Multinacionales
El gobierno al que no vas a votar en estas elecciones

Otra vorágine electoral. Multitud de mítines, debates y actos para presentar los programas de los partidos políticos y sus promesas para la próxima legislatura en el Parlamento Europeo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Una colección de noticias, declaraciones y tertulias interminables sobre los futuros pactos, acuerdos y concesiones. Toda una representación de la política en la que, sin embargo, no suelen aparecer explícitamente quienes más peso efectivo tienen a la hora de definir el día a día de los gobiernos que se van a elegir. Siempre hay excepciones, como la aparición en campaña del Banco Santander.

Justo el día después de las elecciones generales del 28 de abril, la entidad presidida por Ana Patricia Botín enviaba a sus grandes clientes un informe en el que dejaba claras sus preferencias para la formación de gobierno: “La coalición entre PSOE y Ciudadanos probablemente complacería a los mercados”, decían los analistas del banco. En Brasil, de donde proviene una cuarta parte de los beneficios del Santander, su consejero delegado tampoco tuvo reparos en destacar que la victoria de Bolsonaro en las elecciones presidenciales era un hecho “extraordinariamente positivo” para los mercados financieros. Como muestra de su buena relación, el recién elegido presidente de Brasil nombró presidente del Banco Central a un alto ejecutivo del Santander. Lo ha recordado Pablo Elorduy, haciéndose eco de una expresión del magnate George Soros: “Los mercados votan todos los días”.

Lobby planet

La consolidación y ampliación, en términos políticos, del extraordinario poder económico que han ido acumulando las grandes corporaciones en las últimas décadas se apuntala a través de múltiples mecanismos. Entre ellos, el trabajo de lobby y la promoción de think tanks que se dedican a la construcción y difusión de un relato que legitima socialmente sus objetivos de negocio. De esta forma obtienen del Estado un apoyo político-económico permanente: diplomacia, acción exterior, créditos blandos, políticas de internacionalización, sanciones comerciales, incluso intervenciones militares. Toda una maquinaria que viene engrasada por las “puertas giratorias” entre gobernantes y empresarios, que van intercambiando sus posiciones en el sector público y en el privado mientras subordinan sus decisiones a los intereses de los grandes poderes económicos.

Las “puertas giratorias” son la expresión más evidente de cómo se ha conformado la clase político-empresarial que nos gobierna.

Los mecanismos para readecuar las políticas gubernamentales, gane quien gane las elecciones, a los intereses de las grandes empresas están lejos de ser tan mediáticos como las campañas electorales. Ya el propio término de lobby (en inglés, vestíbulo o pasillo) hace referencia a una actividad que opera en la trastienda de las instancias gubernamentales y parlamentarias. Los think tanks, por su parte, se despliegan a través de un lenguaje técnico-especializado y una supuesta independencia con la que tratan de revestir de “neutralidad” los informes y estudios que producen para validar el rol central de las multinacionales en el sistema económico.

En este marco, las “puertas giratorias” son la expresión más evidente de cómo se ha conformado la clase político-empresarial que nos gobierna. Atendiendo a esta realidad, acaba de publicarse Lobby Planet. Tu guía al turbio mundo del lobby en Bruselas, un informe del Corporate Europe Observatory (CEO) en el que se ofrecen nuevos datos para conocer a los variados actores empresariales que, más allá de las elecciones, van a tratar de seguirnos gobernando. Una guía para introducirse en las calles de Bruselas y Madrid que conforman “ese nebuloso planeta habitado por los lobbies para explicar los métodos, con frecuencia oscuros, que utiliza el cabildeo profesional en el seno de la Unión Europea”.

Este lobby planet está compuesto por más de 25.000 lobistas solo en Bruselas, que trabajan fundamentalmente para las corporaciones transnacionales y manejan un presupuesto anual de 1.500 millones de euros. Unos recursos consustanciales a la asimetría en el nivel de interlocución que tienen las grandes empresas comparado con el que tienen las organizaciones sociales, ecologistas o sindicales. Sin ir más lejos, el sector financiero se gasta más de 120 millones de euros al año en acciones de lobby ante la UE, treinta veces más que todas las ONG y sindicatos juntos.

Entre los lobbies que más invierten en el trabajo mano a mano con las instituciones europeas se encuentra la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. Y es que el sector farmacéutico es uno de los más agresivos para mantener las condiciones que posibiliten el crecimiento de sus beneficios. Por ejemplo, con los “certificados de protección suplementaria” que permiten extender el tiempo del monopolio del precio de los medicamentos, dificultando que puedan ser accesibles para muchos pacientes. Las relaciones del lobby farmacéutico con la Comisión Europea son tan buenas que esta ha contratado a una consultora vinculada a las grandes compañías del sector para hacer un estudio sobre los medicamentos de precio elevado.

Desde sus orígenes, el capitalismo español siempre ha concebido el lobby y las “puertas giratorias” como el elemento central de su forma de operar.

Para poner cara a estas y otras compañías, saber su nombre, dónde se localizan sus sedes corporativas y anticiparse a las regulaciones que quieren controlar, desde hace años CEO viene realizando periódicamente un lobby tour en Bruselas. El próximo, en medio de la campaña para las elecciones europeas, será este jueves 16 de mayo y estará dedicado a conocer las corporaciones que hacen negocio con nuestra salud.

