Derecho a la vivienda
Vivir en las afueras del derecho a la vivienda

La exclusión residencial afecta a 4,5 millones de personas en España. Las organizaciones llaman la atención sobre la dificultad para acceder a una vivienda mientras trabajan para que la administración asuma el enfoque Housing first para abordar el sinhogarismo.
Anuncio Inmobiliaria Tetuan
Una anuncio de una inmobiliaria en una calle del barrio de Tetuán, Madrid. David F. Sabadell
28 sep 2022 07:41

Más de 33.000 personas viven en situación de sinhogarismo, 8.000 en situación de calle, sin acceso a ningún servicio. Muchas más, 4,5 millones enfrentan exclusión residencial, es decir, no consiguen acceder a una vivienda asequible. Son datos del Observatorio de vivienda asequible que la asociación Provivienda creó con el objetivo de monitorear el acceso a la vivienda facilitando datos a los que no siempre resulta fácil acceder.  “Es la primera herramienta en la que intentamos centralizar toda la información relativa a vivienda, exclusión residencial, vivienda asequible que existe en nuestro país”, explica Andrea Jarabo, responsable de comunicación e incidencia de la organización. Lo que se persigue es hacer accesible este panorama sobre una problemática central en el estado, a personas no expertas, grupos políticos, administraciones o medios de comunicación.

El observatorio busca, en palabras de Jarabo, “centralizar toda la información relativa a vivienda asequible y a exclusión residencial en un mismo portal”. Los últimos datos presentados ofrecen un escenario poco alentador:  mientras los desahucios aumentaron en un 71% —llegando a 41.359— en 2021, afectando la mayoría —un 70’1%— a viviendas de alquiler, España arrastra la problemática de ser uno de los estados con menos parque de vivienda social —solo un 2,5%, frente a la media europea de 9,3%. El precio de la vivienda ha subido un 12,6%, respecto al año 2020, un contexto en el que los alquileres no han dejado de subir, absorbiendo gran parte de los ingresos de las familias. Se estima que la media de alquiler absorbe el 64,1% del salario mínimo interprofesional en la Comunidad de Madrid, una de las comunidades autónomas donde más ha subido el precio del alquiler. En este marco, a penas el 16’75% de las personas jóvenes consiguen emanciparse, el dato más bajo desde 1998.

“Las familias con menos ingresos son aquellas que tienen que hacer un mayor esfuerzo en el pago de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, destinando en ambos regímenes de tenencia casi un 50% de sus ingresos”

Las dificultades para acceder a una vivienda asequible no afectan a todo el mundo por igual, Jarabo se muestra prudente a la hora de desarrollar qué factores influyen en la exclusión.  “Cuando hablas de factores de exclusión se tiende a hacer a veces en los medios de comunicación una caracterización que puede ser incluso aporafóbica o discriminatoria sobre determinados colectivos o determinadas personas”, alerta. Hecha la aclaración desde Provivienda sí identifican colectivos a los que afecta especialmente esta problemática: mujeres, familias monoparentales —en concreto el 22% de estas familias, muy por encima de las estadísticas generales—  jóvenes, o personas migrantes, más dependientes del mercado de alquiler y que a menudo se enfrentan a discriminación, y en general quienes tienen menos ingresos, desarrolla Jarabo quien aboga por una perspectiva interseccional. Ya en su informe sobre vivienda de 2020 La red europea de lucha contra la pobreza en España (EAPN) alertaba sobre cómo “las familias con menos ingresos son aquellas que tienen que hacer un mayor esfuerzo en el pago de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, destinando en ambos regímenes de tenencia casi un 50% de sus ingresos”.

El observatorio también pretende hacer seguimiento de las políticas públicas enfocadas a combatir la exclusión residencial para ello han hecho un esfuerzo en aportar indicadores que sirvan para estructurar esta fiscalización, pues consideran que la administración española adolece de este tipo de herramientas para evaluar el avance en derechos. Jarabo considera que tanto la exclusión social como el sin hogarismo deberían tener mayor cabida en la legislación relativa a la vivienda: “Aunque en la Ley de vivienda se ha incorporado, por ejemplo, una definición de sinhogarismo, falta avanzar en ese aspecto”. En cuanto a políticas públicas Provivienda trabaja en alianza con Hogar Sí para combatir el sinhogarismo, para el que reclaman esfuerzos concretos desde la administración.

Primero, la vivienda

El pasado 9 de septiembre, Hogar Sí y Provivienda presentaban en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dos iniciativas enfocadas a responder al sin hogarismo: los proyectos Derechos a vivienda y H4y futuro. Ambas propuestas están orientadas a un objetivo común, la desinstitucionalización de las personas que se encuentran en situación de calle. La experiencia conjunta en el modelo Housing First, que se basa en un enfoque puesto ya en práctica en países como Finlandia, Reino Unido, Canadá, o Estados Unidos, explica Enrique Martínez Canteros, responsable de innovación social en Hogar Sí, invita a desplazar los esfuerzos de las administraciones del enfoque de emergencia, a un enfoque basado en derechos. “Lo primero que tenemos que satisfacer es el derecho a la vivienda. Y una vez que la persona puede ejercer ese derecho a la vivienda, descubrimos que de forma libre y autónoma puede ir solicitando otros servicios que le llevan a cubrir otros derechos, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la salud o a poder alcanzar o a tener un trabajo digno”, apunta.

