Incendios Forestales
Aniversario del gran incendio de Gata: asociaciones locales demandan fijar población y un cambio de política forestal

Se cumple estos días el sexto aniversario del gran incendio forestal que, en verano de 2015, asoló la cacereña Sierra de Gata. En aquellos días ardieron más de 7.800 hectáreas. Del total de las mismas, 1.356 correspondieron a monte público y 6.400 a fincas privadas; 1.600, además, adscritas a Natura 2000, la red europea para la conservación de la biodiversidad. Ocho municipios se vieron afectados y 4.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Acebo, Perales del Puerto, Hoyos (las tres localidades más afectadas), Cilleros, Gata, Moraleja, Villamiel y Villasbuenas de Gata difícilmente olvidarán aquellas fechas.

Tras el siniestro, que aun con sus espectaculares dimensiones resultó ser uno más en la larga lista de incendios forestales que, con rigurosa periodicidad, padece el norte de la provincia de Cáceres, se revelaron en su origen una conjunción de factores orográficos, climatológicos y sociales que movilizaron a la población local y a su tejido asociativo, así como a técnicos e instituciones, en el diagnóstico y búsqueda de soluciones. Las críticas a la coordinación en la extinción tampoco se hicieron esperar, llegando a crearse una Comisión de Investigación que confirmó, finalmente, graves errores en la gestión de la catástrofe. Una recogida de firmas suscribiendo un manifiesto de afectados y afectadas acompañó todo el proceso. 

Cuando el infierno llega

R. Rubio Zamora

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Incendios

Cuando el infierno llega

R. Rubio Zamora

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Incendios como el de Jerte-La Vera demuestran que abandonar la ganadería extensiva y dejar todas nuestras montañas y bosques a merced del turismo, la caza y la especulación inmobiliaria es tanto como sembrar fuego, es tanto como destruir los ecosistemas, es tanto como suicidarse.

Determinados usos agrícolas, forestales y ganaderos, así como la despoblación y el modelo de desarrollo local se pusieron en el centro del debate, trascendiendo de los inevitables aspectos relacionados con el impacto ambiental para entrar, de lleno, en la consideración de una realidad multiforme, compleja y diversa en su abordaje pero con un común denominador: la necesidad de gestión y desarrollo del territorio implicando de forma indisociable los puntos de vista ecológico y social, así como las voces de sus pobladores.

La Plataforma Sierra de Gata, de hecho, ya avanzó tras extinguirse las llamas una serie de preguntas que claramente apuntaban en esa dirección: “dado que la Sierra arde en gran medida porque el campo está abandonado ¿Se está trabajando en el desarrollo de una política activa de recuperación de la cultura del campo, que haga rentable el trabajo de las huertas, la limpieza de las fincas y el mantenimiento de los montes? ¿Se está trabajando en la puesta en marcha de planes de desarrollo adecuados, que luchen contra la despoblación de la comarca, facilitando la instalación de pequeñas explotaciones agropecuarias y la comercialización de sus productos? ¿Se está trabajando en la puesta en marcha de una Ley de Flexibilidad Alimentaria?”.

Seis años después, y abundando en esta línea, el pasado 6 de agosto ocho asociaciones del territorio (Asociación Arba Extremadura, Asociación Campo Vivo, Asociación del Castañar de Hoyos, Asociación de Empresarios Ribera de Gata, Asociación Mosaico, Asociación Reforest-Acción, Asociación Sierra de Gata Sostenible y Asociación Vettonia) publicaron un Manifiesto Ciudadano “solicitando un cambio en la política forestal que evite los grandes incendios, fijando población en la comarca de Sierra de Gata”.

Se destaca en el mismo, a modo de contextualización, cómo la comarca “ha sufrido en las últimas décadas incendios devastadores que no han servido para modificar una política forestal tradicionalmente basada en la madera como único recurso”. Las plantaciones madereras, precisan, “pueden ser una importante fuente de ingresos en la economía local, pero para ello deben formar parte de un territorio diverso que permita el desarrollo de actividades forestales, agrícolas y ganaderas que sirven de cortafuegos a la vez que generan empleo. Y en relación con esto, expresamos la necesidad y urgencia de aprobar una ley de flexibilidad alimentaria en la comunidad extremeña, que facilite la venta de los pequeños productores y como consecuencia asegurar una economía local que facilite el asentamiento de personas en la Sierra de Gata”.

La comarca “ha sufrido en las últimas décadas incendios devastadores que no han servido para modificar una política forestal tradicionalmente basada en la madera como único recurso”

Solicita abiertamente el documento un cambio en la administración de los montes de titularidad pública, “gestionados por la administración regional sin posibilidad de participación de la sociedad local, que está muy interesada en una diversificación de la economía y la creación de pequeñas empresas transformadoras y comercializadoras”. Se señala, insistiendo en el mismo sentido, cómo la voluntad de los habitantes y sus ayuntamientos “se ve permanentemente limitada por la normativa que regula el uso de los montes públicos que ocupan la mayor parte de la superficie forestal. Asimismo, el desarrollo de las iniciativas locales sufre restricciones y retrasos administrativos en gran parte por la falta de colaboración y empatía de los técnicos de la administración responsables. Por otra parte, las zonas incendiadas sufren periodos de 30 años en los que no es posible realizar cambios de cultivo que son muy necesarios en zonas estratégicas para detener los incendios, lo cual provoca nuevas acumulaciones de combustible para futuras catástrofes”. Se demanda, también, la aplicación del artículo 50 de la actual Ley de montes, que ofrece la posibilidad a las comunidades autónomas de legislar el cambio de uso forestal “cuando concurran razones de interés público, como es el caso en zonas de riesgo extremo de incendio y despoblación”.

Trazando un balance de lo sucedido desde entonces, se subraya en la declaración cómo hace cinco años comenzó “aparentemente un giro en la política forestal basada en el impulso de actividades agrarias capaces de diversificar el paisaje y la economía, única forma de combatir de verdad los grandes incendios que cada verano mantienen en vilo a los pueblos. Recibimos con satisfacción esta propuesta en su día y agradecemos la ejecución de infraestructuras de prevención de incendios, pero además se necesitan transformar el territorio con un gran número de áreas productivas que actúen como cortafuegos aprovechados por los vecinos”.

La voluntad de los habitantes y sus ayuntamientos “se ve permanentemente limitada por la normativa que regula el uso de los montes públicos que ocupan la mayor parte de la superficie forestal. Asimismo, el desarrollo de las iniciativas locales sufre restricciones y retrasos administrativos”

Concretando un capítulo de exigencias, las asociaciones firmantes del manifiesto señalan la necesidad de un “verdadero cambio en la gestión de los montes públicos basado en las propuestas de los ayuntamientos y con los técnicos de la administración como verdaderos agentes facilitadores al servicio de la población”, así como la cesión de terrenos de los montes municipales para ser utilizados por los vecinos y empresas en actividades agroganaderas que cuenten con un proyecto técnico viable. Dicha cesión se haría extensiva a los montes municipales para la instalación de pequeñas áreas agroindustriales favorecedoras del emprendimiento. Concluyen las reivindicaciones solicitando una agilización de la tramitación administrativa de permisos “para acelerar los cambios de uso y los cambios de especie forestal en el marco legal vigente”, así como el desarrollo de un nuevo marco legal facilitador del trabajo de los pequeños productores y de la comercialización de los productos locales.