Opinión
Hepatitis C, Covid-19 y residencias: oportunidades perdidas

Varios asuntos de actualidad han demostrado que tanto gobiernos como organizaciones subvencionadas, han actuado como correas de transmisión de las grandes corporaciones, garantizando los beneficios de una minoría a costa del interés general.

Sucedió con el caso de la Hepatitis C, que como defendimos en 2015, se daban las condiciones para que el Gobierno emitiera licencia obligatoria, suspendiendo la patente en base a la “existencia de motivos de interés público” y permitiendo la fabricación directa de los medicamentos para tratar a todos los afectados.

De esa forma, además, se evitaba el saqueo de las arcas públicas. Pero no se hizo, y los esfuerzos de las plataformas de afectados se centraron exclusivamente en recibir el tratamiento, al coste que fuera, y ya no en suspender la patente. 

“En la hepatitis C, aunque las cifras nunca fueron públicas se llegaron a pagar entre diez mil y sesenta mil euros por tratamiento, cuando su fabricación tendría unos costes ente los treinta los cientos diez euros”

Aunque las cifras nunca fueron públicas, se llegaron a pagar entre diez mil y sesenta mil euros por tratamiento, cuando realmente su fabricación tendría unos costes que oscilarían entre los treinta y los ciento diez euros. Así, se dedicaron como mínimo unos mil ochocientos  millones de euros a uno de los principales fármacos utilizados para el tratamiento, para regocijo de los accionistas de la empresa beneficiaria, cuando los costes de fabricación apenas si supusieron unos doce millones.

Este desembolso redujo la financiación para otras necesidades de asistencia sanitaria, ya que dicha cantidad es similar al gasto sanitario anual de comunidades de más de un millón de habitantes como Extremadura, Asturias o Baleares. Cabe añadir que, siguiendo la lógica empresarial, esos precios variaron enormemente en función de la capacidad de presión sobre cada país.

Vacunas Covid

Respecto a las vacunas contra el Covid-19, tampoco hay datos concretos, pero se estima que las empresas farmacéuticas ingresarán cincuenta y cinco mil millones de dólares entre 2021 y 2022, acumulando desde el inicio de la pandemia, beneficios por valor de ciento cincuenta y dos mil millones de la moneda norteamericana.

Exactamente igual que en el caso anterior, las farmacéuticas han ido modificando los precios pactados inicialmente a medida que la demanda internacional ha ido aumentando. Así, por ejemplo, Oxford-AstraZeneca pide 3,5 dólares por vacuna a la UE y 4 dólares a EEUU, pero exige 8,5 dólares a Uganda. Panamá, que también suscribió un contrato con la farmacéutica Pfizer, pagó unos doce dólares por dosis, mientras que Israel abonó el doble por persona inmunizada que Europa (40€ frente a 24%).

Sin embargo, se da la incongruencia de que, como ocurrió en la investigación de antirretrovirales para el VIH, la mayoría de los fondos para su desarrollo han salido de los bolsillos de nuestros impuestos (en el caso de Astra Zeneca, podría haber sido hasta el 97 por ciento de la inversión), mientras que la producción ha sido un negocio privado.

Todo esto ha sucedido existiendo alternativas mucho más económicas, como habría sido apoyar con solo cincuenta millones de euros la vacuna público estatal finlandesa, una alternativa exenta de propiedad intelectual. Pero la Comisión Europea prefirió a “Big Pharma”.

Si miramos en casa, vemos que el gobierno más progresista de la historia prefiere dedicar cincuenta y tres millones de euros al rescate de una aerolínea con un único avión (Plus Ultra), o novecientos millones de euros a nuestro primer submarino de ataque S-81, mientras que solo ha dedicado 4,45 millones al CSIC para el desarrollo de tres vacunas, dirigidas por tres científicos jubilados que se han reincorporado de forma altruista y que corren el peligro de ser abandonados en cualquier momento por falta de apoyo.

“La Unión Europea ha exportado el pasado mes de febrero, más dosis de vacunas que las que ha inyectado, 25 millones de dosis exportadas frente a las 21 millones inyectadas”

Por otra parte, con el desastre de las inmunizaciones, con la excepción quizás de Gran Bretaña, nos encontramos con que la Unión Europea ha exportado el pasado mes de febrero, y no necesariamente a los países pobres, más dosis de vacunas de las que ha inyectado, veinticinco millones de dosis exportadas frente a unas veintiun millones  inoculadas. En definitiva, el modelo de “FarMafia” lo único que asegura es la escasez de vacunas.

Además, las multinacionales farmacéuticas han conseguido que los Estados se hagan cargo de las indemnizaciones por efectos adversos de las vacunas (lo que ha facilitado que se sobrepasen límites de seguridad imprescindibles), y garantías de que durante veinte años ninguna otra empresa podrá comercializar monopolísticamente las vacunas, lo que sucederá a costa de muchas muertes evitables.

