Fronteras
De Catalunya a Alemania: Europa pretende elegir a sus migrantes mientras blinda sus fronteras

En los últimos días de enero, un trending topic surgía en la red social X con recurrencia. Las palabras “Nos están invadiendo” remitían a numerosas cuentas de extrema derecha que difundían imágenes de hombres no blancos en gran número: embarcaciones en las que se hacinaban hombres negros, personas llegadas a las Islas Canarias, otras a la espera de que se tramitara su solicitud de asilo en el aeropuerto de Barajas… Así, en las redes se explicitaba un imaginario que cada vez alimenta más las políticas migratorias: desde los discursos a los marcos normativos.

El pasado septiembre, en plenas negociaciones de la reforma migratoria prometida por Emmanuel Macron, una encuesta mostraba que más de siete de cada diez franceses consideran que llegaba demasiada migración al país. Pocas semanas después, el cancíller alemán, Olaf Scholz, afirmaba que había demasiadas personas refugiadas en Alemania. Las declaraciones precedían a un endurecimiento de la legislación de asilo, dando un giro a la política facilitadora avalada por la canciller Angela Merkel en 2015 ante la llamada “crisis de refugiados”. Durante aquella se experimentó un incremento de la llegada de personas solicitantes de asilo como resultado, principalmente, de la guerra en Siria. 

A lo largo de esos años, como señalaba el nada revolucionario Financial Times en un artículo publicado el 20 de diciembre en el que analizaba cómo la alarma sobre la migración ha ido escorando a Europa hacia la derecha, se empezó a difundir el discurso de que la migración era una amenaza fuera de control. En este marco, el escoramiento a posturas aún más radicales de los partidos de la derecha tradicional, con el fin de disputar electorado a la extrema derecha, se ha saldado en más ocasiones con la pérdida de votos en favor de estos grupos más ultraderechistas.

El medio pone como ejemplo al neerlandés Mark Rutte, que disolvió la coalición con la que gobernaba los Países Bajos por la negativa de sus aliados de apoyar el endurecimiento de políticas migratorias y de asilo. Rutte, líder del Partido Popular por la Libertad, quería dificultar la reagrupación familiar de personas refugiadas de guerra. Ya en 2021 dimitía el ejecutivo liderado por el propio Rutte, tras acusar falsamente a miles de personas migrantes de beneficiarse fraudulentamente de ayudas sociales. En las elecciones que se convocaron en noviembre, las tesis restrictivas de Rutte perdieron ante el candidato de la extrema derecha, Weert Wilders, conocido por propuestas como la prohibición de las mezquitas y del Corán (iniciativas a las que tuvo que renunciar a principios de año). 

Competencias para expulsar

El discurso del descontrol de las migraciones no es exclusivo ni de las derechas ni de Europa. El propio líder del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, afirmaba en una revista en el medio digital El Nacional.cat hace una semana: “Aquí, a Europa, no puede venir todo el mundo: tenemos que regular la inmigración, acoger e integrar”. Si bien en la entrevista hacía énfasis en la necesidad de integrar y en que la inmigración no ponía en riesgo la identidad catalana, Illa, recalcando la necesidad de regular —como si no existiera ya una regulación restrictiva de la entrada de personas extranjeras— se sumaba a este marco de “descontrol”, tan útil a los discursos xenófobos.

El titular de Illa se enmarcaba en el debate sobre políticas migratorias que ha protagonizado durante el pasado mes las negociaciones entre Junts y el PSOE para transferir las competencias en este ámbito a Catalunya. Mientras JxCAT reclamaba todas las políticas migratorias, desde el PSOE se ha insistido en que hay algunas que pertenecen al Estado y no pueden ser cedidas, como es el control de fronteras y las expulsiones de personas migrantes. Justamente, es en base a la posibilidad de acometer expulsiones que Junts ha sustentado parte de su discurso migratorio en los últimos meses.

Mientras Junts ha sido señalado por abonar las tesis xenófobas que ligan migración y delincuencia por parte de varias formaciones políticas, desde Vox se le ha acusado de plagio

Y es que, a la derecha del partido nacionalista, Silvia Orriols, de Aliança Catalana, está disputando el voto de quienes consideran que las personas migrantes en situación irregular deben ser expulsadas. La alcaldesa de Ripoll, en este sentido, celebraba el pasado verano la detención y posterior expulsión de una persona que dormía en las calles del municipio como un triunfo. Meses después, varios alcaldes del Maresme pertenecientes a JxCat demandaban en una carta conjunta la expulsión de personas migrantes multirreincidentes, obteniendo el apoyo de la dirección del partido.

