Fondos Next Generation
Fondos europeos, al rescate del capitalismo español

Telefónica quiere ampliar la cobertura de fibra óptica y 5G. Endesa pretende transformar sus centrales térmicas de carbón en plantas de hidrógeno. Iberdrola, como el resto de las compañías energéticas, también apuesta por la generación de “hidrógeno verde”, y se asocia con Fertiberia para acoplarla a la producción de fertilizantes. Ferrovial dice que va a construir plataformas para taxis voladores. Meliá, Iberostar, Riu y Barceló quieren digitalizar y renovar 12 destinos turísticos “maduros”. Estas son algunas de las propuestas que han presentado las grandes empresas españolas para ser subvencionadas por los fondos europeos de reconstrucción.

En sus carteras de proyectos abundan la renovación de infraestructuras, la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos, la digitalización de empresas, administraciones y turismo, la puesta en marcha de gigafactorías de baterías, el impulso del automóvil eléctrico y la apuesta por el hidrógeno como vector energético. Más allá de la retórica de la sostenibilidad y la digitalización, ¿en qué medida contribuyen estas propuestas a la transformación del modelo productivo?

Recuperación de los beneficios empresariales

“El plan de recuperación más ambicioso de la historia reciente de España”. Así ha calificado el presidente del gobierno al plan España Puede, con el que se trazan las líneas principales para modernizar y aumentar la competitividad de la economía española con los fondos europeos. Con el relato asociado a este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que hasta el momento es lo único que se ha presentado, se habla del fortalecimiento del tejido productivo y de cuestiones como la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios, los ecosistemas resilientes, la transición energética justa e inclusiva, la nueva economía de los cuidados...

El principal objetivo es sostener las bases del modelo socioeconómico e impulsar los beneficios de las grandes empresas que lideran el capitalismo español

Todos estos conceptos, en realidad, sirven para dar una mano de pintura verde y violeta al plan y desdibujar su principal objetivo: sostener las bases del modelo socioeconómico e impulsar los beneficios de las grandes empresas que lideran el capitalismo español. Así lo reflejan las inversiones, las reformas y los instrumentos planteados, las declaraciones de la patronal, los proyectos que están presentando las empresas del Ibex-35 y una revisión de quiénes han concentrado la mayor parte del apoyo financiero estatal tanto en esta crisis como en las anteriores.

El año pasado se puso en marcha un dispositivo de gran envergadura para rescatar a las empresas transnacionales europeas. El Banco Central Europeo tiene una línea de compra de deuda específica de las grandes empresas y además sumó un programa específico en el contexto de la pandemia. En total, desde marzo del año pasado, ha realizado adquisiciones por un valor superior a 80.000 millones de euros de las que se han beneficiado más de 210 transnacionales. Las compañías españolas no han salido mal paradas de todo ello: entre las 18 empresas que han recibido liquidez del BCE destacan energéticas como Repsol, Iberdrola, Enagás y Naturgy, al igual que constructoras como ACS y Ferrovial. Al mismo tiempo, el Estado español ha invertido casi 25.000 millones de euros en avales públicos a respaldar los créditos bancarios de grandes compañías. Y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha rescatado empresa por valor de mil millones de euros.

Aunque no son receptoras de ayudas directas, las grandes entidades financieras también van a resultar beneficiadas del rescate estatal. “Los bancos podemos contribuir a la recuperación con nuestra capilaridad y cercanía con el cliente, anticipando fondos y cofinanciando e impulsando proyectos”, ha dicho la directora del Servicio de Estudios y Relaciones Institucionales del Banco Santander. Las comisiones que están negociando y pueden llegar a percibir por la canalización de los fondos europeos, a cambio, les supone un negocio de entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Con su papel de intermediarios financieros, a los que ya no se les va a exigir la devolución de los 80.000 millones de euros del anterior rescate y ahora se les van a perdonar todas las deudas de la Sareb y los “activos tóxicos” que va a asumir el Estado (35.000 millones de euros), ven cómo se refuerza su centralidad en el modelo socioeconómico.

