Crisis económica
Última llamada para fijar condiciones sociales y medioambientales a los 150.000 millones en ayudas

Por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso han pasado varios actores sociales y organizaciones que han puesto en relieve la necesidad de que las ayudas a las empresas y el dinero inyectado en la economía para la salida de la crisis —que entre grandes paquetes, avales y fondos para garantizar la solvencia empresarial ya suman 150.000 millones de euros— tuviera criterios y condicionantes financieros, económicos, sociales y medioambientales. Pero, observando las votaciones y el texto final, no parece que se les haya hecho mucho caso.

Un enmienda de Más País-EQUO, apoyada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, JuntsxCat, BNG y Compromís en el grupo de trabajo de reactivación económica, también proponía que las empresas apoyadas o rescatadas no pudieran tener filiales en paraísos fiscales, tuvieran que cumplir con el acuerdo climático de París, se comprometieran con la protección de la biodiversidad, cerraran la brecha salarial entre hombres y mujeres y no pagaran dividendos durante al menos dos años. En el último momento, la alianza en algunas de las votaciones entre PSOE y Ciudadanos también tumbó esta enmienda.

En el último momento, la alianza entre PSOE y Ciudadanos también tumbó una enmienda que proponía criterios sociales o ecológicos para recibir las ayudas

Es por ello que varias organizaciones han enviado hoy una carta a todos los grupos parlamentarios para exigir que se incluyan condiciones socioecológicas en el respaldo financiero del Estado a las empresas. El texto, que lo ha firmado el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción en el contexto de la campaña Rescates Reloaded en contexto Covid19, y a la que se han añadido ya unas 90 organizaciones más, también denuncia que los avales, garantías y compra de deuda realizados hasta ahora se han caracterizado por falta de transparencia y difícil escrutinio, que se ha dado apoyo incondicional a empresas altamente contaminantes, que la banca tiene un papel intermediario que se podría evitar, la falta de criterios sociales, ambientales, climáticos, de finanzas justas (dividendos, paraísos fiscales) y economía justa (reestructuración, despidos, etc.). Además, denuncian, todos los planes de recuperación se basan en endeudamiento, lo que podría terminar en ahondar más todavía un grave problema de deuda de las familias y las empresas que podría acabar en unos mayores niveles de pobreza en los próximos meses.

Propuestas que no pueden quedarse fuera

La carta emitida a los partidos también expone una serie de propuestas adicionales “concretas y viables en el corto plazo para una reconstrucción económica que revierta la creciente desigualdad y frene la crisis ecológica”. 

Entre los criterios de elegibilidad para recibir las ayudas, se propone que no se concedan a empresas que tengan sedes en paraísos fiscales, a las que generen claros impactos sociales negativos, directos o indirectos, o que pertenezcan a grupos implicados o condenados por corrupción o por delitos económicos graves. Además, exige la carta, se deberán priorizar las ayudas a aquellas empresas cuya actividad contribuya a una transición ecológica justa y un cambio en el modelo de provisión y gestión de servicios y bienes, que apuesten por la reinversión en la economía local, que persigan metas concretas de empleo para revertir las asimetrías de sexo, género, raza/etnia y diversidad funcional y que proporcionen trabajos socialmente necesarios.

La carta enviada a los partidos políticos exige que los préstamos ICO avalados por el Estado incluyan cláusulas en materia social, de género, ambiental y climática de obligado cumplimiento

También piden que los préstamos ICO avalados por el Estado incluyan cláusulas de obligado cumplimiento para las empresas que reciben ayudas, tales como la obligación de diseñar y ejecutar un plan de disminución drástica de emisiones, la prohibición de repartir dividendos hasta haberse completado la devolución de las ayudas o la obligación de tributar en el Estado español.

Además, las organizaciones firmantes, también ponen de manifiesto en la carta la prioridad de la transparencia y la información pública de una empresa cuando reciba apoyo financiero del Estado. Por lo que piden, entre otras cosas, la creación de órganos de supervisión de las ayudas públicas a las empresas, así como la publicación en la página web y en los informes anuales de los organismos e instrumentos el nombre de las compañías que hayan recibido financiación pública superior a 250.000€, el importe y el tipo de financiación pública recibida, la actualización de pagos y vencimientos del crédito, la línea de crédito, subvención u otro instrumento que se haya utilizado.

Las organizaciones que han escrito la carta seguirán recabando apoyos de la sociedad civil para que firmen el texto, que ya lleva cerca de 100 apoyos, para presionar antes de que el Congreso tenga que aprobar el texto definitivo la semana que viene.