Memoria histórica
Reponer nombres franquistas en Oviedo puede vulnerar las disposiciones europeas

Ahora que el bipartito o bifachito en Oviedo (PP, Ciudadanos) logró reponer en cuatro calles de la ciudad los nombres, entre otros, del general Yagüe (el carnicero de Badajoz, por la masacre perpetrada en la plaza de toros de esa ciudad en agosto de 1936)) y Fernández Ladreda, general también implicado en el golpe militar de 1936, nombres que habían sido eliminados por el anterior gobierno municipal (PSOE, IU, Somos Oviedo) en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, creo oportuno recordar lo que ocurrió en la ciudad de Segovia a propósito del segundo de los citados:

A finales del año 2014, siete años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el Ayuntamiento de Segovia planteaba cambiar el nombre de la céntrica avenida Fernández Ladreda por la de Acueducto, al desembocar la misma en el renombrado monumento segoviano. Era una de las 21 calles de la ciudad castellana que debía atenerse al artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por el cual las "Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Muchas otras ciudades del país debieron hacer lo mismo, pues el nombre de quien fuera ministro de Obras Públicas durante la dictadura, entre 1945 y 1951, fue llamado con razón el rey del callejero. Como titular de esa cartera y gestor de los caudales públicos destinados a las inversiones en infraestructuras, no pocas ciudades del país quisieron ganarse con la inscripción de su nombre en el callejero urbano alguna obra de ese tipo durante la posguerra. El halago al ministro correspondiente solía ser un mecanismo habitual para conseguir ese tipo de inversiones, máxime en aquel periodo de extrema pobreza. Obviamente, como tantos otros ministros del dictador, el acceso a los primeros gobiernos del más duro periodo de la dictadura -cuando el régimen seguía fusilando y las cárceles y campos de concentración estaban saturados de presos republicanos-, era el privilegio del que gozaban aquellos militares felones que se habían distinguido en la guerra por combatir con más celo a los defensores de la democracia.

El general José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés fue uno de ellos. Había estudiado en la Academia de Artillería de Segovia entre 1903 y 1908, a la que regresó como profesor de Química y Explosivos. Ejerció como alcalde de Oviedo durante la dictadura de Primo de Rivera y con la segunda República ocupó un escaño en el Congreso como diputado de la CEDA. Fernández Ladreda fue un destacado golpista contra la legitimidad democrática republicana. Su participación  quedó bien patente al comandar con el coronel Aranda (en principio fiel a la República) la sublevación en Oviedo, hasta el punto de que estuvo al frente del batallón que llevaba su segundo apellido.

Tal como señaló en su día la Asociación de la Memoria Histórica de Segovia, el mantenimiento del nombre de la avenida Fernández Ladreda en aquella ciudad suponía una vulneración de los derechos de las víctimas de la dictadura, derechos amparados por el ordenamiento de la justicia universal que en múltiples ocasiones ha apuntado la imprescriptibilidad de los crímenes franquistas, por ser considerados crímenes de lesa humanidad. Desde el año 2016, la avenida Fernández Ladreda lleva el nombre de Acueducto, a pesar de haber sido planificada por el ministro franquista a mediados del pasado siglo. En Oviedo, sin embargo, el gobierno municipal de una de las derechas posiblemente más retrógradas del país, acaba de vulnerar la Ley de Memoria Histórica y es de esperar que no le sea permitido.

El actual equipo de gobierno en el Ayuntamiiento de Oviedo se basó para volver a cambiar el nombre de esas cuatro calles en el recurso presentado por la llamada Hermandad de Defensores de Oviedo (para quienes Fernández Ladreda será un ejemplo), al encontrar en la propuesta del alcalde socialista Wenceslao López errores de procedimiento, a saber: el expediente administrativo, según la sentencia dictada al respecto para reponer los nombres franquista, sólo contó con la propuesta del entonces alcalde, el socialista Wenceslao López, y con un informe técnico del servicio de estadística, "que ninguna relación guarda con la concurrencia de los requisitos del artículo 15 de la Ley llamada de Memoria Histórica".

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una solicitud para restituir el nombre de las cuatro calles, cuyo cambio de denominación por estar dedicadas a dirigentes de la dictadura franquista fue anulado por los tribunales. El eurodiputado de Unidas Podemos Miguel Urbán ha ido más allá porque el caso es para ello, planteando en Bruselas "hasta qué punto esta decisión de mantener la exaltación a dirigentes de la dictadura franquista puede vulnerar disposiciones europeas". Como es sabido y puede que haya olvidado el bipartito oventese, en 2006 el Consejo de Europa condenó la dictadura franquista e instó a nuestro país a honrar a sus víctimas.