Contaminación
Contaminación en Andalucía: cuando respirar duele

El 35,16% de la superficie de Andalucía está en riesgo grave o muy grave de desertificación y, al mismo tiempo, es la comunidad con mayor superficie de costa artificial (36%). “El entorno natural es una de las principales víctimas de la crisis y la ciudadanía, quien sufre las consecuencias”, señala el informe Radiografía social del medioambiente en España (Greenpeace, 2015). Los siguientes son algunos ejemplos de la larga lista de casos de destrucción medioambiental y contaminación que afectan a Andalucía.

Tiroiditis en Huelva

Predominantemente agrícola y minera hasta mediados del siglo XX, la actividad económica de Huelva comenzó a apoyarse en la industria química a partir de 1964 con la inauguración del Polo Químico de Promoción y Desarrollo. El propio Francisco Franco viajó en 1967 hasta el territorio onubense para inaugurar la cementera de Niebla —propiedad de Cementos del Sur—, la planta de fertilizantes de Fertiberia y la fábrica de sulfúrico de la compañía española Minas de Riotinto, entre otras. Comenzaba así la última industrialización de Huelva.

Cincuenta años después, el conjunto de empresas que aún pervive, bajo las siglas de la Patronal AIQBE, solo proporciona una pequeña parte del empleo que generaba años atrás. La contaminación ambiental del aire, de la tierra y de las aguas derivada de los diferentes procesos químicos, y el negligente cuidado de los residuos generados en toda la provincia se han sumado a la incorporación a la cadena trófica de los tóxicos presentes en la pesca, la agricultura y la ganadería.

Años de silencio han dibujado una Huelva enferma, que lucha por la recuperación con la rémora perpetua de la complicidad entre política e industria. Ni las propuestas de reconversión de colectivos sociales como Mesa de la Ría, ni las continuas denuncias de asociaciones ecologistas, ni las propias evidencias científicas que alertan de los peligros de la contaminación en la provincia han generado el debate que buena parte de la sociedad onubense reclama desde hace décadas. 

La connivencia de las instituciones públicas con las grandes industrias, además de cronificar el problema de la contaminación en Huelva, ha permitido ocultar problemas sociales relacionados con la actividad industrial desmesurada, como la tiroiditis atípica de Huelva. 

En 1995 se diagnosticó una epidemia de tiroiditis autoinmune en 672 de las 725 mujeres en edad reproductiva que acudieron a un centro médico de la capital presentando alteraciones anómalas. Entre los síntomas, un agrandamiento muy doloroso de la glándula tiroidea y un aumento sustancial del número de anticuerpos. El doctor Francisco López Rueda, endocrino de amplio prestigio encargado de tratar y estudiar los casos hasta la actualidad, relacionó la epidemia con los Policlorobifenilos (PCBs) empleados por la industria del Polo Químico de Huelva. Sin embargo, no encontró el apoyo de la Administración para continuar sus investigaciones, que sí fueron posteriormente publicadas por la prestigiosa revista Endocrine Society estadounidense.

Trinidad, onubense de 52 años, paciente del doctor López Rueda desde hace años, señala que el desencadenante fue la caída del cabello: “Acudí al dermatólogo y me hizo una analítica completa. Al comprobar los resultados, le llamó mucho la atención la cifra de anticuerpos tiroideos, que superaba 300 veces las normales. Me remitió al doctor López Rueda, y él fue quien me confirmó que tenía tiroiditis, que era una enfermedad que se daba mucho en Huelva por la contaminación de las fábricas”. Le recomendó guardar absolutamente todos los informes “para ir a la Fiscalía”. Sin embargo, con el paso del tiempo, López Rueda cambió su discurso: “Me vino a decir que le habían hecho la vida imposible, le habían hackeado el ordenador e incluso le habían amenazado de muerte”, explica Trinidad. Aún hoy sigue acudiendo a su consulta, pero no han vuelto a hablar de informes ni demandas. En Huelva, el miedo al debate político y social definitivo parece no ser trivial.

