Ilegalización de partidos
Izquierda Castellana no será ilegalizada por la Audiencia Nacional, por ahora

El partido político Izquierda Castellana (IzCa) lleva inscrito en la base de organizaciones políticas del Ministerio del Interior, es decir, legalizado, desde el año 2000. En el 2015, un cambio en la Ley de Partidos Políticos obligó a reformar sus estatutos en diversos aspectos. La normativa, a su vez, establecía los canales y las formas de comunicar e invitar a las diferentes organizaciones a modificar sus bases, pero tales preceptos no fueron cumplidos por la propia Administración. Según denuncian desde el partido castellanista, a principios de este verano recibieron una notificación en la que se les informaba de la apertura de un proceso de extinción e ilegalización como partido político. Este 14 de diciembre se debería haber celebrado la vista oral del caso en la Audiencia Nacional, pero fue aplazada en el último momento.

Para la formación con base en Valladolid no fue nada nuevo, señala Luis Ocampo, portavoz de IzCa a nivel nacional. “Es curioso porque nosotros no hicimos esos cambios en nuestros estatutos ya que la notificación que nos debería haber avisado de los mismos y del tiempo que teníamos para ello no llegó a la dirección que facilitamos al Ministerio del Interior, cuando sí que disponen de ella porque hemos recibido comunicaciones oficiales tanto con anterioridad como de forma posterior”, explica el portavoz.

Esa misma dirección postal sí fue la empleada por el ministerio para comunicarles que en pocos meses tendrían que enfrentarse a la posible ilegalización del partido político. “De todas formas, en este tiempo sí que hemos hecho los cambios que nos exigían. Nosotros nunca nos hemos opuesto a ellos. Los elevamos ante notario y enviamos los nuevos estatutos al registro de partidos políticos, donde nos los sellaron y aceptaron, así que en la vista se iba a enjuiciar algo que ya estaba resuelto”, relata Ocampo.

Según la interpretación del portavoz nacional de IzCa, la vista se ha suspendido porque “vieron que iban a hacer el ridículo al no haberse estudiado el recurso”. En dicho recurso, IzCa relata que el primer error que determinó los posteriores fue causado por la propia Administración, quien no respetó los cauces establecidos en la normativa que recoge los cambios a realizar.

Tiempo y dinero para un “sinsentido”

En una segunda parte del texto del recurso arguyen que, en el momento en el que se enteraron de la obligatoriedad de esa modificación, la llevaron a cabo. “Presentamos los estatutos en el registro y los aceptaron, así que formalmente el problema está resuelto”, recalca Ocampo. Afirma que “a la Audiencia Nacional le ha entrado el miedo escénico al no haberse preparado una respuesta al recurso”, pero es consciente de que el procedimiento solo queda suspendido a la espera de nueva fecha, en ningún caso archivado.

La primera comunicación les debería haber llegado hacia mediados del año 2020, pero no fue hasta el 5 de agosto de 2021 cuando recibieron otra notificación, en la que les informaban del proceso de ilegalización. Durante todo este tiempo hasta la actualidad, el caso no ha influido en las actividades principales de IzCa. En sus palabras, “sí que afecta porque tienes que dedicarle un tiempo y un dinero, pero nuestra cotidianeidad no se ha visto alterada”.

La abogada de la formación castellanista mantuvo algunas conversaciones con la Audiencia Nacional de las que se desprenden, según palabras de Ocampo, un “caos total y absoluto”. “Parece mentira el grado de disfunción que tienen en ese tribunal”, añade el portavoz del partido.

Inquina de la Audiencia Nacional

La pregunta del millón es: si el motivo por el que se les abrió el expediente de extinción ya está subsanado y, además, fue la Administración quien no lo notificó de forma correcta, ¿por qué no se archiva el caso? El análisis de IzCa es claro: “Pensamos que la Audiencia Nacional es un instrumento en manos del Ministerio del Interior, y que aquí hay una razón claramente política. Aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid para ir contra nosotros porque pensaron: mira estos, tienen un defecto de forma y les tenemos ganas, pues vamos a por ellos”, explica el portavoz.

Ocampo, médico de profesión, también responde al por qué de ir contra una organización como IzCa: “No somos un grupo amplísimo pero cuantitativamente somos suficientes y muy compactos desde el punto de vista militante, combativos. Dicho con toda la modestia y humildad del mundo, cualitativamente también tenemos un alto grado de conocimiento para saber situarnos en lo que está pasando respecto a la crisis económica y sanitaria”.

“No somos unos izquierdistas, unos viva la virgen, sino que nos posicionamos contra esta realidad basándonos en datos, y eso es lo que no les gusta, que haya gente informada y combativa que les plante cara”, sostiene Ocampo.

Desde la formación política afirman que seguirán luchando por el archivo del caso, “lo más sensato que la Audiencia Nacional podría hacer”, remata el portavoz. Por el momento, un centenar de personas se han solidarizado con IzCa frente al alto tribunal, entre las que se encuentran los miembros de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Anna Francesc y Belén Murillo, Jaime Pastor —de Anticapitalistas—, el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Nestor Rego, Albert Botrán, diputado de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP); Bel Pozueta, diputada de EH Bildu, y Miriam Nogueras y Josep Pagés por parte de Junts per Catalunya.