Análisis
Publicada la prueba concluyente de la política de expulsiones colectivas en Grecia

Una “prueba concluyente”...

Hace tres años escribíamos el primer artículo sobre las expulsiones colectivas desde las islas del Egeo, Grecia. En ese momento, junio de 2020, se contabilizaban al menos 700 personas expulsadas desde Grecia, tanto desde la frontera terrestre como desde la marítima. Describíamos palizas, guardacostas rompiendo los motores de las embarcaciones, personas abandonadas en balsas sin motor en medio del mar. Creíamos que la brutalidad de lo que estábamos presenciando iba a generar una reacción inmediata, masiva, de indignación, y que el gobierno griego no iba a poder sostener las expulsiones colectivas por mucho tiempo. Nos equivocamos.

Desde que la política de expulsiones colectivas (pushbacks en inglés) comenzó en marzo de 2020, lo más parecido a esa reacción de indignación masiva que esperábamos sucedió el pasado viernes 19 de mayo, más de tres años después, tras la publicación de un reportaje audiovisual en The New York Times. Durante todo este tiempo, se estima que al menos 55.000 personas han sido expulsadas ilegalmente desde las islas del Egeo, bien interceptadas en el mar o detenidas horas después de alcanzar suelo griego, sin haber tenido la oportunidad de solicitar asilo. Pero solo ahora se ha conseguido una prueba irrefutable de la práctica. The New York Times ha hecho público el primer video, grabado por un colaborador de una ONG, en el que se registra la detención, secuestro y el posterior abandono en el mar de 12 personas, demandantes de asilo. El hecho ocurrió el 11 de Abril en la isla de Lesbos. Tras haber desembarcado en la isla griega, los solicitantes de asilo habían pasado una noche escondidos en el bosque (una estrategia común para evitar ser expulsados) antes de ser acorralados y detenidos por hombres enmascarados.

“No se trata de la omisión del deber de poner a salvo a personas en peligro en el mar. Esto es secuestrar a decenas de miles de civiles que estaban a salvo en tierra y abandonarlos en peligro en el mar. Esto es, como mínimo, intento de asesinato”

Este video se ha calificado como la “prueba concluyente” de la política de “pushbacks” o “expulsiones colectivas”. Hombres cubiertos con pasamontañas abren la puerta trasera de una furgoneta sin identificación, sacan a las 12 personas, incluidos niñas y un bebé. “No podíamos ver nada fuera, no teníamos dónde sentarnos. Estábamos todos tumbados”, explicó al New York Times una de las supervivientes de 17 años. El video muestra como los hombres enmascarados las dirigen hasta un pequeño embarcadero, las obligan a subir a una zodiac y las transportan hasta la embarcación 617 de la Guardia Costera. Los guardacostas conducen a los demandantes de asilo hasta el límite de las aguas territoriales de Grecia y Turquía y los abandonan en medio del mar, en una balsa salvavidas sin motor. Las imágenes son escalofriantes.

Aunque se suele denominar esta práctica como “expulsiones colectivas” o “pushbacks”, esto explica tan solo una parte de lo que se muestra en el video y de lo que durante años han denunciado organizaciones y activistas. Como aclaraba Front-Lex, una organización que enfrenta las políticas migratorias de la UE mediante litigios estratégicos, “no se trata de la omisión del deber de poner a salvo a personas en peligro en el mar. Esto es secuestrar a decenas de miles de civiles que estaban a salvo en tierra y abandonarlos en peligro en el mar. Esto es, como mínimo, intento de asesinato”.

... de una práctica de Estado ampliamente demostrada....

