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Armas de disidencia masiva: Bloqueando al Tsunami y espiándote en WhatsApp

En el quinto día de las protestas en Cataluña contra la sentencia del procés, Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional solicitó que la Guardia Civil bloquease las páginas webs y redes sociales de Tsunami Democràtic. ¿El motivo? García-Castellón solicitó este bloqueo “en el marco de una investigación secreta por terrorismo”. Amnistía Internacional y otros colectivos sociales han denunciado lo que, con los datos que tenemos, parece a todas luces otro abuso más del derecho a la protesta pacífica y a la disidencia con la excusa del “terrorismo”.

El “terrorismo”, del que no existe una definición internacionalmente aceptada, es la baza que a menudo se juega en las instituciones cuando se quieren vulnerar libertades. Después de todo, ¿qué político se atrevería a oponerse a una medida (por desproporcionada que sea) si hay posibilidades (normalmente, sin ninguna evidencia que lo respalde) de acabar con actos de violencia sobre la población civil? En general, pocos. La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Fionnuala D. Ní Aoláin, resalta a menudo como la lucha contra el “terrorismo”, debido a lo vago que del término, acaba afectando a minorías religiosas, separatistas pacíficos, grupos indígenas y miembros de partidos de la oposición. Fionnuala establece que alrededor que casi un 70% de las personas afectadas por políticas “anti-terroristas” son, en realidad, defensores de los derechos humanos. El bloqueo del repositorio del Tsunami Democràtic y de su web parecen caer dentro de esta categoría, ya que, aparte de la extrema derecha, pocos irían en su sano juicio tan lejos como a calificar los actos en Cataluña, inclusos los más violentos, como “terrorismo”. ¿Tendrá la Audiencia Nacional pruebas que nadie, con los millones de teléfonos grabando las protestas y las decenas de periodistas, ha apreciado como indicios de terrorismo? Si es así, debería hacerlo público lo antes posible.

Mientras tanto, los usuarios de la aplicación de Tsunami Democràtic siguen usándola (se puede acceder a la misma usando una red virtual privada (VPN) o a través de su canal de Telegram) y las protestas continúan. La arquitectura de la aplicación, basada en la confianza de usuario a usuario y la decentralización casi absoluta, presentan un nuevo paradigma de las luchas sociales y el uso de medios digitales.

Estos usuarios, seguramente, estarán comunicándose entre ellos a través de WhatsApp. La aplicación de mensajería estrella en España incluye el cifrado de extremo a extremo e impide a cualquiera, incluso a Facebook (la empresa matriz), leer el contenido de tus mensajes. El cambio, que fue introducido con relativo silencio (un mensaje lo anuncia cuando comenzabas una nueva conversación), se ha nutrido del código fuente de Signal (la aplicación de mensajería recomendada por Snowden) para proteger a sus usuarios. Lamentablemente, esta semana nos llegaba la enésima noticia que nos recuerda que ninguna tecnología es 100% segura. WhatsApp denunciaba a la firma israelí NSO Group por instalar programas maliciosos (malware) que permitía espiar los teléfonos de políticos, miltares, y cómo no, defensores de derechos humanos, a través de un ataque en forma de videollamada que te infectaba el teléfono sin necesidad siquiera de descolgar la llamada. La compañía niega todo, pero los testimonios y la propia denuncia de WhatsApp confirman la evidencia. En el fondo, el problema del comercio de los fallos de seguridad.

Tanto el bloqueo del Tsunami Democràtic como el hackeo de WhatsApp ponen en evidencia de poner freno a la políticas de vigilancia masiva con la excusa del “terrorismo” y de impulsar medidas que frenen el comercio digital de agujeros de seguridad en nuestros dispositivos. Estos dispositivos que hoy día son armas de disidencia masiva.