Coronavirus
Un brote en una residencia deja once fallecidos: “Si aún así vacunaron, la imprudencia ha sido terrorífica”

La residencia privada Vigor de Becerril de la Sierra ha protagonizado el último incidente en lo que a un brote de coronavirus en un centro de estas características se refiere. Los números recuerdan a lo sucedido en la primera ola del virus, de la que se cumple ya casi un año: 11 residentes fallecidos y un total de 65 positivos, de los cuales 48 eran de usuarios y 17 de trabajadores.

En un primer momento tuvieron que ingresar a cuatro ancianos en el Hospital de Villalba, pero a día de hoy todos se han recuperado. Las dudas sobrevuelan lo sucedido, pues tal y como afirmó Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, los primeros casos se dieron el 7 de enero, pero no fue hasta el día 17 cuando Salud Pública tuvo noticia de estos.

Según fuentes de la Consejería de Sanidad, el proceso de vacunación en el centro se inició antes del día 17, pero no determinan si se administró la vacuna entre el día en que se conocen los primeros positivos por coronavirus y la dirección de la residencia da la alarma, diez días después. Se trata de una cuestión crucial, pues para que las dosis tengan efecto la persona que las recibe no debe estar contagiada.

“Si había un brote y se ha vacunado, la imprudencia ha sido terrorífica, porque se ha convertido en una tragedia”, dice Vázquez

Desde la Plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias (Pladigmare) han denunciado los hechos ante la Fiscalía. “Entendemos que se han podido producir actuaciones en la residencia que pueden haber incurrido en los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública, tanto por parte de la Dirección de la misma, como por parte de las Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”, informan. Además, extienden su denuncia ante una posible denegación de auxilio por parte de las consejerías mencionadas.

Aunque la Consejería de Sanidad ha asegurado a El Salto que abrió una revisión de lo sucedido en cuanto tuvo noticia de los hechos, pasados los días aún no disponen de las conclusiones. “Los protocolos son claros. En el momento que hay un positivo en una residencia ya se considera brote y tienes que comunicarlo a Atención Primaria, el hospital de referencia o al Summa si es fin de semana”, comenta Miguel Vázquez, el presidente de Pladigmare. Desde la Plataforma agregan que “se tendría que haber puesto en marcha el plan de contingencia, además de que tendría que haber sido revisado por las autoridades sanitarias”. Por su parte, la Residencia Vigor no quiere hacer declaraciones al respecto.

La responsabilidad de la directora

“Si había un brote y se ha vacunado, la imprudencia ha sido terrorífica, porque se ha convertido en una tragedia”, dice Vázquez recordando los 11 ancianos fallecidos. Para el presidente de Pladigmare todo se resume en que, o bien hubo un fallo y no se comunicó el brote a tiempo, o bien no se siguieron los protocolos establecidos y se continuó con la vacunación. Así pues, el propio Vázquez menciona a la posible responsabilidad de la directora de la Residencia Vigor en los fallecimientos: “Si ella sabía que no se podía vacunar en medio de un brote y lo hizo, la responsabilidad es ingente. Si, por el contrario, lo desconocía, ya me dirás tú a mí en manos de quién están los residentes”.

Desde Pladigmare lo único que buscan es que se aclare lo sucedido: “Si la directora no dijo nada el mismo día 7, cuando se dan los primeros positivos, la Consejería lo podrá probar, y si realmente lo dijo y es Salud Pública quién miente, será ella quien lo tenga que demostrar, porque esas comunicaciones se hacen por escrito”, en los términos de Vázquez. La Plataforma también se queja de la opacidad que se da desde la Administración, pese a que han conseguido algunos datos dirigiéndose a Francisco Javier Martínez Peromingo, el director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid.

Trabajadores y residentes que no se quieren vacunar

Querían saber qué fecha manejan para dar por terminado el periodo de vacunación en las residencias y qué ocurriría con aquellos trabajadores que se negaran a vacunarse, al igual que qué pasaría con los residentes cuyos familiares se negaran a aprobar la administración de las dosis. Tal y como dice Vázquez, Peromingo les informó de que desde la Dirección General del Mayor y la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria mantuvieron varias reuniones con las patronales y realizaron un documento para tratar de eliminar dudas y recomendar a las plantillas de los centros que se vacunasen.

“A pesar de la anterior recomendación, la participación en el proceso de vacunación es enteramente voluntaria, por lo que, en el caso de los trabajadores que se nieguen, la recomendación es evitar el contacto directo con los residentes”, informa Vázquez.

Para los casos en los que la persona que ostente la representación legal del usuario se niegue a su vacunación, Peromingo les dijo que han instado a los centros a que debe ponerse esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial competente a los efectos de su sometimiento a la autorización judicial preceptiva.

Por otra parte, estiman que el 20 de febrero se encontrarán vacunados todos los usuarios de las residencias madrileñas, “exceptuando algunas en las que potencialmente pueda demorarse el proceso por presentar un brote”, puntualizan. Asimismo, confirman que la única vacuna utilizada para los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid es la de Pfizer.

Sin explicaciones de lo sucedido

Vázquez retoma la cuestión que concierne a la Residencia Vigor de Becerril de la Sierra, pues no se explica lo sucedido: “Se trata de un centro que no había tenido ningún caso de covid hasta el 22 de octubre, es decir, que pasó toda la primera ola sin contagios. Si lo hicieron tan bien en la primera ola, ¿qué ha pasado ahora? Desde luego, alguien se ha tenido que equivocar y el resultado han sido 11 muertos más”.

Desde su punto de vista, que esto suceda en una residencia de gestión pública es mucho más complicado debido al control que hay en ellas. “En la Comunidad de Madrid el 92% de las residencias son privadas. Con un cuerpo de inspectores que no debe ser muy grande, tan solo nos podemos enterar de los planes de contingencia que han elaborado los centros, que deberían estar a disposición de las autoridades en caso de necesidad, cuando suceden desgracias como esta”, concluye el presidente de Pladigmare.