Tribuna
El colapso de la universidad

La universidad está dejando de tener un sentido porque nunca tuvo un sentido propio. Pero no hay que olvidar que fuimos las familias trabajadoras las que hicimos crecer esta institución.

Encierro en la URJC 3
Estudiantes de la URJC pintan pancartas hasta más allá de las 4 de la madrugada anterior a la concentración en protesta por el caso Cifuentes. Julio Zamarrón
Frente de Acción Estudiantil (FAE─Murcia). Estudiantes en Movimiento

publicado
2018-12-11 07:53
La crisis lleva diez años devastando España, y los resultados están siendo implacables. Todo lo que en su momento parecía garantizado se está volviendo un lujo solo disponible para las capas más altas de la población: sanidad y educación para comenzar, pero en muchos casos también la luz, el gas y hasta la comida. Casi un 15% de los trabajadores son pobres, a pesar de tener empleo. El modelo de privatización es evidentemente inhumano, en el sentido simple de que mata. La crisis es una convulsión terrible.

Pero ¿es solo una convulsión, o son los espasmos últimos de nuestro modelo de sociedad? La crisis ha durado ya mucho para que podamos seguir llamándola así. En realidad, no es solo un momento de inseguridad general: es ya un modelo de vida que estamos interiorizando. Estos últimos años, reforma laboral y Ley Mordaza incluidas, son años que parecen perdidos. Lo que vemos con la Universidad Rey Juan Carlos, no cabe la menor duda, va a ser utilizado por los responsables para seguir esta línea.

Esta situación no es nueva. En realidad, mientras que en otros países europeos la universidad tuvo un proceso de evolución a lo largo del siglo XX, en España poco pudo hacerse hasta la muerte del dictador. El desarrollismo económico a partir de los años 60 dio a luz a la llamada clase media, y solo a partir de ahí se pudo pensar seriamente el tema; en otros países, la clase media —y el funcionariado— data de principios de siglo. En cambio, a la cabeza de la transición se pudieron debatir realidades que hasta hace diez años permanecían casi intactas: la democracia, el inclusivo Estado social, el sistema judicial y su supuesta separación de poderes, los distintos Estatutos de Autonomía... y la Educación Superior.

A partir de este espíritu de reforma estatal, las universidades españolas tuvieron que adaptarse a la nueva legislación de 1983 con la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Este documento, que firma ya Juan Carlos y no Francisco Franco, señala en su primera exposición que “la incorporación de España a las sociedades industriales avanzadas pasa por su plena incorporación al mundo de la ciencia moderna [...], pero la experiencia de otros países próximos nos enseña que la institución social mejor preparada para asumir hoy este reto del desarrollo científico-técnico es la universidad”. El primer objeto de la LRU es este, y su leitmotiv es la “democratización de la educación y la cultura”. Pero de hecho, es la necesidad de utilizar el sobrante de trabajadores de otros ámbitos que incrementaran el precio —y con ello el PIB— final. De modo que el Estado dirigía ahora por activa este trasvase, cuyo cauce antes dirigía por pasiva.

La Ley Orgánica de Universidades de 2001, bajo la presidencia de José María Aznar, daba un mayor grado de autonomía a estas instituciones y las autonomías en las que se inscribieran. De aquí se pasó en 2007 al Real Decreto que firmó el PSOE de Zapatero para abrir nuestras universidades al proceso de Bolonia, igualando diplomaturas y licenciaturas a los graduados europeos y abriendo los másteres a la supuesta excelencia del mercado. Incluso, en el BOE se habla de “estimular la mentalidad emprendedora”; se comienza a hablar de becas-préstamo... Y más directamente, la financiación de las universidades pasa a depender de su productividad. Se consagra, en pocas palabras, como un nicho más del mercado general.

Es decir, como un negocio. Las reformas que han venido desde entonces —como el llamado 3+2, que permite a las universidades bajar el grado a tres años y subir el máster a dos— se han destinado a apuntalar precisamente este imperio.