Desde su sillón, con manos nerviosas y sonrisa cariñosa, Trinidad nos habla de la elevada incidencia del cáncer en la provincia, de la radioactividad de la balsa de fosfoyesos de Fertiberia y de cómo han recibido insultos de otros vecinos por manifestarse por su salud. También del futuro que querría para su ciudad. Como muchos otros, apuesta por una reconversión de la ría, que genere empleo, por supuesto, pero no a costa de la vida.

Campo de Gibraltar

“Nos están matando, pero seguimos vivos”, gritaba la presidenta de la organización ecologista Verdemar, Raquel Ñeco, el pasado 28 de febrero en la manifestación comarcal en Algeciras (Cádiz) bajo el lema “Respirar duele”. Pese a que la salud es un tema que preocupa a los campogibraltareños, la movilización sumó a poco más de un millar de personas en una comarca de 250.000. ¿La razón? Los ciudadanos se ven en la tesitura de elegir entre empleo insuficiente o salud deficiente.

Elección difícil. En una zona con récord de paro en España, la actividad industrial y portuaria genera 16.922 puestos de trabajo, según datos de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), el lobby en torno al que se agrupan Cepsa, Acerinox, Viesgo o Endesa, entre otras. De ellos, 4.339 son empleos directos.

Una tesitura de resignación que sirve para que las peticiones de moratoria industrial caigan en saco roto. La Junta de Andalucía insiste en sus mensajes de calma que desvinculan a las industrias del problema de cáncer de la zona. Tras la protesta del 28 de febrero, la Junta aseguró que los índices de cáncer son similares a la media nacional y, previamente, que el antorchazo —nombre popular dado a una emisión masiva de gases— del pasado 29 de enero no supuso una incidencia grave al no superar los parámetros exigidos. El tabaquismo es el permanente chivo expiatorio del Gobierno andaluz. Un discurso tildado de “absoluto disparate” por el diputado de Equo Juan López de Uralde. Alfredo Valencia, de Verdemar, considera que esta idea “culpabiliza al gaseado, al ciudadano”. Y que estos estudios carecen de credibilidad ante las elevadas cifras de niños con problemas respiratorios.

Trinidad nos habla de la elevada incidencia del cáncer en Huelva y de cómo han recibido insultos de otros vecinos por manifestarse

Lo cierto es que el respaldo de los poderes públicos a las industrias de la comarca es notorio. La AGI presentaba sus últimos resultados de la mano del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios. La mano derecha de Susana Díaz habló entonces de “complicidad entre la Administración y las empresas”. También arroparon al lobby industrial en dicho acto el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

Sin embargo, pese a la complicidad entre política e industria, la sociedad civil no se ha rendido. Las constantes quejas obligaron en 2013 al Defensor del Pueblo Andaluz a encargar un dictamen a la Sociedad Española de Epidemiología. Un estudio ambiguo que no da la razón ni a ecologistas ni a industrias. El informe asegura que “con la información disponible no es posible establecer una relación causa-efecto entre un contaminante atmosférico concreto y la mayor mortalidad de la población en el Campo de Gibraltar”. Sin embargo, no zanja el debate: “Es razonable pensar que la contaminación atmosférica ha contribuido a aumentar el riesgo de morir de esta población en las últimas décadas”.

La Vega de Granada

Cuando se piensa en Granada y en su patrimonio natural inmediatamente aparece la imagen de la imponente Sierra Nevada. Sin embargo, Granada tiene su pulmón más cerca, concretamente en su periferia. Este pulmón es la Vega de Granada. Se trata de 150 km2 de terrenos próximos a los diferentes ríos que transitan o rodean la ciudad, cuyo suelo se caracteriza por tener una excelente fertilidad, fácil acceso al agua y escasa pendiente. La consecuencia negativa de esto es que también es un espacio muy codiciado para la implantación de industrias y como lugar de paso de las distintas vías de comunicación que rodean la ciudad. Por otra parte, la expansión urbanística de la ciudad ha aumentado enormemente la presión sobre la Vega,donde se ha perdido ya un 40% del territorio en los últimos 40 años.