Los proyectos piloto, enfocados a tres años, están financiados en el marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Responden a una convocatoria del Ministerio liderado por Ione Belarra que llamaba a proponer iniciativas de innovación social. “Es lo que estamos haciendo aquí, un proyecto de innovación social, pues supone un nuevo sistema de cuidados basados en la idea de la desinstitucionalización”, sintetiza Martínez Cantero. Para ello involucrarán a 12 administraciones públicas, cuatro de carácter regional —Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia—  enumeran desde Hogar Sí, y ocho corporaciones locales —los ayuntamientos de Sevilla, Murcia, Cartagena, Gijón, Avilés y el Consejo Insular de Mallorca.

“Tradicionalmente, a las personas sin hogar se les ha atendido en grandes centros, colectivos, albergues… lo que hemos demostrado a lo largo de estos años es que las iniciativas centradas en la vivienda muestran que es posible erradicar el sin hogarismo”

Con el proyecto Derechos a vivienda, las entidades en colaboración con la administración esperan facilitar viviendas a 1289  personas. Por su parte, el proyecto H4y futuro —en el que participan el Ayuntamiento de Madrid y el Consell de Mallorca —está enfocado a juventud y mujeres. Las organizaciones esperan que a través de esta iniciativa, y una transmisión de conocimiento respecto al enfoque Housing First que incluye la capacitación de cientos de profesionales que asumirían la continuidad de estas políticas una vez concluida la fase piloto, la administración cambie de paradigma. Explica Martínez Cantero que la propuesta aborda un problema que las organizaciones vienen tiempo identificando: las personas sin hogar que son institucionalizadas no consiguen salir del sistema.  Ante este diagnóstico, desde la innovación social, lo que procede es “definir un proyecto, un proceso, unos procedimientos, un modelo que intervenga en esta situación de una forma diferente”. La idea es ponerlo en práctica y evaluar si estos pilotos son eficaces y eficientes y a partir de ahí escalarlos “a nivel de política pública general”. La iniciativa también tiene una línea preventiva y además de enfocarse en personas ya institucionalizadas, buscará integrar a población que esté recientemente en situación de sinhogarismo.

Desde Provivienda se reafirman en apostar por este enfoque, haciendo referencia a su propia experienca a partir del proyecto Habitat, cuya evaluación mostró que quienes habían tenido acceso a una vivienda habían logrado acceder a otros derechos  como el derecho a la salud o a un trabajo digno, frente a las personas que permanecían institucionalizadas en otros recursos: “tradicionalmente, a las personas sin hogar se les ha atendido en grandes centros, colectivos, albergues… lo que hemos demostrado a lo largo de estos años es que las iniciativas centradas en la vivienda muestran que es posible erradicar el sin hogarismo”, concluye Jarabo.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Literatura
Azahara Palomeque “Yo quería hacer una novela que fuera un torrente de voz”
Azahara Palomeque realiza en su última obra, ‘Huracán de negras palomas’, un ácido repaso de la desigualdad, la racialización y la soledad, en el marco de unos Estados Unidos de difícil redención ética.
Fiscalidad
Fiscalidad ¿Hacia una fiscalidad mundial globalizada?
Las grandes corporaciones y los milmillonarios están adquiriendo un poder que les permite enfrentarse a los Estados. Solo una reacción desde foros supra-estatales puede hacerles frente mediante la adopción de acuerdos y normas fiscales globalizadas
Opinión
Opinión El debate europeo… contaminado
Hoy más que nunca necesitamos abrir un debate europeo que supere los lugares comunes y el regate corto porque es mucho lo que nos jugamos.
Policía
Espionaje político Juancar, otro policía infiltrado en los movimientos sociales de Madrid
El Salto desvela la identidad del agente policial Carlos P.M., que pasó dos años infiltrado en movimientos sociales de Madrid bajo la falsa identidad de un joven estudiante.
Opinión
Opinión Infiltrados en la democracia
Un nuevo caso de infiltración policial subraya la permanencia de una serie de prácticas que amenazan derechos fundamentales y tienen potencial delictivo.
Catalunya
Catalunya El Senado veta la Amnistía y la Audiencia Nacional intenta que los imputados de Tsunami abandonen el exilio
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, les ha llamado a declarar desde Barcelona el 22 de mayo, antes de que se apruebe la ley. Les imputa terrorismo, un delito por el que no podrían ser amnistiados.
Genocidio
Human Rights Watch Israel ha lanzado al menos ocho ataques sin aviso previo contra organizaciones humanitarias
La organización no gubernamental Human Rights Watch acusa a Israel de atacar centros y convoys de ayuda humanitaria y advierte a los países que suministran armas a las FDI que eso contraviene el derecho internacional.
Genocidio
Movilizaciones Estudiantes por Palestina, el “no en nuestro nombre” global
Las acampadas se extienden por todo el mundo. La represión de algunas de ellas no consiguen limitar el alcance de una forma de protesta que desafía a los Estados y que Israel considera una amenaza que pone en riesgo su impunidad.
Sidecar
Sidecar Un régimen de guerra global
Los conflictos armados están atrayendo a algunos de los actores más poderosos de la escena internacional, lo cual invoca el espectro de la escalada nuclear.
Palestina
Movimiento BDS Archivada la denuncia por una acción de boicot a McDonald's
Un juzgado de Madrid considera que en el despliegue de la pancarta “Ahora sí, boicot McDonald's. Llámame McGenocidio” no existió delito.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda El Gobierno amplía la moratoria hipotecaria unas horas antes de su vencimiento
Cuando faltaban unas horas para el fin de la moratoria hipotecaria que beneficia a 30.000 familias, el Consejo de Ministros aprueba su prórroga hasta 2028. La PAH anuncia que seguirá luchando por una “solución definitiva”.