No sorprende lo que ha venido sucediendo desde la aplicación del Plan Bolonia. Que en su momento coincidiera con la entrada de la crisis ha terminado por jugar en su contra. Lo que las cifras muestran son los graves problemas de la universidad española: con el aumento de tasas y la disminución de la cuantía de las becas, cada vez hay menos matriculados en grado y más en máster... excepto por la privada, cuyo número de alumnos se ha doblado en estos años. Los títulos propios que se pueden implantar por cuenta propia apuntan de manera directa a la demanda del mercado de los negocios y de las pseudociencias; la plantilla de muchas universidades se comienza a saturar de docentes asociados y contratados a tiempo parcial, mientras que, por otro lado, hay un envejecimiento de los veteranos, que se jubilan para ser sustituidos por asociados... En fin, todo apunta al mismo lugar.

No sorprende que cada vez haya más jóvenes excluidos de la educación superior. Esta es la lógica del lucro, que por inercia se mueve entre algunas pocas familias adineradas, y excluye a quienes no pueden permitirse pagarla. Se habla del máster de Cristina Cifuentes y de Pablo Casado, del graduado en Criminología de los comisarios; de la política de doctores honoris causa —como en Murcia, que han investido al dueño del Grupo Fuertes, que posee El Pozo—; de la Agencia Nacional de Evaluación... Todo esto no ha sido simplemente producido por las políticas del Partido Popular. Es una realidad que atraviesa nuestra institución, la tan laureada universidad.

Entonces, lo que nos debe molestar no es solo el cómo se gestiona la educación superior en nuestro país. Este es claramente un problema pero, en estos momentos, apunta también hacia otro, bien distinto. Si realmente las universidades se han construido en torno a esta lógica, solo bajo la premisa de su función —convertir a España en un “país desarrollado” científica, técnica o económicamente—, entonces preguntar cuál la función de nuestra universidad es en el fondo preguntar qué es la misma universidad. Porque el tráfico de influencias que se presume estos meses en la Universidad Rey Juan Carlos es una extensión política de clara ilegitimidad, pero que está directamente conectada con una educación superior que hemos construido basándonos en un ideal meritocrático.

Al fin y al cabo, la universidad siempre ha sido una promesa. Era la promesa de un futuro mejor. Nos decía que el conocimiento era poder, sí, sobre nuestras propias vidas; nos hacía pensar que teníamos posibilidades de vivir como queríamos, y esto era lo que necesitábamos. Una aspiración que cualquiera con familia y amigos tiene, y que ha acabado por ser devorada por la lógica individualista de la aspiración al mérito propio. Ese es, de hecho, el gran problema de la educación superior: al decirnos que era nuestro lugar natural, nos instalaba en la idea de que uno se “había hecho a sí mismo”. Con ello, perdimos de vista todo lo que había a nuestras espaldas. Ser universitaria era ser clase media, tener una vida acomodada; el pasado en el que había que trabajar de sol a sol por tres comidas diarias parecía haber quedado atrás.

La universidad era una promesa. Y ahora, una promesa rota.

A diez años del comienzo de la crisis, todo parece indicar que lo que queda es otro modelo de trabajo y de sociedad. Un modelo basado en el trabajo precario, en la explotación laboral por turnos de meses, o incluso días. Y con ello, un modelo en que la universidad vuelve a ser una institución elitista, que solo unos pocos se pueden permitir. Cambia un título nobiliario por un máster, y traslada la España del siglo XVIII a la España actual. Felipe V por el Plan Bolonia, el Estado westfaliano por la Comunidad Económica Europea, las intrigas de las camarillas por los susurros en los despachos. No hay problema: no sabe, no recuerda, no le consta.

La universidad está dejando de tener un sentido porque nunca tuvo un sentido propio. Pero no hay que olvidar que fuimos las familias trabajadoras las que hicimos crecer esta institución, y con ella investigamos, creamos e innovamos, escribimos y publicamos.

Tenemos que hacer, parte a parte, una universidad distinta, en la que podamos escribir un futuro diferente, abrir a nuestra juventud y a nuestros hijos a otra idea del conocimiento y del trabajo; en la que no haya ganadores y perdedores. Pero también tenemos que luchar para ello por otro modelo de trabajo y de sociedad, sin los cuales no resulta posible ni tiene sentido nada de esto. Entender que es necesaria otra universidad es entender que otro país es también posible.

Esto hay que decirlo con urgencia, porque el único modo de plantear políticas realistas que revisen desde la raíz los conflictos actuales es afirmar que es posible y necesario, que sin ellas no hay futuro. O, lo que viene a ser lo mismo: que nuestro futuro no será nuestro en absoluto.

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