Educación
Monitores de educación especial denuncian que llevan dos meses sin cobrar

La lucha del personal técnico de integración social (PTIS) se remonta a hace cerca de quince años, cuando la Junta de Andalucía estaba gobernada por el PSOE, pero la pandemia ha hecho todavía más urgentes sus reclamas. El colectivo, que atiende a niños y niñas con necesidades educativas especiales en centros públicos, tanto específicos como ordinarios, ya venía denunciando la pérdida de derechos y garantías laborales derivados de la externalización del servicio, pero ahora se añade un agravante: algunos llevan desde marzo sin cobrar. 

“Dependiendo de la empresa adjudicataria, el retraso en el pago de las nóminas varía”, contextualiza Miguel Ángel Rincón, monitor de educación especial en la Sierra de Cádiz y afiliado al sindicato CNT. Una de las empresas, cuenta, sí remuneró ayer las del mes abril, y las otras han anunciado hacerlo “en los próximos días”, pero desde el sindicato recuerdan la urgencia de los pagos y exigen certezas. Durante estos meses, el colectivo, formado por más de mil especialistas en Andalucía, ha estado teletrabajando —a pesar de las iniciales amenazas de ERTE que se lograron evitar, explica Rincón—, abordando la situación excepcional derivada de la pandemia y superando la ausencia de indicaciones sobre cómo hacerlo gracias, en parte, a la estrecha vinculación con las familias de los menores a los que atienden. “Las familias nos apoyan en nuestra lucha”, resume el monitor. 

La necesidad de continuar desempeñando sus funciones durante la pandemia se explica por sus funciones. “Somos un colectivo esencial para la educación de niños y niñas que necesitan este tipo de apoyo en aulas específicas u ordinarias”, recuerda. En este tiempo, han trabajado a distancia, pero algunos han pasado dos meses sin ver su nómina ingresada en la cuenta bancaria, algo insostenible en un grupo que ya de por sí recibe sueldos precarios —entre 600 y 800 euros—, está muy feminizado —nueve de cada diez son mujeres, calculan los sindicatos— y mantiene condiciones laborales altamente precarizadas desde que, hace más de una década, la Junta de Andalucía externalizara el servicio. De estar contratados directamente por la administración pública, sugiere Rincón, la situación ahora sería menos dramática. 

“Hay compañeras cuyo sueldo de 700 euros era el único ingreso de la familia. Con nuestros salarios es imposible ahorrar, así que un mes sin cobrar puede suponer una situación dramática para muchas personas que están teniendo que recurrir a colectivos de apoyo”, explica Rincón, quien introduce que las explicaciones que les están dando para justificar el retraso en el pago tienen que ver con motivos burocráticos. “Las empresas adjudicatarias dicen que la culpa de que no cobremos la tiene la Junta de Andalucía, mientras la Junta culpa a las empresas”, explica Juan Carlos Aibar, monitor de educación especial en Cádiz, “pero mientras, los trabajadores seguimos en medio”. Rincón lo resume: “Como tantas otras veces, al final quien paga estas situaciones es el eslabón más débil de la cadena, que somos los trabajadores”.

La lucha por la subrogación

Aibar define el trabajo de los monitores de educación especial con una frase: tan necesario como precarizado. Llevan años reclamando a la Junta de Andalucía la subrogación del servicio como pasa en tantas otras comunidades, por ahora sin éxito. Pareció haber un acercamiento a principios de abril, cuando Javier Imbroda, consejero de Educación de la Junta, anunció un acuerdo “que debía solventar el panorama, pero que continúa sin llegar”, según denuncian sindicatos como CNT y CC OO, que ya anunciaron su intención de denunciar ante la inspección los recientes impagos.

“A la Consejería no le interesa rescatar el servicio. Echa la responsabilidad a las empresas, pero si nos subrogan nos tendrían que hacer personal laboral, así que van a alargarlo tanto como puedan”, expone Rincón. El colectivo subcontratado, denuncian sindicatos como CNT, hace funciones propias del personal contratado directamente por la Junta, pero las realizan “en pésimas condiciones laborales: recortes en la jornada laboral, categorías profesionales que no corresponden, sueldos míseros, incumplimiento de convenio...”.

A la situación que enfrenta el colectivo desde hace tiempo, se suman noticias que no la mejoran, como la eliminación de las bases de la Bolsa Única Común que ya denunciaron los sindicatos por “resultar lesivas e injustas con las PTIS e Intérpretes del Lenguaje de Signos (ILSE) subcontratadas, viéndose abocadas al paro”, ya que no tenían en cuenta los años trabajados del personal subrogado. Además, aporta Rincón, en el contexto de la pandemia, su condición contractual les dificulta el acceso a determinadas ayudas, lo que se suma a la incertidumbre acerca de la desescalada y de los meses de verano —por su contratación como fijos discontinuos— o el inicio del próximo curso.

Aibar recuerda, en este punto, la pérdida de derechos laborales derivada de “estar trabajando para la Junta pero a través de una subcontrata”, y hace mención a la falta de información por parte de las empresas adjudicatarias, como Fundación SAMU o Al Alba. Rincón apunta que varias ya han sido denunciadas a Inspección de Trabajo, y CC OO aseguraba en enero que los tribunales estaban dando “cada vez más razón en cuanto a la cesión ilegal de trabajadores en este tipo de contrataciones”. 

Más allá de la respuesta jurídica o de administraciones públicas, desde CNT plantearon un calendario de movilizaciones que la pandemia interrumpió, aunque ahora estudian volver a las calles, respetando las medidas de seguridad, para denunciar su situación. Rincón percibe que la unión dentro del colectivo se está fortaleciendo: “Es la única manera”. Mientras esperan respuestas por los problemas que ya afrontaban, exigen que se subsane uno extremadamente urgente: el pago inmediato de sus nóminas.