Lobby, versión española

En esta edición de Lobby Planet se incorporan las calles de Madrid, otro “barrio” que concentra numerosos y poderosos grupos de presión empresariales. Sus exclusivos restaurantes y hoteles de cinco estrellas, el palco del Bernabéu y las zonas VIP del Teatro de la Ópera, la plaza de toros de Las Ventas o el Open de Tenis son espacios privilegiados para el encuentro y la confraternización de las élites que dirigen los destinos de este país. Desde sus orígenes, el capitalismo español siempre ha concebido el lobby y las “puertas giratorias” como el elemento central de su forma de operar.

Soraya Sáenz de Santamaría, de la vicepresidencia del gobierno al bufete de abogados Cuatrecasas. Pedro Solbes y Elena Salgado, de las vicepresidencias económicas del gobierno a las eléctricas Enel y Endesa. Josep Piqué, del ministerio de Industria y Energía a Vueling, OHL, Seat y Abengoa. Rodrigo Rato, de exministro y exdirector del Fondo Monetario Internacional a ser contratado por Telefónica y el Santander, tras haber sido imputado por estafa, apropiación indebida, falsedad contable y delito societario. Podríamos citar de carrerilla decenas de nombres de expresidentes del gobierno, exministros y altos cargos empresariales.

Efectivamente, el hecho de que haya gobernantes que nada más dejar el ejecutivo son contratados por grandes corporaciones es percibido negativamente por la mayoría de la opinión pública, que entiende que se trata de un pago por los servicios prestados. No por conocido, sin embargo, ha dejado de operar este mecanismo: grandes bancos, eléctricas, consultoras y despachos de abogados continúan funcionando a la vez como cantera y como retiro dorado de nuestra clase política.

En lo que se refiere a los negocios más boyantes del capitalismo, en realidad, nunca ha existido una separación real entre el ámbito público y el privado.

En cualquier caso, la metáfora de las “puertas giratorias” se queda pequeña para explicar en toda su dimensión el poder político-económico de las corporaciones transnacionales. En lo que se refiere a los negocios más boyantes del capitalismo, en realidad, nunca ha existido una separación real entre el ámbito público y el privado. Ambos espacios siempre han estado interconectados, hasta el punto de que los gobernantes y los ejecutivos de estas empresas forman una única clase político-empresarial con intereses cruzados. Es lo que, en el ciclo 15M-Podemos, se dio en llamar “casta” o “trama”; oligarquía, diríamos en términos más clásicos. Basta recordar, siguiendo el rastro del capitalismo español, la rotación en los consejos de administración de Gas Natural, el Banco Santander, el Canal de Isabel II o las grandes compañías eléctricas.

No se trata de casos aislados sino de una cuestión estructural: los intereses de la clase político-empresarial que nos gobierna son defendidos, en muchas ocasiones por las mismas personas, tanto desde los puestos de responsabilidad en las instancias gubernamentales como desde los consejos de administración de las compañías multinacionales.

Telefónica ha operado como una agencia de colocación para todo tipo de ex altos cargos gubernamentales: del PP, como los exministros Eduardo Zaplana, Manuel Pizarro y Rodrigo Rato; del PSOE, como los también exministros Narcís Serra y Trinidad Jiménez. El Banco Santander, con la cercanía a los sucesivos gobiernos españoles que cultivó el fallecido Emilio Botín y ahora continua su heredera, logró que el poder judicial adoptara la doctrina que lleva su nombre y así evitar que tanto su presidente como otros directivos del banco fueran sancionados por evasión fiscal. Naturgy, Endesa, Iberdrola y Repsol también han desplegado estrategias para tratar de acomodar las políticas y leyes a sus propios intereses, como en el caso del conocido “impuesto al sol”, que ha sido recientemente derogado.

¿Límites al lobby?

El registro de transparencia de la UE se ha presentado como un instrumento para mejorar el escrutinio público del lobby. Y es cierto que se han producido algunos avances, aunque tímidos, en este aspecto: el registro es de carácter voluntario, y como tal no está sometido a controles fehacientes ni sistemáticos, por lo que contiene muchos datos incompletos y poco precisos. Por eso Corporate Europe Observatory, junto con la ONG alemana LobbyControl, ha creado Lobby Facts, un sitio web que ayuda a sortear los datos inútiles y a buscar, filtrar y organizar la información del registro.

En el Estado español, en repetidas ocasiones se ha venido hablando en debates parlamentarios de crear un procedimiento similar. En el año 2013 se llegó a plantear la aprobación de un registro de lobbies por parte del Congreso de los Diputados, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Así, los citados avances en transparencia son apenas unos primeros pasos que podrían permitir un mayor seguimiento público, pero resultan claramente insuficientes para limitar el poder político-económico de las grandes empresas. Como lo es la regulación sobre la incompatibilidad entre el desempeño de cargos públicos y privados en un mismo sector de actividad, que es demasiado laxa tanto en la UE como en el Estado español. De hecho, ni siquiera ha servido para parar el intenso trasiego de “puertas giratorias” que se ha producido en las dos últimas décadas.

La prohibición de la circulación sin obstáculos de altos cargos públicos entre el sector público y el privado, el freno a la coescritura de legislación, limitar la interlocución con los gobiernos a consultas públicas con todos los actores en condiciones de equidad. Son apenas algunas de las muchas propuestas que podrían servir para avanzar en un control democrático de los lobbies empresariales. Pero, con la excepción de algunas candidaturas municipalistas y confluencias de izquierdas que sí apuestan por medidas para confrontar con los grandes poderes económicos, están fuera de la mayoría de los programas y actos electorales que estamos viendo en estos días.