Extrema derecha
Éxito histórico en los juzgados de València: condenan a los ultras agresores del 9 d’Octubre

Tras seis años de instrucción, el pasado miércoles 14 de febrero tuvo lugar la vista oral del primer juicio por las agresiones por parte de hooligans de la extrema derecha a las y los manifestantes, periodistas y fotoperiodistas en la tradicional marcha de las entidades de la cultura valenciana en la “Diada” del 9 de octubre de 2017. 

La Comisión 9 d´Octubre —que actuaba como acusación particular junto al resto de personas agredidas— identificó a los 28 acusados como responsables de los delitos de vulneración del derecho fundamental de manifestación, agresiones verbales y físicas y lesiones a varios participantes.

Los acusados han aceptado entre 12 y 24 meses de cárcel cada uno. Además de pagar 49.000 euros de costas, no podrán acercarse a las personas agredidas durante tres años y cinco meses

Tras un pacto de conformidad entre las partes, 26 de los 28 acusados han aceptado su responsabilidad en los hechos. Los acusados han aceptado entre 12 y 24 meses de cárcel cada uno. Además de pagar 49.000 euros de costas, no podrán acercarse a las personas agredidas durante tres años y cinco meses, ni acercarse a menos de 100 metros a las sedes de las organizaciones que convocaron la manifestación, ni a 300 metros de los actos que organicen. Las penas de prisión quedarán suspendidas, al no ser superiores a los dos años, una vez haya sentencia firme, condicionada a no volver a delinquir, y realicen un curso de igualdad.

La Comisión 9 d´Octubre (entidad de agrupa a numerosos colectivos y grupos de la izquierda valencianista y que organiza cada año la marcha vespertina de la Diada), ha puesto en valor en una nota de prensa el trabajo que han realizado durante este tiempo de instrucción remarcando tres objetivos logrados. El primero de ellos según la citada nota, “conseguir que por primera vez se reconozca el carácter político de la violencia anti valenciana (que ha condicionado la vida política al País Valencià desde la Transición, y que siempre ha sido judicialmente negado, desde el asesinato de Miquel Grau y el juicio por el asesinato de Guillem Agulló hasta ahora), con el reconocimiento del delito de vulneración del derecho fundamental de manifestación. Y, por lo tanto, que los acusados reconozcan la motivación ideológica en la comisión de los hechos y la consiguiente agravante por motivación ideológica”. A lo que añaden, “la condena clara de los agresores: que tengan antecedentes penales en su expediente, y asuman el pago de multas e indemnizaciones a las víctimas, tanto por las lesiones físicas y psíquicas que sufrieron como por el daño moral que se les causó. Además, que asuman el pago de las costas procesales y de la responsabilidad civil”.

Y como tercer y último objetivo alcanzado, remarcan la importancia de “introducir en el acuerdo de conformidad la condena a los conformados de alejamiento de las víctimas de su violencia (por lo tanto, de las personas, pero también de las sedes, locales y actos de las organizaciones que forman la Comisión 9 d´ Octubre), una pena de alejamiento que es habitual en otros tipos de delitos”. 

Por último, la nota de prensa incide en que "se ha conseguido la expulsión de los acusados del estadio del Valencia CF y la disolución de una peña violenta y protagonista de numerosos incidentes; y también se ha ganado la condena social de los violentos, de tal manera que las manifestaciones del 9 d' Octubre de años posteriores se han realizado con normalidad y tranquilidad y con una importante participación joven”.

Toni Gisbert, portavoz de la Comisión 9 d´Octubre, declaraba en conversación telefónica con El Salto que “es una condena histórica ya que es la primera vez que se gana un juicio de estas características y que las penas corresponden al delito. La violencia fascista ya no queda impune al País Valencià”. A lo que añade que “es muy importante que les hayan pedido el alejamiento de nuestra sede y nuestras movilizaciones. Y sobre todo que ahora queden con antecedentes penales”, insiste: “Si cometen cualquier otro delito —de odio, de género o de drogas, lo que sea—, entrarán inmediatamente en prisión”. Para Gisbert es sintomático de la condena social de estos hechos que para los ultras la ”mayor obsesión que tenían durante el juicio era que las cámaras no entraran en la sala".

Uno de los principales encausados que ha admitido los hechos y la condena es Vicente Estruch —alias l Alfarrasí— conocido neonazi de la peña de hooligans fascistas del Valencia CF, los Ultra Yomus. L’Alfarrasí que lleva en su piel la esvástica y la cara de Hitler entre otros tatuajes, fue premiado por el líder de España 2000, José Luis Roberto Navarro por estos hechos, según informó la revista El Temps.  

La Fiscalía de Valencia pedía inicialmente penas de entre tres y siete años y medio de prisión para los acusados. A lo que la Comisión 9 d’ Octubre —que ejerce la acusación particular a través de Acció Cultural del País Valencià(ACPV)—, añadía el de daños, odio y pertenencia a grupo criminal, por la reincidencia en algunos casos como el del Alfarrasí, pidiendo penas de entre 5 y 11 años de prisión.

“Creo que es hay que estar muy satisfecha como fiscal, jurista y ciudadana, de que unos hechos como estos hayan tenido consecuencias penales”, valora Susana Gisbert 

“Creo que es hay que estar muy satisfecha como fiscal, jurista y ciudadana, de que unos hechos como estos hayan tenido consecuencias penales”. Se felicitaba la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert, en conversación telefónica con El Salto. "Es muy extraño que una condena de este tipo prospere, por lo menos este es un caso excepcional, no sé si existe otra condena similar contra los derechos fundamentales en el Estado Español.” Para la fiscal, “lo de menos es si entran en prisión o no, lo importante es por un lado la condena por un delito contra los derechos fundamentales y por otro, que todas las victimas están resarcidas económicamente”. A lo que añade que, “son muy importantes las penas de alejamiento, tanto de los eventos como de las sedes de la Comisión 9 d´ Octubre, y el hecho de que la suspensión de la pena va condicionada a la realización de un curso por la igualdad. Esto es fundamental en un caso como este”, finaliza.

Queda pendiente el juicio contra dos de los acusados que han rechazado el acuerdo y se someterán a la vista oral el próximo 6 de marzo. Uno de ellos es Pepe Herrero, un conocido ultraderechista vinculado al mundo fallero a través de la radio Onda Fallera, al que se le imputan los cargos de incitación al odio, de índole intelectual, por ser unos de los presuntamente instigadores de los hechos. Ambos serán representados por Manuel Salazar, socio de José Luis Roberto Navarro, presidente de España 2000, en el bufete de abogados Salazar & Navarro.

Un grupo de ciudadanos antifascistas se congregaban a la puerta de los juzgados con pancartas y coreaban “València serà la tomba del feixisme”. A lo que los ya condenados a la salida les han increpado: “Poco os dimos ese día” y “nos habría salido más barato mataros".