Laboral
El piquete que ganó una batalla a la gran empresa

En 2021 resulta muy extraño hablar de un piquete a las puertas de una empresa para informar de una irregularidad laboral, reivindicar los derechos de un trabajador y exigir que estos se cumplan, que el patrón haga lo que debe con respecto a las relaciones laborales. Qué obsoleto. La cultura (política) está a otras cosas, lo que gusta ahora son las tertulias en directo en Twitch y analizar al detalle las consecuencias insondables que se derivan del hecho de que un candidato haya marcado favorito a una publicación en redes sociales, o los 10 segundos de fama, tan instantánea como perecedera, que puede otorgar el menosprecio tuitero, la barbaridad en 280 caracteres dirigida a quien, fuera de los rincones virtuales, pelea por algo.

Pero los piquetes se siguen haciendo. Y, en ocasiones, pueden celebrar victorias. Sucedió el 26 de marzo, cuando una veintena de personas protagonizaron una de esas escenas que parecen desterradas del imaginario político presente. El lugar fue la puerta del restaurante Distrito 798, en la calle Poeta Joan Maragall. Un espacio gastronómico presentado con estas palabras en la página web de la cadena de hoteles Meliá, que anuncia el restaurante como una de las opciones incluidas en el servicio de su hotel Meliá Castilla, en Madrid: “El cliente que llega a Distrito 798 se incorpora a un lugar de aspecto minimalista con un servicio que también responde a cánones de mestizaje entre Asia, América y Europa, esmerado en los detalles y de respetuosa y próxima atención”.

Los clientes que aquella tarde noche se acercaron al restaurante a partir de las 20:00 encontraron a un grupo de personas con mascarillas, una pancarta y un megáfono. Denunciaban el trato de la empresa a uno de los trabajadores de su cocina, que había sido despedido tras sufrir un accidente con uno de los productos tóxicos empleados para la limpieza. El piquete exigía la indemnización correspondiente por despido improcedente y también criticaba, con dureza e ingenio, las condiciones en las que el trabajador había sido empleado: sin contrato y sin alta en la Seguridad Social.

Si el miedo a las represalias es lo que atenaza y merma la capacidad del trabajador para exigir lo que es suyo, el miedo a que la miseria se haga pública es lo que hace que la empresa pueda dignarse a tratar a sus empleados como obliga la legislación

Durante la hora que duró el piquete, el encargado del restaurante llamó hasta en tres ocasiones al abogado que presentó la denuncia en nombre del trabajador despedido en los juzgados de lo laboral de la Plaza de los Cubos. Había que acabar con ese escándalo, tenían que actuar con humanidad. Cabe pensar que el letrado podría haberle recordado la escasa humanidad con la que la empresa actuó ante el accidente, en el despido. Pero quedó claro que el ruido sigue siendo la mejor estrategia de los trabajadores para sentar a una mesa a quienes les explotan. Si el miedo a las represalias es lo que atenaza y merma la capacidad del trabajador para exigir lo que es suyo, el miedo a que la miseria se haga pública es lo que hace que la empresa pueda dignarse a tratar a sus empleados como obliga la legislación.

Convocada por el grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel (APC), donde el trabajador había acudido para tratar de encontrar una solución a su caso, la acción ha terminado con “final feliz”, según el comunicado que la APC publicó el 18 de abril: “La empresa finalmente cedió a nuestra presión, y comenzaron unas negociaciones, que han dado lugar a un acuerdo entre Jesús y el restaurante. Ha recibido una indemnización por los daños causados, que se corresponde con la cantidad que solicitaba en su demanda”.

Antes del piquete, el trabajador demandó a la empresa e intentó negociar un acuerdo, sin éxito. Incluso, según el comunicado, la empresa comenzó a realizar prácticas “amenazantes”, como “enviar a dos personas a su casa a las 23:00 horas para amenazarle por haber demandado y posteriormente ofrecerle 300 euros a cambio de retirar la demanda y callarse, una cantidad muy por debajo de la que le correspondía”.

La APC celebra la resolución del caso y entiende que esta se debe “a la movilización de nuestro compañero y nuestro barrio porque ninguna agresión por parte de las empresas debe quedar sin respuesta”.