Industria
“Que apliquen el 155 a Alcoa”: el doble rasero de la intervención del Estado en la economía

“No somos un régimen comunista”, fue la respuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, cuando los representantes de los casi 700 trabajadores de las plantas de Alcoa en Aviles y Coruña demandaron en noviembre de 2018 la intervención estatal para salvar sus empleos.

Un mes antes, el 17 de octubre, la multinacional estadounidense del aluminio había anunciado el cierre de estas dos fábricas. La réplica del comité de empresa de la planta de Avilés a la ministra no tardó: “Estamos seguros de que no es soviética, dudamos que sea socialista”.

El presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, se refirió al comentario de la ministra de Trabajo con sorna: “Francia o Italia han intervenido de una u otra manera en crisis de fábricas. Me parece que ni uno ni otro países son comunistas, pero lo tengo que mirar”.

El Estado italiano intervino en la fábrica sarda de Portovesme, que Alcoa había abandonado en 2012 con calcadas motivaciones y salvó los 500 empleos

En efecto, no son comunistas, y el Estado italiano intervino en la fábrica sarda de Portovesme, que Alcoa había abandonado en 2012 con calcadas motivaciones y salvó los 500 empleos. En el caso francés, El Eliseo intervino una fábrica de Arcelor-Mittal para garantizar la continuidad de la actividad y de los empleos.

La falta de respuesta del Gobierno español en el caso de Alcoa no se debe a incompatibilidades con la normativa comunitaria, señala a El Salto el diputado de Podemos por Asturias Segundo González, ni a una supuesta ilegalidad: el artículo 128 de la Constitución permite la intervención de empresas “cuando así lo exigiere el interés general”.

Segundo González, diputado de Podemos por Asturias: “Es simplemente una cuestión de voluntad política. No vale de nada tener un Ministerio de Industria si no tiene competencia”

“Es simplemente una cuestión de voluntad política. El Gobierno no tiene voluntad de dar un paso adelante para impulsar o mantener la actividad industrial. No vale de nada tener un Ministerio de Industria si no tiene competencia”, denuncia el diputado de Podemos. Para González, el Gobierno de Sánchez, como sus predecesores populares y socialistas, siguen la máxima fijada por el exministro Carlos Solchaga, hoy consultor y consejero de grandes empresas: “La mejor política industrial es la que no existe”.

La fuga de Alcoa no es un caso aislado. El conflicto en la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León), el cierre anunciado de la multinacional mexicana Cemex en Gádor (Almería), el ERE en Siemens Gamesa o el reciente anuncio de una ola de despidos en las factorías europeas de Ford —solo en Almussafes, Valencia, trabajan 7.800 personas— son una muestra reciente de un fenómeno que viene de lejos. El sindicalista José Manuel Gómez de la Uz lo resume de esta forma poniéndose en la carne del patrón: “Si puedo ganar más dinero haciendo lo que hago en otro sitio, pues lo hago”.

Para el diputado Segundo González, la razón que hay detrás del cierre de Alcoa en España es la intención de la multinacional de trasladar la producción de aluminio a Arabia Saudí, donde la energía es mucho más barata. “La negativa o las dificultades que está poniendo Alcoa para llegar a una solución relativa a la venta o la posibilidad de que entre otro inversor se basan en evitar que haya competencia que pueda entrar a producir aluminio en España”.

Algo va mal en la política industrial en España cuando una empresa con beneficios, que ha recibido 1.000 millones en ayudas del Estado, puede cerrar sus fábricas en el país y aún así conservar el monopolio de la venta de aluminio 

Algo va mal en la política industrial en España, señala González, cuando una empresa que ha recibido ayudas del Estado y ha obtenido beneficios en los ejercicios anteriores puede cerrar sus fábricas en el país y aún así conservar el monopolio de la venta de aluminio en España.

Rescates buenos vs. rescates “comunistas”

Que una intervención del Estado para rescatar una empresa, los puestos de trabajo y las comarcas sea “comunista”, según palabras de la ministra Valerio, es más que discutible. A menos que los Gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero puedan calificarse como tal.

Sin ir más lejos, el Estado llevaba décadas interviniendo en favor de Alcoa con ayudas en la factura de la luz de la multinacional por valor estimado de 1.000 millones de euros. Unas ayudas, recuerda el diputado Segundo González, que no están atadas a ninguna condición de continuidad de la actividad ni de los puestos de trabajo. Cuando la multinacional anunció el cierre de la plantas, el Gobierno se mostró “sorprendido” dado que la empresa “abona cuatro céntimos por kilovatio/hora frente a los nueve del resto de la industria o los 23 de los hogares domésticos”, según recogió el periódico Abc.

Entonces, ¿cuándo un rescate estatal es adecuado y proporcionado y cuándo es “comunista”? 

González esboza una respuesta contundente al enigma: un rescate es bueno cuando “beneficia a los poderes económicos de este país”. Las intervenciones que se produjeron en las últimas décadas, señala el diputado de Podemos, siguieron la lógica de “privatizar las ganancias” —la pública Inespal fue vendida por unos 200 millones en 1998 a Alcoa— y “socializar las pérdidas”, como ha ocurrido en los casos del rescate de la banca, de las autopistas y de otras infraestructuras sobredimensionadas como el almacén de gas del Proyecto Castor. 

