Opinión
Objeción al gasto militar: la guerra empieza aquí, en tu declaración de la renta

Como cada año durante estos meses, el Estado llama a nuestras puertas para recordarnos nuestra obligación de contribuir al mantenimiento de sus arcas, y como cada año también, centenares de personas aprovechan el verse convertidas por un momento en sujetos activos para hacer política antimilitarista de base.

Estas personas calculan qué parte de sus impuestos sobre la renta corresponden a lo que destina el Gobierno en los PGE --presupuestos generales del estado-- al funcionamiento de la maquinaria militarista.

Muchos dejan de pagar una pequeña parte para destinarla a otros fines no militaristas como proyectos sociales, solidarios y ecológicos que defiendan la naturaleza y la sociedad frente a sus verdaderas amenazas. Mediante este gesto simbólico, pero desobediente, de alterar su declaración del IRPF de manera abierta y pública, estas personas expresan su rechazo al militarismo, la guerra y sus preparativos económicos. Es lo que se conoce como Objeción Fiscal al Gasto Militar, una campaña colectiva de desobediencia civil de más de 30 años de existencia, promovida cada año por grupos antimilitaristas y pacifistas que hacen suya cada vez más organizaciones y movimientos.

La objeción al gasto militar busca cada año abrir un debate social profundo sobre el gasto militar, las prioridades económicas de la sociedad y un cambio de paradigma en el modelo de defensa que lo aleje de la opacidad, el elitismo y el uso de la dominación y la violencia que caracterizan a las estructuras y la ideología militares. La objeción al gasto militar cuestiona el actual modelo de defensa militarista, que prioriza la preparación para la guerra, como se refleja año tras año en los Presupuestos del Estado.
Los números no engañan: según los cálculos de grupos investigación para la paz como Utopía Contagiosa, para 2018 las partidas para finalidades estrictamente militares ascienden en total a 22.678,62 millones de euros, o en términos relativos, 61 millones diarios, 493 euros per cápita, o casi el 2% del PIB y el 5% de los PGE.

Esta cantidad se calcula tomando la definición de la mismísima OTAN de lo que se debe considerar como gasto militar y simplemente sumarle los intereses de la deuda achacables a este gasto. Esto supone una cifra 2,68 veces mayor que la que se publicita bajo el nombre de “gasto en defensa”, engaño bajo el que, en realidad, se esconde el presupuesto del Ministerio de Defensa únicamente. Es decir, que 14.222,66 millones de euros, casi dos terceras partes del gasto militar total, se encuentran escondidos en partidas de otros ministerios que no son el de Defensa, especialmente la de la Guardia Civil en el Ministerio de Interior, las pensiones militares y los intereses de la deuda pública. En concreto, Utopía Contagiosa ha hallado repetidamente partidas de tipo estrictamente militar en 12 de los 13 ministerios.

Eso se llama engaño a la opinión pública, camuflaje y opacidad. Y también sobrecoste, porque siguiendo el estudio de Utopía Contagiosa, “entre 2002 y 2015 se gastaron 19.298,63 millones de euros más en lo militar que lo que previamente se había presupuestado (+19’96 %), lo cual deja claro que la práctica no es puntual sino una de las características de la política presupuestaria española”.

Estas cifras podrían ser todavía más hinchadas en próximos años si se hace realidad el anuncio reciente de la actual ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal, de que el gasto del Ministerio de Defensa se multiplicaría por dos en los próximos años para hacer frente a los pagos de los Programas Especiales de Armamento (PEA). Estos programas acumulan una deuda cercana a 21.000 millones de euros, que se tendrá que satisfacer en los próximos años por la compra de tanques Leopard, aviones de combate Eurofighter, helicópteros Tigre y aviones de transporte A400M, entre otros. La ministra también anunció la apertura de un nuevo ciclo de producción y adquisición de armamento, lo cual abultará más estas cifras.

Para hacernos una idea más clara del volumen de gasto que todo esto supone, se puede poner en comparación con, por ejemplo, los recortes en gasto público en sanidad, educación, pensiones o paro que se produjeron en 2013 —uno de los peores años de las políticas de ajuste estructural austericida—, que alcanzaron los 39.000 millones de euros. El tratamiento de los enfermos de hepatitis C supone 727 millones, el gasto anual en las prestaciones del paro supone unos 26.000 millones, la sanidad pública ha sufrido recortes de casi 10.000 millones, y la educación de 7.000 millones mientras que el rescate bancario se llevó 100.000 millones de las arcas del Estado. También podríamos citar el coste de la reclamada revalorización de las pensiones con el IPC, que supondría no más de 4000 millones de euros al año.

Estos recursos derrochados en la preparación de la guerra se podrían desviar a satisfacer las necesidades básicas de la población y a promover valores igualitarios y no violentos que superen los valores del miedo y la agresión que promueve el sistema militarista que sufrimos.

