Remunicipalización
La oportunidad para remunicipalizar la gestión del agua en Llerena y Arroyo de la Luz

Los servicios públicos de competencia local, entre los que se incluye el abastecimiento domiciliario de agua potable, se pueden gestionar bien de manera directa (ya sea por el propio ayuntamiento o a través de un organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil local) bien de manera indirecta (lo que se conoce como privatización, que puede ser en forma de concesión mediante licitación pública, gestión interesada, concierto o sociedad mercantil parcialmente municipal).

Los procesos de privatización iniciados principalmente en la década de los 90 en la gestión de numerosos servicios públicos, que en el ámbito municipal afectaron sobre todo al abastecimiento del agua y la recogida y gestión de residuos, tuvieron también su reflejo en Extremadura.

En el caso del agua, la privatización se ha producido en una situación de carencia de información y de ausencia total de participación ciudadana, máxime cuando la larga duración de las concesiones a empresas privadas afecta a varias generaciones. A pesar de que el plazo de duración no debería exceder del tiempo que se calcule como razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, se suele abusar de los plazos que permite la ley, hasta veinticinco años en los contratos de concesión de servicios o cuarenta años cuando comprende la ejecución de obras y la explotación de servicio (50 años antes de la ley del 2017).

LLERENA

En el Pleno del ayuntamiento en la sesión del día 27 de febrero de 2004, se acordó aprobar la prestación del servicio municipal de aguas mediante la forma de gestión indirecta, por concesión, así como los pliegos que regían el concurso, que tras la oportuna tramitación fue adjudicado a la mercantil Aqualia.

El canon de explotación que se establecía en los pliegos abarcaba tres opciones, un fijo mínimo de 200.000 euros, uno variable por anualidades adelantadas y otro fijo correspondiente a las cuatro primeras anualidades y variable por el resto. Y respecto a la duración, ascendía a diez años contados desde el día 1 de julio de 2004 (fecha de la formalización del contrato), pudiendo prorrogarse por un plazo de cinco años.

La privatización de la gestión integral del agua en Llerena finaliza el 1 de julio de 2019 y, a partir de entonces, se abre una oportunidad para recuperar la gestión directa por el ayuntamiento o volver a externalizar el servicio

Una vez agotado el plazo inicial, en el Pleno del ayuntamiento de 26 de marzo de 2014 se acordó prorrogar el contrato cinco años más, con el voto a favor de PSOE y PP y en contra de IU. Según consta en el acta de la sesión plenaria, el concejal de IU, Mena Cabezas, asegura que “las condiciones de explotación del servicio de aguas con esta empresa [Aqualia] le parecen más que mejorables, resultando tardía la respuesta en ocasiones”. Asimismo, le “llama la atención que no se planteen, ni de lejos, la recuperación del mismo para que sea gestionado desde el ayuntamiento y sean posibles unas menores tasas para los ciudadanos”.

Sin embargo, el por entonces Alcalde afirmó “desconocer en qué se basa el concejal de IU para decir que los ciudadanos no están contentos con el servicio, ya que en el ayuntamiento no se ha recibido ninguna reclamación”.

Una vez acordada la prórroga, la privatización de la gestión integral del agua en Llerena a través de Aqualia finaliza el 1 de julio de 2019 y, a partir de entonces, se abre una oportunidad para recuperar la gestión directa por el ayuntamiento o volver a externalizar el servicio.

ARROYO DE LA LUZ

El ayuntamiento de Arroyo de la Luz, con el alcalde del PSOE Santos Jorna al frente, aprobó el día 22 de diciembre de 2003 los pliegos para la adjudicación mediante concurso de la concesión del servicio integral de aguas.

Al igual que con la licitación de Llerena, no se establecieron para valorar las ofertas o como condiciones de ejecución criterios sociales o medioambientales, otorgándose hasta 40 puntos por el canon concesional, un máximo de 15 puntos para la oferta económica y hasta 15 puntos para valorar la solvencia económica y financiera del licitador.

Tras la tramitación de la correspondiente licitación se adjudicó el servicio de aguas a la Unión Temporal de Empresas constituida por AQUAGEST SUR, S.A. y ANLOMA S.L., por el canon de un millón de euros y una tasa de saneamiento de 1,423 euros por abonado y mes.

Al igual que con la licitación de Llerena, no se establecieron para valorar las ofertas o como condiciones de ejecución criterios sociales o medioambientales

En cuanto al canon a pagar por la concesionaria, se establece que “dicho canon será de libre y total disposición por parte del ayuntamiento, en cuanto sea ingresado en las cuentas municipales”. Sobre esta cuestión, interesa destacar el informe del Defensor del Pueblo de Andalucía que señala: “No creemos caer en ninguna extralimitación de nuestras funciones si aprovechamos la oportunidad que nos brinda este informe para advertir del enorme potencial corruptor que presenta la actual regulación de los cánones concesionales y abogamos por una modificación drástica de dicha regulación en relación con el servicio de agua que implique la prohibición total de los mismos, o, de no ser esto posible, al menos que se prohíba el cobro anticipado del canon y se establezca la obligatoriedad de destinar el mismo a la financiación del servicio de agua”.