A pesar de los obstáculos impuestos para la investigación y difusión de estas prácticas fronterizas, que ha incluido una voraz política de criminalización de organizaciones y activistas, se ha acumulado suficiente información como para poder asegurar que las expulsiones masivas son una realidad indiscutible. El equipo de Forensic Architecture, especializado en la reconstrucción de escenarios a partir de pruebas parciales, ha podido desarrollar una plataforma de mapeo interactivo que alberga pruebas de 1.018 expulsiones en el mar Egeo entre 2020 y 2022. El reciente video publicado en The New York Times es posiblemente el cierre simbólico de un amplio proceso de investigación que ha desenmascarado lo que probablemente sea la más grave violación colectiva de derechos en suelo europeo. “Nos contactan regularmente personas que han llegado a Lesbos, solicitando que les proporcionemos asistencia jurídica para garantizar el acceso al procedimiento de asilo, porque las personas migrantes que llegan aquí desde Turquía están aterrorizadas de presentarse solas ante las autoridades para solicitar asilo. Saben que son las autoridades griegas y sus agentes quienes les persiguen, les atacan, les obligan a subir a los barcos y les devuelven hacia aguas turcas, donde son abandonados en el mar”, explica Lorraine Leete, coordinadora del Legal Centre Lesvos, una organización que ofrece asistencia legal gratuita en la isla desde 2016.

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Junto a las investigaciones de organizaciones y periodistas, las mismas declaraciones de los políticos griegos ponen en evidencia esta realidad. Mientras desmienten las acusaciones y las justifican como parte de “la propaganda turca”, se enorgullecen de haber impedido la entrada de personas migrantes a territorio griego. Durante una visita a Lesbos, el Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis afirmaba haber “aplicado una política migratoria firme pero justa. Hemos protegido las fronteras de nuestro país tanto en tierra como en mar, y hemos reducido las llegadas irregulares en un 90%”. Pero Mitsotakis sabe bien que no es posible impedir las llegadas de forma “justa”. En el momento en que una persona se encuentra en territorio de un país —incluidas las aguas territoriales—, tiene derecho a pedir asilo. Alrededor de Lesbos no hay aguas internacionales. La única forma de “impedir la entrada” mientras las personas demandantes de asilo no han entrado en territorio griego, es que las detengan las autoridades turcas, lo que fue el objetivo principal del acuerdo entre Europa y Turquía, hasta que se rompió en marzo de 2020, cuando Turquía decidió unilateralmente abrir sus fronteras.

“Las islas del Egeo se han convertido en escenario del crimen donde las personas migrantes, activistas e incluso observadores de aves locales se ven rodeados por enmascarados armados. Mientras las propias personas migrantes son detenidas y procesadas, acusadas de “traficantes” por conducir la embarcación con la que se vieron obligados a cruzar el mar, los verdaderos criminales viven entre nosotros, o están sentados en Atenas y Bruselas negando aún su responsabilidad en innumerables muertes” explica Yetta, activista en Lesbos.

...con consecuencias mortales.

La política de pushbacks, además de la vulneración múltiple de derechos fundamentales de las personas migrantes, tiene consecuencias mortales. En Febrero de 2022, Lighthouse Reports, Der Spiegel y The Guardian publicaron una investigación en la que reconstruían el asesinato de Sidy Keita, marfileño de 36 años, y de Didier Martial Kouamou Nana, camerunés de 33 años. Según el relato del único superviviente, que prefiere mantenerse en el anonimato, los tres hombres fueron detenidos tras su llegada a la isla de Samos (Grecia). Después, los guardacostas griegos los subieron a bordo de un barco y los golpearon antes de arrojarlos al mar sin bote ni chaleco salvavidas. Este no es un episodio aislado, los guardacostas turcos informaron de 29 incidentes similares durante 2021.

Por otro lado, cada vez más personas deciden tomar rutas alternativas que sorteen las islas del Egeo para evitar ser atrapados y detenidos. Por ser más largas y más expuestas al mar abierto, estas rutas alternativas son más peligrosas. En el intento de llegar a Italia desde Turquía, varios barcos han naufragado hasta ahora. El 6 de Octubre de 2022 un velero con 95 personas a bordo perdió el control en un temporal y golpeó contra las rocas de la isla de Kythera, cerca del Peloponeso. Solo 80 personas fueron rescatadas y cinco cuerpos recuperados. Entre el 25 y el 26 de febrero de este año, una goleta de madera con 150 personas a bordo naufragó ante las costas de Cutro, Calabria. Habían partido de Esmirna, localidad turca situada a 1500 kilómetros del lugar del naufragio. Desde este enclave partían la mayor parte de los barcos que llegan a Lesbos, de donde solo le separan unos 35 kilómetros. En lo que se ha llamado la “masacre de Cutro”, el número de muertos confirmados ascendía a 94, más un número desconocido de personas desaparecidas.