Últimas

Crisis climática
Industria y crisis climática La transición de la industria del acero choca con los límites del hidrógeno verde
La industria siderúrgica debe reducir en un 93% sus emisiones para que el aumento de la temperatura global se mantenga un 1,5º C por debajo de los niveles preindustriales. Y el hidrógeno verde no es suficiente para transformar la industria del acero.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda Un vídeo muestra las técnicas violentas de las agencias de desocupación
Una grabación realizada con móvil muestra la utilización de técnicas de violencia física por parte de trabajadores de una empresa de desocupación, un sector que ha escapado hasta ahora de la regulación y cuenta con la complicidad de la Policía.
Elecciones
Elecciones catalanas El triunfo de Sánchez e Illa en el embrollo catalán
Los socialistas derrotan con claridad al independentismo, pero lo tendrán complicado para formar gobierno y la derechización de la política catalana no es una buena noticia para el PSOE.
Formación El Salto
Formación El Salto Fotoperiodismo y movimientos sociales: una mirada a las luchas desde abajo a través de un objetivo
La Escuela de Periodismo Crítico de El Salto ofrece su primer curso presencial, en el que abordaremos, de la mano de nuestros fotógrafos, cómo plasmar a través de la imagen movilizaciones y resistencias.
Sanidad pública
Privatización sanitaria Una nueva ley para “limitar” la participación de las empresas en la sanidad pública
El Ministerio de Sanidad lanza a consulta un proyecto de ley de gestión del sistema nacional de salud que pretende poner coto a las privatizaciones aunque sin eliminar esta posibilidad de manera explícita.
Historia
Historia ‘Japó Roig’: la historia olvidada de la izquierda nipona en plena Guerra Fría
Ferran de Vargas publica ‘Japó Roig’ (Manifest, 2024), en el que reconstruye la historia de la izquierda revolucionaria japonesa desde el final de la II Guerra Mundial hasta 1972.
Energías renovables
Renovables La empresa eólica que explota el monte Acibal sigue trabajando pese a la paralización decretada por el TSXG
La plataforma Amil sen Eólicos y la organización ecologista Adega demandan al Tribunal Superior que disponga fuerzas de seguridad pública en la zona para verificar qué tipo de tareas se están realizando y si cumplen con el auto de paralización.

Recomendadas

Ocupación israelí
Guerra contra Gaza Crece el debate en EE UU por su responsabilidad en la masacre de Gaza
Un informe del Departamento de Estado admite por primera vez que las bombas de 900 kg suministradas por EE UU se han podido utilizar de forma indiscriminada contra civiles.
Salud
Salud perinatal Susana Carmona: “No encuentro nada más feminista que estudiar lo que pasa en nuestros cuerpos”
La psicóloga clínica Susana Carmona recoge en ‘Neuromaternal’ casi todo lo que la neurociencia puede enseñar sobre las madres. Por ejemplo que la maternidad, como la adolescencia, es una época de neuroplasticidad y de adaptación.
Palestina
Noura Erakat “Nuestra lucha por salvarnos como palestinos es también una lucha para salvar el mundo”
La organizadora y abogada defensora de la Campaña en Estados Unidos por el fin de la ocupación israelí Noura Erakat respondió a las preguntas de Olga Rodríguez para la entrevista de la revista trimestral de primavera de El Salto.
Barcelona
Barcelona El Lokal se queda en el Raval
En un giro inesperado de su historia, el mítico espacio libertario El Lokal, de Barcelona, ha tenido que decidir si mudarse o firmar un contrato de compra-venta para preservar su espíritu, a ras del Raval.