La gestión por estas empresas en Arroyo no ha estado exenta de polémica. Con fecha 22 de junio del 2009, solicitaron al ayuntamiento una compensación de 701.192,95 euros por la existencia de un desequilibrio económico de la concesión del servicio, petición que el consistorio desestimó y posteriormente también se denegó en vía judicial. Ya en julio de 2015 se detectaron problemas de calidad en el agua.

La concesión del servicio de aguas en Arroyo de la Luz tiene una duración de 15 años y salvo denuncia expresa de alguna de las partes formulada con seis meses de antelación, se establecen hasta dos prórrogas de 5 años de duración. De esto modo, se abre la posibilidad para que en abril de 2019 no se suscriba la correspondiente prórroga y se pueda asumir la gestión directa.

OTROS MUNICIPIOS

Otras localidades de Extremadura cumplirán los plazos marcados en la concesión de la gestión y abastecimiento municipal de agua potable en los próximos años. Así, por ejemplo, en Don Benito gestiona el servicio AQUANEX hasta el 2020, sin posibilidad de prorrogarse. También expira en 2020 en los municipios de Cañaveral, Casar de Cáceres, Peraleda de la Mata, Navas del Madroño y Jarandilla de la Vera, y en el año 2022 en localidades como Plasencia y Jaraíz de la Vera.

BENEFICIOS DE LA REMUNICIPALIZACIÓN

Para asumir la gestión directa de cualquier servicio privatizado se puede hacer bien al finalizar el plazo de la concesión o bien durante la vigencia del contrato mediante el rescate del servicio, ya sea de mutuo acuerdo entre ambas partes, por renuncia de la empresa que lo gestiona o a través de la incoación de expediente sancionador debido a incumplimientos de las condiciones esenciales.

Los beneficios económicos de gestionar de manera directa el servicio integral municipal de agua son evidentes

Aunque todas las opciones descritas son complejas, sin duda, el momento adecuado, a no ser que haya graves incumplimientos por parte de la concesionaria, es al finalizar el plazo de vigencia de la externalización. Si se quiere recuperar la gestión del servicio público tras la expiración del plazo, hay que abrir un expediente de cambio de forma de gestión en lugar de preparar una nueva licitación. Cómo llevar a cabo todo este proceso y la manera de plantear la concreta remunicipalización del servicio de agua al respectivo ayuntamiento, se explica detalladamente en una guía elaborada recientemente por Podemos Extremadura.

Los beneficios económicos de gestionar de manera directa el servicio integral municipal de agua son evidentes, pues ahorra los beneficios industriales (además del impuesto de sociedades), no se aplican comisiones comerciales, no necesita múltiples equipos técnicos, se ahorran los costes de los consejos de administración y del personal de dirección del servicio privatizado. También ahorra los costes de la licitación y posterior seguimiento y control de la concesión, además de estar exento del IVA del servicio de alcantarillado y depuración de aguas, así como de otros impuestos municipales (IBI, IAE...).

Según el Informe de Fiscalización del Sector Público Local del año 2011, realizado por el Tribunal de Cuentas, en los municipios de menos de 20.000 habitantes (el 95% del total de municipios españoles) la gestión pública directa de servicios básicos como el abastecimiento domiciliario de agua potable, la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos tienen un coste menor que la privatización de dichos servicios. Y en cuanto a los municipios de mayor dimensión, el estudio realizado en Andalucía desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada dirigido a municipios de mayor dimensión concluye que las empresas públicas son más eficientes que las privadas en la prestación del servicio.

El estudio realizado en Andalucía desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada dirigido a municipios de mayor dimensión concluye que las empresas públicas son más eficientes que las privadas en la prestación del servicio

Pero además de la reducción del coste y la mayor eficiencia que presenta la gestión pública, hay que añadir los beneficios que se desprenden del sometimiento al control interno y externo en la gestión de los fondos públicos, la labor de control del derecho administrativo y la incorporación de la participación ciudadana. La gestión pública aumenta la transparencia del servicio, asegura el acceso universal a un derecho básico como el agua y evita los cortes por causas económicas, además de incrementar los derechos laborales de las personas asalariadas y apostar por el empleo público de calidad. Por no hablar de que se evitan posibles vías de corrupción y de financiación ilegal de partidos políticos u otros entes a través del canon concesional u otras partidas económicas ligadas a la privatización del agua.

Tras la ola privatizadora, se ha iniciado un proceso de recuperación que asume la gestión municipal del agua potable, siendo uno de los pioneros y referente, allá por el año 2003, el ayuntamiento de Medina Sidonia a través de su propia empresa pública, al que han seguido otros municipios como Valladolid, Lucena o Torrelavega. Se abre, pues, la oportunidad en Extremadura de sumarse a este proceso de recuperación pública del servicio del agua.