La respuesta del fisco ante el reto de las personas que deciden hacer objeción al gasto militar ha sido hasta ahora la de la persecución selectiva. La persona objetora no oculta su acción, la reconoce y la explica en una carta dirigida al ministro de Hacienda para dejar fuera de toda duda que no comete un “fraude”, sino que lleva a cabo un acto político basado en valores compartidos.

A pesar de esta comunicación, solo reciben una notificación de Hacienda un porcentaje variable de las declaraciones con objeción al gasto militar, según el territorio. Es estos casos, Hacienda trata la objeción como una declaración “errónea” y envía la declaración “correcta”, informando sobre plazos y vías de recurso. Esto es así desde que se sentó un importante precedente judicial en marzo de 2006, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estimó parcialmente el recurso presentado por el objetor Joan Surroca y decidió anular la sanción que quería aplicar contra él la Agencia Tributaria, si bien le obligaba a abonar las cantidades reclamadas por el fisco. Desde entonces, al no poder ser sancionada, la objeción al gasto militar se halla en el terreno de la “alegalidad”: Hacienda ha dejado de considerar punible la objeción fiscal y se limita a reclamar el dinero desviado más los intereses de demora que corresponda, y si el pago no se produce en unos meses, embargar la cantidad objetada en espera de la resolución de los posibles recursos planteados.

A pesar de esta esperanzadora sentencia, en estos años pocas personas han sido las que han decidido explorar la vía contencioso-administrativa para defender su acción frente a Hacienda. En el actual contexto son casi nulas las posibilidades de obtener una sentencia favorable a la objeción al gasto militar, y esta opción solo cobra el sentido que le otorgue el rodear los casos de una campaña pública antimilitarista, con el propósito de extender la crítica al gasto militar, animar a otras personas a practicar la objeción fiscal y que le pierdan el miedo a "plantarse" ante Hacienda.

Concretamente, en València, dos objetores al gasto militar llegaron a plantear recursos ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana con la ayuda de Antimilitaristes-MOC. El recurso presentado continuaba la vía administrativa iniciada tras negarse a acatar los requerimientos de la Agencia Tributaria para que pagara las cantidades detraídas de sus declaraciones. Tras superar las etapas anteriores de escritos a la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), en sus recursos al TSJCV defendían su acción como expresión de derechos fundamentales como el de libertad ideológica, que no solamente ampara formas de pensar basadas en convicciones profundas, sino también la acción coherente con ellas, y pone límites al poder del Estado.

La Constitución y las leyes internacionales protegerían este derecho, exista o no una legislación que lo regule. Además, y más importante aún, sostiene el recurso, la desobediencia civil, que es la objeción fiscal pacifista, es también una garantía del derecho político colectivo a un orden internacional justo y unas relaciones internacionales pacíficas. Estas personas no estaban buscando meramente amparo en contra de una decisión administrativa injusta, sino que tratan de seguir un imperativo ético de ayudar a difundir la objeción fiscal, usando sus casos como altavoz de estos planteamientos.

La resolución del tribunal no estuvo desde luego a la altura de estas argumentaciones, como era de temer. El TSJCV no entra en ningún momento en el fondo de la argumentación y despacha en unos pocos folios el recurso: el derecho a la objeción de conciencia no ampara la objeción fiscal, todos los españoles tienen el deber de sostener a las Fuerzas Armadas, los contribuyentes no tienen permitido decidir el destino de sus impuestos. Esto refuerza la idea de reservar la vía legal a casos que se puedan rodear de campañas públicas lo suficientemente fuertes como para compensar la más que probable acumulación de sentencias negativas a objeción al gasto militar.

En los próximos años, las campañas locales que promueven la objeción al gasto militar deberían conseguir, por un lado, aumentar el volumen de los apoyos sociales, y por otro, que crezca el número de personas que la emplean, convertirla en algo más normal y accesible, sin que a la vez se reduzca su valor como gesto de desobediencia. Lo que no cuesta nada tampoco vale nada y carece de importancia política y potencia transformadora. Convertir la objeción fiscal en algo tan fácil como firmar una declaración o rebajarla a 1 euro, no ayuda ni a aumentar su incidencia en el debate público ni creo que a la larga tampoco haga que aumenten las cifras de participación.

Nunca como en estos últimos años habían estado tan presentes perspectivas críticas contra la inversión estatal en el sostenimiento de la maquinaria militar de guerra, y nunca había sido asumida y promovida por tantas organizaciones y movimientos diferentes. De los grupos antimilitaristas principalmente depende el que este debate público creciente no se enquiste únicamente en aspectos cuantitativos, en cuál sería un volumen adecuado para el gasto militar, y consiga socavar los cimientos ideológicos que perpetúan la propia existencia de los ejércitos, para llegar a una “revolución copernicana” que haga girar la idea de defensa sobre las libertades, los derechos y la noviolencia.