrero con 10 años y medio de condena pendiente de cumplir, podría salir de prisión en la víspera del aniversario de la muerte de Franco por beneficios penitenciarios a pesar de que ha estado huido de la justicia desde 1994.