Mientras la formación liderada por Puigdemont ha sido señalada por abonar las tesis xenófobas que ligan migración y delincuencia por parte de varias formaciones políticas, desde Vox se les ha acusado de plagio. Ignacio Garriga, líder del partido ultraderechista en Catalunya, ya reclamaba en diciembre que su formación demandaba la expulsión de migrantes desde antes.

Frente a las narrativas que relacionan multirreincidencia y migraciones, el Govern ha publicado datos que no muestran una especial relación entre estas dos variables. La multirreincidencia entre personas migrantes sería de 22,2%, ligeramente por encima del 20,4% entre locales. Así, mientras desde ERC se denuncian los discursos que culpan de la inseguridad a la migración, el líder de  Los Comuns, Joan Mena, ha pedido a Junts que se deje de “mensajes racistas”.

A espera de que se apruebe la ley orgánica en la que se regule el traspaso de competencias —el gobierno ya declaraba el 15 de enero que es el Estado el responsable tanto del control de fronteras como de las expulsiones— el líder de Junts, Josep Turull, ha querido negar diversas veces que su partido relacione delincuencia y migración, o que se haya sumado al discurso racista en torno a la multirreincidencia, al tiempo que ha demandado una política migratoria catalana porque “nos jugamos la nación”. En una entrevista con TV3, el secretario general insistía en que, según se habría negociado con el PSOE, “todas las competencias que sean posibles, y todas han de ser posibles, serán delegadas”.

Tenga o no éxito, el hecho de que un partido conservador asuma la agenda política de la extrema derecha, no es algo exclusivo de Junts, del mismo modo que el pasado diciembre Vox reclamaba la autoría política de las medidas sobre expulsiones automáticas defendidas por los alcaldes de Junts, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, recibía el texto de la Ley de migración promovida por su rival Emmanuel Macron como una victoria ideológica propia.

Una ley de migración inconstitucional

El triunfalismo de la diputada de la Asamblea Nacional y líder veterana de la extrema derecha francesa,tenía fundamento. La ley de migración francesa, que era una de las promesas electorales de Macron en las elecciones de mayo de 2022, incorporaba muchas de las propuestas de la derecha mientras había ocasionado un cisma dentro del partido del presidente.

Un año y medio llevó a Macron sacar adelante un texto que finalmente contenía un endurecimiento del acceso a ayudas y a la reagrupación familiar o el restablecimiento del delito de migración irregular. Además, por primera vez, se incluían cuotas para las personas migrantes o una fianza sujeta al retorno para aquellos extranjeros que acuden al país para estudiar. El texto también dificultaba el acceso a la nacionalidad y facilitaba la expulsión de migrantes que quedan en situación irregular.

El pasado 19 de enero el Consejo Constitucional rechazaba más de un tercio de las medidas propuestas en la ley. Se trata de 35 de los 45 artículos señalados por los partidos de izquierdas, muchos de ellos correspondientes a enmiendas introducidas por la extrema derecha en el paso de la propuesta original por el Senado. El texto había sido rechazado ampliamente también por las organizaciones de la sociedad civil, que recordaban que negar el acceso a las ayudas sociales condenaría a miles de personas a la pobreza.

La ley, que será promulgada en breve con los artículos que han pasado el filtro del Consejo Constitucional —entre los que pervive la agilización de las expulsiones—, entrañaba una clara división entre las personas migrantes con trabajo y las que se encuentran en situación de desempleo, dificultando todo acceso a ayudas para estas últimas, mientras perseguía facilitar la regularización para los trabajadores de ámbitos laborales en tensión. Finalmente, la agilización para la regularización en este caso, dista mucho de las ambiciones iniciales, y restringe esa posibilidad a situaciones excepcionales.

