Personas refugiadas
Personas migrantes y solicitantes de asilo sin cita para acceder a derechos

Una mujer colombiana aterriza en España huyendo de su país, donde su vida está bajo amenaza. Su intención, pedir protección internacional. Le resulta imposible conseguirlo, durante semanas recorre Madrid aterrorizada con la posibilidad de que alguien la reconozca, o de que, sin papeles, le deporten al país del que ha huído. Mientras está en la ciudad sin un documento que la acredite como solicitante de asilo, no contará con ninguna ayuda psicológica o jurídica. Tampoco tendrá acceso a ningún recurso habitacional, ni los previstos para protección de asilo, al no figurar como solicitante, ni los de emergencia del ayuntamiento, pues en su pasaporte hay un visado como turista. No es hasta que paga 150 euros que consigue finalmente una cita para empezar el proceso de petición de refugio. 

La historia es real y la cuenta Ana, de la Red Solidaria de Acogida. La mujer colombiana es una más de las que en los últimos meses han esperado desesperada una cita para poner en marcha un proceso esencial para su superviviencia. “Si yo no soy reconocida como persona que quiere solicitar protección internacional, esto implica que no tengo ninguna protección respecto al hecho de ser deportada”, es decir, que se puede ser detenida y acabar en un CIE, donde se puede pedir asilo, quizás, pero pasando por ese “mal trago”. Por otro lado, el no reconocimiento de ser solicitante conlleva no acceder a ningún programa de apoyo, “no solo de acogida, si no de apoyo integral a una persona que a lo mejor ha sufrido todo tipo de situaciones y que está con necesidad de una protección internacional y todo lo que eso conlleva”. 

Si quieres organizarte para ver cómo poder conseguir citas para el asilo y cambiar esta anomalía que tantos Derechos se está cargando… el sábado 26 en Entrevias pic.twitter.com/XQnKccCWQR

— COORDINADORA de BARRIOS (@CoordiBarrios) November 21, 2022

 Esta activista cuenta cómo desde febrero la falta de citas es escandalosa. Una vez conseguida la cita, las cosas no son inmediatas: se tarda dos meses en facilitar el acceso a recursos. Así, un invierno más, la calle es una amenaza para quienes han llegado al Estado en busca de refugio. A veces los hombres solos consiguen al menos dormir en albergues, en los que solo pueden quedarse por las noches, para las familias, ni siquiera hay esa posibilidad. Mientras el ministerio y los ayuntamientos se pasan la pelota, una vez más, son las organizaciones las que se hacen cargo. Este año, de nuevo, el Centro Pastoral San Carlos Borromeo ha estado alojando a familias. Es en este espacio de Entrevías donde el próximo sábado de 26 de noviembre se ha convocado una asamblea, para denunciar, una vez más, la situación.

 “Seguimos con un sistema en el que tenemos a unos cuantos policías dispersos por varias comisarías a lo largo del territorio nacional y que va comunicando su disponibilidad”, explica Ana, quien considera que esta organización es parte del problema. La información sobre citas llega al Ministerio de Interior, que a su vez lo comunica al ministerio de Política Territorial, un sistema poco transparente e ineficaz, valora la activista, que convierte el proceso de conseguir cita en algo azaroso e impredecible, por la ausencia de una “clara prioridad política de fijar al menos un mínimo de citas al mes”. Son ya meses que en la Red no tienen noticia de alguien que haya conseguido cita sin pagar a un intermediario.

La carestía de citas no es algo que afecte solo a las personas solicitantes de asilo. Quienes precisan de citas para tramitar sus papeles en extranjería, se están topando con el mismo muro en forma de página web que les racanea las oportunidades de cumplir con los plazos que la misma administración impone. Para las personas migrantes esto tiene numerosas consecuencias: por un lado se tarda más de un año en completar una solicitud de residencia por arraigo, una yinkana para la que se precisa presentar todo tipo de documentación y que está llena de trampas. Las dificultades para acceder a la residencia, aún cumpliendo con todos los requisitos, o para renovarla, dejan expuestas a las personas migrantes. 

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Guillermo Martínez

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Entre un cruce de acusaciones del Ayuntamiento y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social algunas familias se están quedando en situación de calle. Además, la dificultad de pedir una primera cita para iniciar los trámites de ingreso en la red de protección internacional dificulta la asistencia.