Las activistas y organizaciones han recibido el reportaje del New York Times con una mezcla de ilusión y escepticismo. Se preguntan cuántos artículos, cuántos videos, cuántos testimonios más hacen falta para que algo cambie

Un fenómeno europeo, durante demasiado tiempo

El equipo de reporteros del New York Times se reunió con tres funcionarios de la Comisión Europea en el que mostraron el vídeo y describieron cómo habían verificado la información que contiene. Ayer, la Comisaria Europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, declaraba haber enviado “una petición formal a las autoridades griegas para que este incidente se investigue de forma exhaustiva e independiente” y hacía referencia a sus declaraciones tras la reunión con autoridades griegas en junio de 2022, “proteger las fronteras exteriores de la UE de la entrada ilegal es una obligación. Las expulsiones violentas e ilegales de inmigrantes deben cesar ya”. A pesar de las declaraciones expresando preocupación, las instituciones europeas no han aplicado ninguna medida contundente para frenar estas prácticas. Ni siquiera tras la publicación del informe de la agencia antifraude de la Unión Europea, OLAF, donde se concluía que los agentes de Frontex habían colaborado con los guardacostas griegos en las expulsiones colectivas, con el conocimiento de los altos directivos de esta Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

El hecho de que la sistematización de las expulsiones se haya convertido en la herramienta principal en el control de flujos migratorios a nivel europeo, y no solo griego, explica de alguna forma la inacción por parte de las instituciones europeas. El Libro Negro de los Pushbacks elaborado por un grupo de expertos independientes de la Border Violence Monitoring Network, recoge testimonios de expulsiones a través de la ruta balcánica que han afectado a mas de 25.000 personas. En la frontera marítima entre Italia y Libia, los guardacostas italianos, con el apoyo de Frontex, localizan las embarcaciones e informan a los llamados Guarda Costas Libios para interceptar, secuestrar y devolver a las personas a Libia, en lo que se denomina “pull-backs”. La reciente publicación del informe Vulneración de Derechos Humanos en la Frontera Sur del Estado español 2021-2022, coordinado por Iridia y Novact, además de recoger las terribles consecuencias de la masacre de Melilla (donde al menos 40 personas fueron asesinadas, 80 desaparecidas y 470 expulsadas) corrobora la práctica sistemática de devoluciones en caliente a través de 11 testimonios en las inmediaciones del CETI en Ceuta. “Te toman por las manos, te llevan a la puerta de la valla, la abren con las llaves, te patean y te echan”, afirma una de las personas afectadas.

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Las activistas y organizaciones han recibido el reportaje del New York Times con una mezcla de ilusión y escepticismo. Se preguntan cuántos artículos, cuántos videos, cuántos testimonios más hacen falta para que algo cambie. Arrastran la frustración de años sintiendo la impotencia ante unas fronteras que cada vez son más descarnadas, más crueles, más asesinas. La frustración de constatar la impunidad con la que se diseñan políticas, se violan derechos, se decide sobre la vida de las personas. El dolor del silencio ante tanta injusticia. Pero permanece la ilusión de que un día muchas más decidan entender, y la convicción de que la única vía posible es seguir luchando para que esto no ocurra. Como concluía Lorraine Leete, “esperamos que estas pruebas exhaustivas —sumadas a los años de documentación de miles de expulsiones por parte del Legal Centre Lesvos y otras organizaciones de Derechos Humanos— finalmente fuercen una respuesta real, no sólo por parte de los políticos, sino de la sociedad civil, que ha hecho la vista gorda durante demasiado tiempo”.