Pensiones
Lo que hoy nos separa de Francia no son los Pirineos

Sin embargo la realidad es tozuda y, a pesar de nuestros avances económicos y deportivos, seguimos teniendo sobrados motivos para envidiar al pueblo francés. Y no es porque nos continúen ganando en millones de turistas o en la fama de sus vinos, que también; es que todavía nos hallamos a mucha distancia de sus derechos y condiciones laborales. Y puesto que gobiernos y capitalistas son muy semejantes a ambos lados de la frontera, parece más que probable que, si tienen mejores salarios y pensiones, es porque han sabido conquistarlos y defenderlos con uñas y dientes.

Las huelgas y manifestaciones de los últimos años contra los recortes de pensiones y el resto de los servicios sociales así lo demuestran. Varios proyectos de ley y decretos han tenido que ser retirados (o al menos mejorados) por los sucesivos gobiernos. El actual plan de Macron para iniciar el asalto a las pensiones públicas parece que lleva el mismo camino hacia la papelera de su despacho en el Eliseo.

Diríase que la costumbre tan francesa de hacer revoluciones de vez en cuando deja un poso en la ciudadanía gala, sobre todo en la clase trabajadora, que en cuanto se presenta la ocasión de echarse a la calle a defender sus conquistas, lo hace con decisión y generosidad. Aparentemente, no cabe otra explicación al hecho de que la amenaza de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años haya generado la ola de protestas que vemos casi a diario en la televisión, mientras por aquí abajo apenas ha provocado quejas el vigente proceso de pasar de 65 a 67 años y reducir la cuantía de la pensión en más del 35% de unas cantidades que ya eran la mitad que las del país vecino.

Claro, que lo nuestro ha sido bendecido y pactado por unos sindicatos que, al menos en lo formal, están hermanados con los que en Francia no firmarían esas renuncias ni hartos de buen borgoña.

La razón no es que los dirigentes sindicales franceses no entiendan la situación de la economía y los mercados del siglo XXI tan bien como la comprenden y la comparten los sindicatos españoles de la firma fácil: el motivo es que no se atreven porque su afiliación no se lo permite ni lo perdonaría.

Viendo nuestra paciencia y pasividad, políticos y empresarios se vienen arriba y –sin renunciar a sus ingresos, tan astronómicos como inmerecidos- tienen la osadía de culpar a los trabajadores y pensionistas cuando no les cuadran las cuentas. Llegan a extremos de imponernos congelaciones a unos salarios medios de menos de mil euros, sin reparar en que sus aumentos anuales superan el sueldo completo de un trabajador precario.

Después viene el presidente del Banco de España, uno de los afortunados con “el gordo” de las nóminas, pues cobra más de 200.000 euros al año, y dice sin sonrojarse que la economía española no puede soportar una revisión anual del IPC de las pensiones, cuya mayoría anda por los 600/800 euros mensuales.

No faltan tampoco economistas a sueldo de los ricos que repiten como loros el mantra de que se acaba el dinero para las pensiones y que es mejor adoptar ahora medidas restrictivas, para no provocar un cataclismo financiero que nos expulse del paraíso en el que –según ellos- vivimos los que apenas hemos visto entreabierta la puerta del paraíso consumista.

Pero lo cierto es que las pensiones públicas son una conquista social, como la enseñanza o la sanidad, que los estados vienen obligados a sostener y mejorar, independientemente de cómo se recauden los impuestos a los que más ganan para mejorar la vida de quienes crean toda esa riqueza de la que sólo quedan unas migajas en sus manos. Migajas que ahora nos quieren negar. Nuestra obligación, nuestro compromiso aquí o en Francia, es defender unas condiciones de vida dignas para las actuales y las futuras generaciones.