Sareb
El movimiento valenciano por la vivienda exige el fin de las prácticas abusivas de la Sareb

Diez años desde que se creara la Sareb y el análisis de todos los males que ha traído en lo que derecho a la vivienda se refiere ha sido el tema alrededor del que ha girado el acto convocado por el Sindicat de Barri de Cabanyal y la PAH de València esta mañana en la Subdelegación de Gobierno. Los colectivos valencianos estiman que el denominado 'banco malo' tiene, en el País Valencià, más de 30.000 propiedades entre viviendas, solares y trasteros, y la premisa es clara: “Si la deuda de la Sareb es pública, sus casas también”. Por eso, en el marco de la iniciativa #PlanSareb y bajo una convocatoria de concentración apoyada por alrededor de un centenar de personas, han hecho llegar al Presidente del Gobierno un escrito con sus objetivos y reivindicaciones, y han querido exigir al subdelegado de Gobierno que “transmita con máxima urgencia el documento de las demandas de la campaña” respecto a la Sareb.

Los colectivos han recordado que la entidad se creó en 2012 para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos, consituyéndose con una participación económica de casi la mitad —45%— de capital público, siendo la otra parte capital privado de banco y aseguradoras. “El gobierno se ha desentendido de sus responsabilidades en políticas de vivienda y ha permitido a esta entidad desarrollar prácticas abusivas y especuladoras”, expresa el grupo en su comunicado, haciendo referencia a los miles de desahucios de familias vulnerables, amenazas de expresión y cláusulas abusivas en los contratos, además de los beneficios a los fondos buitre.

José Luis González, portavoz de PAH València, ha sido contundente en sus intervenciones durante el acto: “Esto va de derechos, y estamos muy unidos así que nos van a escuchar: cuando estamos juntos no solo sumamos sino que multiplicamos”. Para él, los partidos políticos deben posicionarse al respecto, “que digan claramente por qué están a favor de la propiedad privada solo cuando se trata de grandes inmobiliarias y capital especulativo, ya está bien de tanto engaño”. Desde el Sindicat de Barri del Cabanyal han insistido, frente al edificio institucional, en la necesidad de garantizar el fin de los desahucios, regularizar la situación de personas amenazadas con expulsiones así como la obligatoriedad de ampliar el parque público de vivienda.

“A través del Real Decreto 1/2022, del pasado 18 de enero, comenzó el proceso por el cual el Estado tomará el control de la entidad y se establecieron las bases para la su nacionalización”, recordaban los colectivos en su comunicado llamando a la participación en su convocatoria. Bajo esta premisa, los colectivos se han organizado en el denominado Plan Sareb, exigiendo al Gobierno, “máximo responsable de la Sareb”, el fin de estas prácticas de la entidad a través de acciones que se han celebrado de manera simultánea en varias ciudades del Estado, una unión que el movimiento percibe positiva: se configura como una oportunidad idónea para luchar por el derecho a la vivienda.