En este sentido, trabajadores “sin papeles” afiliados a la CGT se declaraban en huelga el pasado otoño para reclamar la regularización. Desde la central sindical recordaban que son unos 900.000 los trabajadores no regularizados que aportan a la economía francesa. Sin la mano de obra migrante, ámbitos como la construcción, los cuidados, la ayuda a domicilio y la hostelería no subsistirían, afirman. La Ley, tal y como ha quedado, queda lejos de satisfacer sus reclamos.

Según recogía una encuesta realizada a escala europea, el 72% de los empresarios consideran las migraciones como beneficiosa para su país (frente a un 41% de la población en general)

Y eso que en muchos casos son los propios empresarios quienes presionan por la agilización de la regularización de estos trabajadores, que ejercen puestos de trabajo de baja salarización que no consiguen cubrirse con la mano de obra nativa. Según recogía una encuesta realizada a escala europea, el 72% de los empresarios consideran las migraciones como beneficiosa para su país (frente a un 41% de la población en general).

Así, junto a la retórica de endurecimiento del acceso a ayudas, o las amenazas de expulsión, las migraciones se valoran como mano de obra necesaria —retomando lo que ya sucedió en varios países europeos como Italia o la misma Francia, durante la pandemia, cuando se ofreció la regularización a “trabajadores” esenciales como las personas dedicadas a los cuidados o al trabajo agrícola—  en países de población envejecida.

Cabe recoger esfuerzos en este sentido también en España, con la reforma del reglamento de la ley de extranjería de Jose Luis Escrivá, que planteaba facilitar mediante el contrato en origen la llegada de personas migrantes para cubrir puestos de trabajo de difícil cobertura. Así, mientras se endurecen los criterios de entrada a las personas que deciden venir a Europa en un contexto de movilidad humana en continuo ascenso fruto de la guerras, crisis económicas y cambio climático, Europa quiere elegir a sus propias personas migrantes en base a sus necesidades laborales.

Alemania abre la mano a personal cualificado

Berlín implementaba el pasado noviembre un marco normativo similar al de países como Canadá o Australia, a la hora de facilitar la llegada de personal cualificado. Se trata de una migración a la carta, en la que se capta profesionales necesarios provenientes de países terceros para poder mantener la economía del país, que exige de mano de obra con formación.

Al discurso favorable a este migración “buena y necesaria”, le acompaña un auge de los mensajes contra la migración no deseada, con una extrema derecha en ascenso que apoya medidas contra la población de origen migrante a la que se relaciona con la delincuencia o con el terrorismo. Así, el gobierno anunciaba también en noviembre el endurecimiento de las políticas de asilo, reduciendo las ayudas concedidas a las personas solicitantes de asilo, alargando el tiempo de espera para obtenerlas y agilizando las deportaciones. La ministra de interior del país, la socialdemócrata Nancy Faeser, unía por otro lado refugio y terrorismo —según los parámetros alemanes—, anunciando que deportaría a todo refugiado que apoyase a Hamás.

El supuestamente progresista gobierno tricolor, recordando las palabras ya citadas de su Cancíller sobre el exceso de migrantes, no se aleja mucho discursivamente del de la italiana Giorgia Meloni, una de las más activas en empujar la externalización de la gestión migratoria normalizada en el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA). Ya en su momento fue la principal promotora de un acuerdo con Túnez en la misma época que salían a la luz las vulneraciones de derechos humanos contra las personas migrantes en este país.

Meloni también es la impulsora de un nuevo tipo de externalización dentro de Europa con los dos centros de identificación y detención que ha creado en Albania, en una estrategia avalada posteriormente en el PEMA, que pretende retener a los solicitantes de asilo mientras se solucionan sus expedientes fuera de territorio europeo, para que puedan ser deportados también con más agilidad. El discurso de Meloni sobre la crisis migratoria ha contribuido a afianzar también uno de los bloques del PEMA que permite suspender derechos de las personas migrantes ante marcos de “instrumentalización” de los flujos por parte de terceros países, o de llegada calificadas como masivas.

Así, la Unión Europea avanza en un modelo que pone infinitas barreras a quienes acuden a su territorio expulsados por la violencia o la falta de posibilidades en sus lugares de origen, al tiempo que elige a los trabajadores que necesita para mantener su primacía económica. Mientras, el PEMA se negocia a toda prisa, con el fin de llegar antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio, en las que se espera que la extrema derecha amplíe su presencia.