Como colofón, los mismos que se están enriqueciendo con las vacunas, también lo harán gracias al incremento exponencial en sus ventas de ansiolíticos, antidepresivos y psicofármacos, producto del confinamiento y del desastre social colateral que encuentre su mayor expresión en el paro, despidos laborales y desahucios.

El hecho de que en toda la UE no exista ninguna industria farmacéutica pública, permite comprobar –especialmente en situaciones de emergencia como las actuales– la amenaza para la salud pública que supone la prioridad del beneficio sobre cualquier otra consideración, incluida la vida de las personas, inherente a la esencia de la empresa privada.

Por ello, es imprescindible la creación de una estructura pública responsable de la investigación, fabricación, distribución y dispensación de medicamentos, al menos de los esenciales, como recomienda la propia Organización Mundial de la Salud.

Residencias / Ancianos

Con la crisis del Covid descubrimos que las personas migrantes en situación irregular no eran las únicas que estaban excluidas del acceso al sistema sanitario. Los cerca de trescientos mil mayores internados en residencias comprobaron en sus carnes que muchos de ellos, pese a disponer de tarjeta sanitaria, no fueron atendidos y fueron excluidos en reiteradas ocasiones de la atención hospitalaria, produciéndose, según el gobierno, más de treinta mil muertes en residencias.

La tónica general fue la de residencias sin los recursos sanitarios necesarios, infradotadas de personal cuidador, muchas de ellas en manos de órdenes religiosas que aplican métodos de funcionamiento del siglo XIX, otras en manos de fondos de capital de riesgo, todas ellas en absoluta connivencia con los diferentes departamentos autonómicos de servicios sociales.

Ni siquiera el hecho de que las competencias estén transferidas libra de culpas al Ministerio de Derechos Sociales, garante, en teoría, de los servicios sociales y de la “atención a las personas dependientes o con discapacidad”. Fue desde aquí que se coordinaron los fondos extraordinarios aprobados para que los centros sociosanitarios contrataran más personal y compraran EPIs. Pero no es menos cierto que la Ley de Dependencia establece obligaciones que los poderes públicos estatales han obviado.

Pese a este desastre, nadie ha sido detenido preventivamente, la Fiscalía no parece haber encontrado indicios de irregularidades graves, las Consejerías de Servicios Sociales han sido un frontón frente a las reclamaciones presentadas por los familiares. La “omertá” es la norma en las administraciones autonómicas, responsables de su gestión. 

Asimismo, el gobierno no ha tomado medidas reales frente a este desastre: de nuevo no fue capaz de movilizar los recursos existentes para garantizar la atención sanitaria y no actuó con contundencia, ni contra los Departamentos de Servicios Sociales de las comunidades autónomas, ni contra las multinacionales propietarias de buena parte de la red de residencias del estado español. Y ello pese a que el Decreto del Estado de Alarma les facultaba para prácticamente todo.

“A día de hoy, las residencias continúan sin transformaciones, sin haberse garantizado, catorce meses después de iniciada la masacre, la adecuada asistencia sanitaria”

A día de hoy, las residencias continúan sin transformaciones, sin haberse garantizado, catorce meses después de iniciada la masacre, la adecuada asistencia sanitaria. Vistos los resultados, lo más lógico sería apartar las manos codiciosas de la gestión de residencias y vincular la asistencia sanitaria de dichos centros a la red de atención primaria, lógicamente incrementando los recursos humanos de este primer nivel, dado que de lo contrario estaríamos asignando de facto a cerca de trescientas mil personas a los centros de salud, en este momento absolutamente desbordados, lo que conllevaría simplemente certificar su muerte por desborde.

De nuevo nos encontramos con el dilema entre la salud de los mayores y los intereses económicos que, de prevalecer, estarían apoyando los planteamientos eugenésicos -conscientes o inconscientes- de algunos representantes políticos. Hace falta un debate de toda la sociedad sobre lo que les debemos a nuestros mayores.

La salud pública debería primar sobre cualquier otra consideración, pero la única respuesta del Estado es desoír las denuncias de ancianos y familias, a la vez que reprime y detiene a los que se manifiestan por la sanidad pública, o luchan por proveer de vivienda y cuidados a quienes los necesitan.

En definitiva, los tres ejemplos expuestos demuestran que políticos y corporaciones comparten objetivo: repartir beneficios a costa de nuestros muertos. Nada se puede esperar de ellos. Los grandes avances sociales no se han conseguido gratuitamente. Solo la movilización masiva permitirá blindar los sistemas que garantizan la atención básica de la población.