Huelga general
La Fiscalía pide 18 años de cárcel para tres jóvenes de Iruñea por participar en la huelga general de 2020

Miembros y simpatizantes de distintos colectivos de Iruñea se han reagrupado para denunciar conjuntamente que tres jóvenes tienen un proceso judicial abierto por participar en la última huelga general que se ha celebrado en Euskal Herria, hace ya tres años, durante la jornada del 30 de enero. En una rueda de prensa en la librería Katakrak han dado a conocer su descontento con la solicitud de la Fiscalía: 18 años de cárcel.

Las peticiones de cárcel guardan relación con los sucesos que tuvieron lugar en los piquetes convocados la tarde de aquel 30 de enero por el movimiento de pensionistas y la asociación Eskubide Sozialen Karta. En aquellas movilizaciones, unas 140.000 personas se echaron a las calles. Hasta 150 piquetes tuvieron lugar. Al menos 34 personas fueron multadas por la vía de la Ley Mordaza.

Éxito en la huelga general de pensionistas

Gessamí Forner

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Huelga general

Éxito en la huelga general de pensionistas

Gessamí Forner

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Por unas pensiones, trabajo y vida dignas. Ese fue el lema que movilizó, por primera vez desde hace muchos años, a miles de personas a secundar una huelga general en Euskal Herria. El paro incidió en todos los ámbitos: empresas (30%), educación (65%), universidad (90%), ayuntamientos, medios de comunicación y ferrocarril.

Tal y como han denunciado los convocantes de la rueda de prensa, tras unos momentos de tensión debido al intento de bloqueo del centro comercial de La Morea, efectivos de la Guardia Civil se bajaron de sus furgonetas para efectuar nueve detenciones. A estas detenciones se les deben además sumar otras cinco que tuvieron lugar durante esa misma mañana. Varios días después, ya el 13 de febrero, otras tres personas fueron detenidas. 

Tras unos momentos de tensión debido al intento de bloqueo del centro comercial de La Morea, efectivos de la Guardia Civil se bajaron de sus furgonetas para efectuar nueve detenciones. Tres años después, los jóvenes se enfrentan a 18 años de prisión

Además de denunciar las desproporcionadas penas a las que se enfrentan, ya que es la pena máxima por este tipo de delito, los jóvenes han señalado la inexistencia de pruebas existentes en su contra, aduciendo que se trata de un montaje político y una medida policial represiva. Han informado que este es un recurso cada vez más utilizado por parte de la policía: la acusación de “atentado o agresión a la autoridad”, tendría el único fin, según los denunciantes, de perseguir la movilización y la organización sindical y política.

En total son tres causas las que se encuentran abiertas en este momento, dos en expedientes de la Guardia Civil y una en manos de la Policía Foral de Navarra. Los convocantes han extendido la invitación a participar en una concentración en solidaridad con los encausados frente a la Audiencia de Navarra el próximo 3 de julio, fecha en la que está previsto el juicio.