“Colaboración público-privada”

Las transferencias de fondos públicos al sector privado suelen justificarse con el argumento de la defensa del tejido empresarial más débil, las pequeñas y medianas empresas. En esta lógica, el gobierno español ha recalcado que la función de las pymes está asegurada con los fondos europeos y que estas estarán presentes en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). El diseño de este instrumento, sin embargo, sigue la propuesta de la CEOE para crear una “estrecha colaboración público-privada” para definir los macroproyectos que liderarán la recuperación. Se define así el tipo de empresas que serán protagonistas, las grandes compañías, que como mucho dejarán a las pymes jugar un rol subordinado.

La puesta en marcha de los PERTE se enmarca en la idea del fomento de las alianzas público-privadas, una fórmula hecha a medida de los intereses del sector privado. Con ello, mientras las grandes compañías reciben los beneficios, el sector público asume los riesgos y responde con garantías frente al mal funcionamiento de lo que se está gestionando. Los perjuicios que eso puede suponer para las cuentas públicas y para las mayorías sociales ha quedado patente en numerosos casos, como el proyecto de almacenamiento de gas Castor en las costas de Castellón o la construcción del hospital Villalba en Madrid. Este tipo de proyectos no solo han sido puestos en cuestión por las organizaciones sociales, sino también por un informe del Tribunal Europeo de Cuentas que ya en 2018 reflejaba toda una serie de deficiencias en ellos: gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes.

Con las grandes empresas en el diseño de la regulación de los fondos y en la definición de las principales inversiones, no se atisba ningún cambio de modelo

En esto de situar la colaboración público- privada en el centro de la gestión de los fondos europeos, además de la CEOE, ha sido clave la labor de las Big Four. Las principales transnacionales de la consultoría (Deloitte, PriceWaterhouse Coopers, KPMG y Ernst&Young) tienen una amplia experiencia en la contratación con las instituciones estatales. La falta de medios técnicos y recursos humanos, tras los sucesivos recortes en las administraciones públicas, les ha favorecido aún más en la externalización de la gestión y el asesoramiento al Estado. Ahora se han sumado incluso a la coescritura de documentos institucionales, como ha sucedido en los casos del gobierno vasco y PwC y de esta misma consultora y el gobierno español. De hecho, el plan España Puede recoge en sus líneas maestras gran parte de las propuestas elaboradas por PwC y presentadas al Gobierno por la CEOE.

¿Nuevo modelo productivo?

Con las grandes empresas en el diseño de la regulación para gestionar los fondos, en la definición de las principales inversiones y en la mayor parte de los proyectos presentados, no se atisba ningún cambio de modelo. Más bien, se trata de dar un impulso a los nichos de negocio con potencial de crecimiento y beneficios para las compañías que en las últimas décadas han capitaneado la expansión del capitalismo español, esas mismas multinacionales que han protagonizado los procesos de acumulación y concentración de riqueza asociados a la actual crisis socio-ecológica.

En el caso del hidrógeno, por poner un ejemplo, se presenta como la energía alternativa a los combustibles fósiles en el transporte y la industria pesada, cuando se trata de una solución muy cuestionable por su dudosa eficiencia y complejidad tecnológica. Eso sí, aunque no esté nada claro que sea una opción ambientalmente respetuosa, está posibilitando que el oligopolio de las petroleras y las eléctricas se sume al nicho de negocio que ha abierto el “capitalismo verde”. Sin ir más lejos, uno de los PERTE presentados por Catalunya sobre el hidrógeno tiene entre sus promotores privados a Naturgy, Suez, la cementera israelí ICL y la compañía del acero Celsa.

Ampliando el foco a la totalidad de proyectos presentados, puede verse que la apuesta pasa por grandes obras e infraestructuras que requieren cantidades ingentes de materiales y energía. Lo que significa más extractivismo en las zonas donde aún puedan quedar estos recursos no renovables, especialmente en las regiones periféricas y del Sur Global. También más emisiones de gases de efecto invernadero, más desplazamiento de poblaciones indígenas y campesinas, y más violación sistemática de los derechos humanos. En definitiva, profundizar la crisis ecológica y social que vivimos.

Si se pretendiera apostar por una transformación con justicia social y ambiental, habría que disputar el poder de las grandes corporaciones y su control sobre los sectores, servicios y bienes básicos para el sostenimiento de la vida. Desmercantilizar, remunicipalizar, nacionalizar, potenciar la gestión colectiva y público-comunitaria, en esta línea, aparecen como apuestas sociales imprescindibles para cambiar las relaciones de poder.

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