Migración
El sistema europeo de permisos de trabajo y residencia facilita la explotación laboral

En 2011 la Unión Europea aprobó la Directiva de Permiso Único, un marco que pretendía facilitar el acceso de las personas migrantes al mercado de trabajo comunitario, atendiendo a las necesidades de fuerza laboral en diversos sectores como consecuencia del envejecimiento de la sociedad y la consecuente falta de mano de obra. La Directiva pretendía, además, armonizar los procedimientos a nivel europeo, por lo que los Estados miembros fueron emplazados a transponer el texto a su propia legislación antes del 31 de diciembre de 2013. En los años siguientes, el documento ha sido trasladado de forma dispareja en cada país, bajo leyes y sistemas diversos.

Así, en 2022, una evaluación de la Comisión Europea de 2022 sobre la implementación del Permiso Único apuntaba a una serie de disfuncionalidades: la complejidad administrativa, los largos plazos para la obtención de la documentación necesaria, una interpretación restrictiva sobre las provisiones de igualdad de trato incluidas en la Directiva y no respetadas en algunos Estados miembro, o la dificultad de acceso a la información sobre los permisos y sus derechos asociados.  Estas problemáticas quedan reflejadas en el informe Experiencias de vida de las personas migrantes con permiso único, presentado el 13 de septiembre, un estudio transnacional desarrollado en Bélgica, República Checa y España, que considera que la dependencia que se establece con el empleador en este tipo de permisos es su principal inconveniente.

Familia, amigos y conocidos son los que suelen informar a las personas migrantes sobre oportunidades de trabajo, tanto en el caso de quienes ya estaban en el país como para quienes no lo estaban

La investigación ha sido realizada por la Universidad Libre de Bruselas, con el apoyo del Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (Picum) y respaldada por otras organizaciones en cada uno de los países participantes (la Fundación Cepaim en el caso de España). Su presentación coincide con la revisión de la Directiva de Permiso Único y tiene por objeto mostrar mejoras necesarias de estas políticas. A este propósito, ha investigado qué efectos tiene la normativa en la experiencia de las personas afectadas.

El estudio, dirigido por la investigadora Amy Weatherburn, recoge que en 2021 2,9 millones de trabajadores extracomunitarios residían en la UE bajo un permiso único de trabajo y residencia. Siete de cada diez se encontraban en Francia, Italia y España, y la mayoría de estos permisos tenían una validez de un año o más. El informe parte de una treintena de entrevistas en tres países, Bélgica, República Checa y España, donde la directiva se ha traspuesto bajo tres denominaciones diferentes: el “permiso único” en el primer caso, la “tarjeta del trabajador” en el caso checo, y el visado temporal de trabajo y residencia en España —con algunos cambios recientes tras las reformas del reglamento de extranjería del último gobierno. 

Uno de los hallazgos fundamentales es que la gran mayoría de las personas no llegan a Europa ya con un permiso concedido, sino que lo solicitan tras haber llegado con visado de turista o de estudios, o tras residir en el territorio de manera irregular. Así, la mayoría de los permisos se piden ya una vez en Europa, por lo que, según se explica en el informe, cabe normalizar esta práctica y evitar que trabajadores migrantes ya presentes en el territorio tengan que regresar a sus países para solicitar el permiso de trabajo.

Otro dato es el rol preponderante de las conexiones informales para optar por esta vía: familia, amigos y conocidos son los que suelen informar a las personas migrantes sobre oportunidades de trabajo, tanto en el caso de quienes ya estaban en el país como para quienes no lo estaban, que en general cuentan con algún contacto ya en el territorio. Son redes que podrán ayudar a la persona una vez establecida, con apoyo que va desde la información a la provisión de alojamiento.

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Si bien cada país presenta marcos distintos, todos los testimonios señalan como puntos problemáticos las complejidades burocráticas, acompañadas muchas veces de largos tiempos de resolución, la corta duración de los permisos y el hecho de depender del empleador en cuestiones centrales que van desde la solicitud, al acceso a la información pasando por la posibilidad de renovación

La complejidad de los trámites tiene un efecto disuasorio: en muchos casos, las ofertas de trabajo con las que cuentan estas personas decaen cuando el empleador debe enfrentarse a los procesos de regularización, algo que resta oportunidades a las personas migrantes, obligándolas a aceptar trabajos en peores condiciones, o para los que están sobrecualificadas. El hecho de que los procesos sean largos también hace que se atrase el inicio de los empleos, obliga a buscar trabajo en el mercado informal, o lleva a situaciones de irregularidad en el limbo que se produce entre dos permisos al caducar la documentación anterior.

El estudio explica que el hecho de que el empleador sea el encargado de realizar las gestiones se traduce en muchas dificultades, en ello tiene que ver desde el desconocimiento de los procesos por parte de los empleadores hasta la malintencionada desinformación que estos pueden dar a sus empleados.

La dependencia que se establece con el empleador y la incertidumbre sobre los procesos puede facilitar que se produzcan una serie de abusos laborales 

Por otro lado, la dependencia que se establece con el empleador y la incertidumbre sobre los procesos puede facilitar que se produzcan una serie de abusos: bajos salarios, deducciones salariales ilícitas (se resta del sueldo del trabajador montos asociados a impuestos, sanidad o alojamiento), jornadas laborales prolongadas, discriminación en el lugar de trabajo o en el acceso a vivienda, entre otros.

La mencionada dependencia con el empleador sucede en distintos grados según el país: mientras en Bélgica el permiso está asociado a un solo empleador, hecho que facilita el abuso, en República Checa y España el cambio de trabajo es posible, aunque las dificultades burocráticas que ello entraña, y la inseguridad que genera la posibilidad de quedarse sin trabajo, desincentivan buscar otras oportunidades. Por otro lado, el hecho de que el empleador se haya ocupado de los trámites para obtener el permiso lleva a una “sensación de gratitud o lealtad hacia ellos, que en algunos casos disuade a los trabajadores de buscar mejores condiciones laborales en otro puesto”.

Esta lealtad contrasta con otro de los hallazgos del estudio: las prácticas fraudulentas de los empleadores acaban perjudicando a las personas empleadas, que pueden incluso ver denegada al renovación de sus permisos. Y es que la renovación puede suponer otro momento de gran incertidumbre: con plazos que pueden demorarse por encima de los seis meses, transcurre poco tiempo entre que una persona migrante consigue un primer permiso y debe ya preocuparse del posterior. 

La investigación incluye, finalmente, una serie de recomendaciones para mejorar la Directiva y evitar que se siga permitiendo la explotación y abuso de trabajadores extracomunitarios. Entre estas mejoras necesarias señalan la reducción de los plazos, requisitos y tasas de solicitud y renovación, y que el proceso deje de depender del empleador y sean las personas trabajadoras las que se ocupen de los trámites, permitiendo que estos puedan informarse directamente con la administración. También consideran fundamental la posibilidad de cambiar de empleador o empleo permitiendo fases realistas de desempleo y búsqueda, así como el refuerzo en la fiscalización e inspección de las condiciones laborales mientras se provee de mecanismos de queja para garantizar que las personas migrantes puedan mantener su permiso o permanecer bajo un permiso alternativo, en los casos en los que el empleador vulnere sus derechos.