“Primero se enfrentan a la posibilidad de que en un control aleatorio en la calle la policía les pida su permiso de residencia, no lo puedan aportar y les inicien un procedimiento de expulsión”, apunta Ane, abogada de San Carlos Borromeo. “Por otro lado no tienen todos los derechos inherentes a tener permiso de residencia”, añade. Ni permiso de trabajo, ni derechos laborales, ni cotización en la seguridad social, “si están sufriendo explotación o abuso en el trabajo se les vuelve imposible defenderse. Luego tienen muchas dificultades para la asistencia sanitaria”. Y es que, aunque sean atendidas de urgencia, las personas en situación irregular están expuestas a que se les facture la asistencia, recuerda. Los problemas no se acaban ahí: no pueden abrir una cuenta bancaria con lo que no tienen manera de resibir un salario, subsidio o ayuda, tampoco pueden salir del país.

“Por ahora no hay movilizaciones, pero seguimos quejándonos porque es muy muy difícil conseguir citas. No solo para conseguir citas para tramitar los papeles, sino también para recuperar la tarjeta de residencia si la pierdes”

Otro caso son aquellas personas que desean renovar y pese a hacerlo en plazo, el procedimiento se dilata poniéndoles en problemas. “Para esa renovación tardan en contestar ahora mismo entre cuatro y cinco meses”. Si el permiso se caduca mientras tanto, la persona, que está en situación regular, se enfrenta a todo tipo de inconvenientes: la posiblidad de un despido, el bloqueo de las cuentas bancarias, o una baja en el padrón y por tanto dificultad para la asistencia sanitaria. 

El problema no se reduce ni mucho menos a Madrid. Lamine Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, lleva años denunciando esta situación. Recientemente le ha tocado acompañar a un compañero que, por la acumulación de retrasos, ha perdido sus papeles. “Por ahora no hay movilizaciones, pero seguimos quejándonos porque es muy, muy difícil. No solo para conseguir citas para tramitar los papeles, sino también para recuperar la tarjeta de residencia si la pierdes”. El trámite de las huellas, necesario para tramitar los papeles pero que debe repetirse para recuperar la tarjeta, lleva meses, “es una tortura”.  Se tratan de procesos que dificultan la regularización y devuelven a la gente al punto de partida.

La dificultad para renovar los papeles complica a las personas planificar sus vidas, apunta Sarr: “Para viajar, hay que esperar muchísimo tiempo, tienen que esperar hasta tener los documentos en mano para poder comprar el billete. Lleva demasiado tiempo. Para renovar un papel no se deberían necesitar tantos trámites”. En esos casos, apunta Ane, muchos tiene que pagar una autorización en la policía para poder volver al país de origen mientras les llega la renovación de la residencia. Dicha autorización también hay que abonarla, además, es la policía quien la gestiona, y requiere también cierta espera conseguir una cita.

Para Sarr, integrante del movimiento por la regularización extraordinaria en el Estado, tanta dificultad no es inocente: “Es para ponernos trabas. Una manera de discriminar, de hacernos perder tiempo”. El activista recuerda además que las propias personas migrantes pagan mucho dinero para regularizar sus papeles, “el otro día ayudé a un compañero y vi que las tasas habían pasado de 17 euros a 38 euros”. 

El filtro racista

Desde Murcia, donde también han saltado las alarmas por la dificultad de conseguir cita y la activación de un mercado paralelo, Belinda Ntutumu cuenta el caso de dos mujeres, una colombiana que le dijo: “Yo sí conseguí cita pero pagando. Si no hubiera pagado todavía estaría intentándolo”, y otra nicaragüense que le explicó: “Yo también tuve que pagar y por eso ya llevo adelantado mi proceso de asilo”. La gente paga a asesorías especializadas, locutorios, gestorías. “Hay todo un negocio montado detrás de la migración y su regularización”, apunta Ntutumu, integrante del Comité de Murcia para la ILP Regularización, y secretaria de Afromurcia en Movimiento.

La intencionalidad política de mantener las fronteras administrativas bien altas, es una impresión compartida por las personas que llevan tiempo chocándose contra la escasez de citas. Qué pasaría si hubiese una regularización extraordinaria. Mtumumu lo ve claro: “El sistema se sanaría. Una regularización extraordinaria daría la posibilidad de agilizar y regularizar de manera controlada a las personas, evitando esta mafia fomentada por las propias administraciones”. Ane también ve una regularización extraordinaria como una herramienta para desatascar el sistema, pues si bastara con estar en España, sin condiciones, “el trámite sería sencillo, quizás bastaría, por ejemplo, con pasaporte y certificado de antecedentes penales, no te pedirían pruebas de estancia, un contrato de trabajo y acreditar que el empleador tiene medios y todos esos requisitos adicionales”. Y lo que es aún más importante, precisa, “se solucionarían todos los problemas de los que hablamos de la inseguridad laboral y falta de acceso a derechos básicos”. 