Otras dos grandes amenazas están ya afectando de forma importante a la zona: la segunda circunvalación de Granada y la autovía a Pinos Puente (GR43). En cuanto a la segunda circunvalación, prácticamente paralela a la carretera de Madrid, divide en dos a la Vega en un sentido norte-sur, mientras que la GR43 lo hace en sentido este-oeste. Ambas infraestructuras afectan directamente a las zonas protegidas. Además, su trazado genera pequeñas parcelas de terreno, que ya no serían aptas para el cultivo dada su poca extensión y que, en palabras de los integrantes de Salvemos la Vega, “se verían sometidas a una elevada tensión” por el incremento de la presión urbanística.

Además, la propia construcción de las infraestructuras viarias se está realizando sin respetar las centenarias acequias de riego que todavía hoy sirven para canalizar el agua hacia las distintas parcelas de la zona. Por ejemplo, tal y como aparece en el Manifiesto por la Vega de Pinos Puente, en vez de construir la carretera sobre pilares, se están construyendo terraplenes que cortan directamente las acequias, modificando su curso e impidiendo que el agua llegue hasta algunas de las parcelas.

La destrucción de la Vega de Granada supone eliminar lo más básico, la tierra y un entorno de gran valor ambiental. Por otra parte, la destrucción de las centenarias acequias supone dañar de forma irreversible un patrimonio arquitectónico y arqueológico de valor incalculable. Por ello, estas plataformas ciudadanas reclaman que tanto el trazado como la forma en la que se ejecutan las obras sean redefinidos con el fin de mantener el complicado equilibrio entre la preservación del entorno ambiental y las necesidades de una sociedad cada vez más desconectada del ámbito rural.

Cementera en Córdoba

Un informe del Centro Nacional de Epidemiología de 2014, que estudió un millón de muertes por cáncer en España entre 1989 y 2008, demostraba que el “código postal” era tan determinante en estas enfermedades como el “código genético”. Entre los factores que influyen, el informe resaltaba el de vivir cerca de cementeras, donde el riesgo de morir por cáncer colorrectal es un 10% mayor, y un 9% en el caso del estómago. Según investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, aquellas personas que viven en un radio de 5 km de incineradoras aumentan estadísticamente el riesgo de padecer cánceres hasta un 84%.

La cementera Cosmos, del grupo brasileño Votorantim, se instaló en Córdoba en los años 30 en lo que entonces eran las afueras. Hoy se encuentra dentro de la ciudad y afecta a todo su aire. En 2007, Cosmos solicitó ampliar su actividad para “valorizar”, cosa que se evitó gracias a la presión ciudadana a través de la Plataforma Córdoba Aire Limpio, aunque recientemente ha vuelto a la carga.

Para conseguir sus objetivos empresariales, Cosmos no solo obvia los factores dañinos para la salud científicamente comprobados, sino que amenaza a la ciudadanía cordobesa con la pérdida de los escasos 35 puestos de trabajo que quedan en la fábrica, debido a ERE, despidos y a amortizar las bajas de los 400 empleados que llegaron a ser. La situación que plantea Cosmos tiene, sin embargo, el “aroma” a seguir manteniendo o aumentando beneficios a costa de puestos de trabajo o la propia salud de las personas.

La sociedad cordobesa tiene el dolor del paro instalado en sus familias, al que se suma la presión ejercida por la empresa y por la representación sindical de CC OO y UGT para que se mantengan los puestos de trabajo en Cosmos a costa de la salud de más de 300.000 personas. Sobre todo cuando la incineración supone la pérdida de empleos en tratamientos alternativos basados en la jerarquía del tratamiento de residuos, que prima la reducción de la generación de residuos, y, una vez generados, buscar su reutilización, reciclaje, recuperación y, en último lugar, eliminación, que es lo que Cosmos quiere hacer en primer lugar.

El expolio del medioambiente andaluz no solo está dañando la salud pública, con la permisividad de las instituciones, sino que derrama cemento sobre las semillas de otros posibles modelos de desarrollo económico de una tierra azotada por el paro.