El rescate de la banca

El rescate de las cajas de ahorro y la nacionalización de Bankia tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, producida entre otras razones por el lanzamiento masivo de productos “tóxicos” y fraudulentos por estos mismos bancos, terminó costando 60.600 millones de dinero público, según cifras del Banco de España, en momento de graves recortes sociales.

“Me gustaría especificarlo muy claramente, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles”, dijo Luis de Guindos en 2012 cuando anunció el rescate de la banca. Hoy, el Banco de España da por perdido el 80% de ese dinero.

“Ahí no se puso ningún problema en que el Estado asumiera ese papel de inversor en la economía para rescatar empresas quebradas”, recuerda Segundo González.

El rescate de las autopistas

Tampoco pareció haber demasiado problema cuando el Gobierno de Rajoy decretó en sus últimos años de gobierno el rescate de nueve autopistas quebradas con un gasto de entre 2.000 —según el Estado— y 4.500 millones de euros —según los acreedores—. Son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto que une la capital con el aeródromo de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, que une Cartagena y Vera, la Circunvalación de Alicante, y la AP-41 Madrid-Toledo.

Todas comparten una misma historia: fueron sobredimensionadas por grandes constructoras y donantes a la caja B del Partido Popular (ACS, Sacyr, Abertis), entraron en quiebra por la más que previsible falta de clientes y, gracias a las cláusulas firmadas, se aseguraron millonarias indemnizaciones.

“Nos vuelven a mentir, a ocultar la realidad, porque sería durísimo para la sociedad española, que está sufriendo recortes, saber del rescate a las autopistas”, denunció el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato.

A raíz del programa de Salvados sobre el rescate de las infraestucturas fantasma, un tuitero daba con la receta para hacerse rico con el negocio de las autopistas:

1) Construye una autopista.  
2) Calcula muy por arriba el número de coches que la usarán. 
3) Que el Estado te pague la diferencia. 

Al fin y al cabo, ¿quién quiere utilizar una autopista de pago cuando hay una Nacional gratuita de más de tres carriles justo al lado? No es culpa de las empresas, llegaron a decir desde las constructoras, sino de la Nacional, que hacía “competencia desleal”, según las palabras de José Antonio López Casas, entonces director general de Accesos de Madrid, la concesionaria que gestiona la R3 y la R5.

Entre los más beneficiados por la operación figura ACS y su presidente Florentino Pérez, también protagonista de la siguiente historia para no dormir.

El rescate de Florentino y el Castor

Iba a ser el quinto y más grande depósito de gas de España y terminó siendo una auténtica ruina para el Estado, que decidió rescatar de urgencia con 1.700 millones de euros a la constructora ACS, una cifra que pagarán los españoles en la factura del gas hasta 2044.

Un proyecto lanzado y firmado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, según sus críticos, era megalómano e innecesario, diseñado con técnicas obsoletas en su tiempo. El Proyecto Castor estaba participado en un 66% por la empresa de Florentino Pérez.

Unos 500 terremotos detectados entre 2012 y 2013 terminaron de convencer al Gobierno que tal vez no había sido una buena idea.

Mucho tuvo que ver el estudio de impacto ambiental. Según señala Josep Nualart, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el estudio —que por supuesto sufragó la propia empresa— analizaba de forma separada el impacto de las tres partes del proyecto: la planta terrestre, el gasoducto y la plataforma marítima. Si se hubiera analizado el impacto del proyecto en su conjunto, señala Nualart, el resultado hubiera sido muy diferente. La responsabilidad no es solo de la empresa, dice el responsable de energía del ODG, sino también del Gobierno de Zapatero, que aprobó el estudio de impacto ambiental, y del Banco Europeo de Inversión, que subvencionó la construcción.

Entre los factores más “sorprendentes”, apunta este investigador del ODG, figura que el Gobierno no exigiera un estudio sísmico para un almacén de gas subterráneo situado en las cercanías de la falla de Amposta.

Pero la letra —no tan pequeña— ya estaba firmada: “Una abracadabrante cláusula por la cual el Estado español se obligaba a indemnizar a Escal UGS [la empresa participada al 66% por ACS] en caso de que esta concesión se rescindiera aun en presencia de ‘dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria’”, según escribía el economista liberal Juan Ramón Rallo en El Confidencial.

En los próximos días se resolverá la incógnita: si el Gobierno de Sánchez va a continuar con la política de “dejar hacer” cuando hay solo empleos de por medio e intervenir cuando los daminificados son los poderes fácticos del país. “Ahí está la hipocresía en la que se mueven tanto los gobiernos del PP como del PSOE, del que esperábamos un poco más, especialmente en la actual situación, pero vemos que sigue de momento la misma estela”, resume Segundo González. El presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho, explicaba a su manera las contradicciones y dobles discursos sobre la intervención estatal: “Que apliquen el 155 a Alcoa”.