Un sistema de desacogida

Sin embargo, no parece que esté en la agenda política facilitarle la vida a las personas migrantes y solicitantes de asilo, si no todo lo contrario. El pasado 17 de octubre, la abogada de extranjería Loueila Mint El Mamy mandó un e-mail al Udex, la unidad a la que hasta entonces se dirigía para tramitar solicitudes de asilo. “Me contestaron un día después diciendo: 'Buenos días. Esta dirección de correo electrónico ha sido deshabilitada. Para la asignación de citas debe dirigirse a la siguiente dirección'”. Así fue cómo esta abogada de extranjería fue derivada por primera vez para pedir una cita de asilo a la página ante la que ya se desesperaban las personas migrantes en Canarias, pero también las solicitantes de asilo en la mayoría del territorio. 

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Hasta entonces, a Santa Cruz de Tenerife no había llegado ese sistema. El cambio, a El Mamy, le parece terrible. La falta de funcionariado y de recursos, denuncia, aboca a las personas a vivir en un limbo. “Tú tienes que renovar o necesitas una cita para un trámite de huellas, pues tú tienes que acudir ahí, tú necesitas una solicitud para asilo, pues tienes que acudir allí”. En el sistema anterior, recuerda, el envío del mail era una especie de registro, y siempre había respuesta con día y hora. “Ahora sólo hay citas los sábados o los domingos por la noche, y entonces las personas tienen que estar en la madrugada o un fin de semana pendiente para poder entrar”. De nuevo, un negocio para quien tenga el tiempo de esperar.

“Limitar el acceso al asilo, o a los trámites de huellas, tiene unas consecuencias directas sobre la vida de muchas personas. Por culpa de ese dichoso trámite hay gente que no puede acceder a un recurso, hay gente que no puede trabajar, hay gente que no puede empadronarse”

“Limitar el acceso al asilo, o a los trámites de huellas tiene unas consecuencias directas sobre la vida de muchas personas, que es lo que estamos viendo, que por culpa de ese dichoso trámite hay gente que no puede acceder a un recurso, hay gente que no puede trabajar, hay gente que no puede empadronarse, hay gente que no puede obtener el descuento de residente de Canarias para poder viajar”, enuncia. Desde su grupo de abogados, El Mamy apunta a que han acordado registrar todas las quejas necesarias. “¿Qué pasa? Que entre el Defensor del Pueblo y la propia administración tienen quejas amontonadas todavía que tardan en resolver y la gente necesita soluciones ya”. La soledad de la gente, que se frustra ante internet, ha dificultado un movimiento de las propias personas afectadas, pero El Mamy considera que esto podría cambiar pronto: “Es cuestión de tiempo que todo eso se ponga en común y que exista una denuncia colectiva en relación a esta cuestión”.

Antes enviabas un correo y te asignaban una cita, ahora tienes que estar pendiente de la pantalla 24/7 y la respuesta es siempre la misma no hay citas disponibles. La vida de muchas personas depende de estas dichosas citas, los estáis excluyendo y matando. #ViolenciaInstitucional pic.twitter.com/esG8l5lncQ

— Loueila (@Lalailmo) November 16, 2022

Para Ana, las dificultades tanto para las personas solicitantes de asilo, como para las que necesitan acceder a cualquier turno de extranjería, esconden una intencionalidad política. “Los recursos de acogida son de desacogida, la gente lo que decide es seguir camino y no quedarse en España, sobre todo si entran por Frontera Sur o por Canarias. Es un lugar que no te da respuesta, es un lugar donde no sabes a dónde dirigirte, es un lugar que cuando te acoge son centros de acogida con condiciones muy deficitarias, con mínimo apoyo”. Así, concluye, lo que se persigue es “desincentivar la migración y en concreto la migración de personas con intenciones de solicitar protección internacional”.

La idea del 26 de noviembre es, explica Ane por su parte, posibilitar que la gente comparta sus luchas personales contra un sistema que se lo pone tan difícil, para pensar una respuesta en común: “Es como un llamamiento a que todo el mundo venga y hablar juntos”. Desde ahí, esperan que, como ya ha pasado repetidas veces, salga una movilización que visibilice el callejón burocrático al que se ven empujados.