Migración
El confinamiento intensifica la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en situación irregular

El pasado 1º de mayo, diferentes organizaciones de trabajadores migrantes han recordado que la explotación, el empobrecimiento y los abusos que están experimentando las personas migrantes “irregulares” durante el confinamiento está ligada a su situación administrativa, la cual les fuerza a trabajar en la economía sumergida, les impide obtener empleos de calidad y abandonar su empleo ante condiciones laborales injustas.

En este contexto, para acceder a derechos básicos como la alimentación y la vivienda buscan —y permanecen en— trabajos donde la persecución policial, la explotación y la precariedad predominan ante el silencio de las instituciones. Entre otras, estas ocupaciones incluyen el trabajo del hogar y los cuidados, la agricultura, la venta ambulante y el trabajo sexual.

En las semanas pasadas, he tratado de conocer las experiencias del confinamiento de las personas migrantes a través de conversaciones y entrevistas con trabajadores y representantes de estos gremios y mediante la búsqueda de documentos publicados por organizaciones defensoras de sus derechos. Para preservar la identidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular he sustituido sus nombres verdaderos por otros ficticios.

Manteros: de la persecución al confinamiento

Para manteras y manteros, que representan a una gran cantidad de africanos y, en particular, de senegaleses en situación irregular, el confinamiento ha supuesto un empeoramiento significativo de su calidad de vida. Mbaye Thiaw, representante de la asociación Jappoakdeggo (“unión y acuerdo” en wolof), explica que los recursos de estos trabajadores vienen de lo que venden en la calle. Si ponen la manta cobran, si no la ponen no cobran, y no tienen otra medida de protección económica.

Gassama cuenta que tanto él como otros manteros de Sevilla están respetando el confinamiento pero que, como consecuencia, han entrado en una condición de pobreza severa: “Ninguno de los africanos que vive aquí tiene dinero estos días”; Gassama se refiere al barrio sevillano de Los Pajaritos, donde viven muchos de ellos. Boubacar explica que esto se debe a la criminalización de su actividad: “Antes de que empezase el confinamiento la policía nos echaba de donde vendíamos y nos perseguía, por lo que no ganábamos lo suficiente. Cuando empezó el confinamiento no teníamos nada. Ahora sufrimos mucho. Ni podemos comer bien, ni pagar el piso, ni la luz, ni el agua, ni el wifi, pero tampoco podemos salir a mendigar en la calle. La cosa siempre va peor para nosotros. El confinamiento es duro para los que nos buscamos la vida en la calle”.

Mariama: “¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a enviar a nuestros países? No tenemos nada”

Mariama ahora sufre estrés e insomnio, por no tener nada y no poder a ayudar a su familia en Senegal, situación que, cuenta, están viviendo otras mujeres africanas. “¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a enviar a nuestros países? No tenemos nada. África sufre, nosotros también sufrimos aquí. Es duro. Somos mujeres que tenemos a nuestros hijos en nuestros países. Nuestros padres, la familia, todos nos esperan porque nosotros estamos aquí para ayudarles. Como todos saben, África está empobrecida. Además, ahora en Senegal ha comenzado el confinamiento y desde las seis de la mañana hasta las ocho de la tarde la gente debe quedarse en casa y no puede salir a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a comer nosotros y ellos? Nada, porque no queda nada en casa. Es duro. Además, aquí (Los Pajaritos) hay gente migrante sin papeles que vive con sus hijos y no tienen nada que darles de comer. Hay mucha gente en esta situación que no quiere hablar por miedo. Yo hablo en su lugar. Es necesario que las instituciones españolas sepan lo que estamos pasando y que regularicen nuestra situación o que nos ayuden para que podamos ir a trabajar al campo o a las fábricas”.

A esta situación de pobreza alimentaria que se extiende a las familias de los manteros se le une el problema del alquiler. Mbaye Thiaw explica que casi ningún mantero o mantera está en un piso con contrato legal. Alquilan pisos o habitaciones a conocidos mediante un contrato verbal. La naturaleza de estos contratos, unido al miedo que estas personas tienen a la deportación, hace que vivan con temor a ser echados a la calle estos días, a pesar de la paralización de los desahucios por parte del Gobierno. Además, la iniciativa gubernamental de apoyar a las personas vulnerables no incluye a los manteros en situación irregular y la ayuda alimentaria que están proveyendo las instituciones no llega a muchos migrantes ya que éstos temen salir a la calle por miedo a que se les identifique y se les expulse. Esto ha llevado al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona a crear el banco de alimentos.

Jornaleros: explotados y sin acceso a lo más básico

Por otro lado, los temporeros agrícolas, muchos de ellos personas migrantes —con documentación en regla o sin ella—, están experimentando el confinamiento como una vulneración continua de sus derechos. El Colectivo de Trabajadores Africanos de Huelva denuncia que los jornaleros que viven en los asentamientos de Lepe carecen de equipos de protección individual (EPIs) y agua potable, lo que les hace más vulnerables al contagio.

Jornaleras de Huelva en Lucha también alerta que los empresarios no están poniendo medidas para que se cumplan las distancias de seguridad. Aunque en algunos casos las empresas han reducido el número de trabajadores, en otros casos se están trabajando más horas. Las representantes de este colectivo recuerdan que estas horas no son voluntarias, sino que los trabajadores suelen hacerlo por miedo a represalias tales como el despido. También denuncian que algunos empresarios están amenazando a muchos trabajadores del campo con darles la baja voluntaria por haberse quedado sin vehículo de transporte tras la reducción del número de personas por vehículo o por no poder acudir al trabajo por tener personas a su cargo. Cuando estos trabajadores no firman la baja, el INEM se la da sin consulta previa. Las restricciones en el número de personas que pueden viajar en un vehículo también están afectando al derecho de estas trabajadoras a la alimentación y a la higiene, ya que tras el inicio de la cuarentena las empresas han eliminado el servicio de transporte que las llevaba una vez a la semana para comprar.

400 jornaleras de Huelva y Almería denuncian que se incumplen las medidas frente al covid19

Francisco Javier Huete

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Coronavirus

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El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha trasladado a la Inspección de Trabajo numerosas denuncias a empresas agrícolas que no respetan las medidas de seguridad impuestas por la epidemia de coronavirus.

El SOC-SAT de Almería cuenta que empresas de agricultura ecológica y convencional están usando el confinamiento como excusa para despedir a trabajadores que habían comenzado a sindicarse, o a empleados que habían pedido el cumplimiento de la legalidad laboral o que se habían negado a trabajar a destajo.

Una suma de vulneraciones laborales para las profesionales del hogar y los cuidados

El confinamiento también está siendo difícil para las profesionales del hogar y los cuidados, y aún más para aquellas trabajadoras migrantes en situación irregular. Una encuesta realizada a alrededor de 300 empleadas domésticas por la asociación de mujeres migrantes del País Vasco Malen Etxea muestra que a un 35,6% de las encuestadas sus empleadores le ordenaron quedarse en casa sin sueldo, de las cuales 56,4% no tiene aún su documentación en regla. Al no poder darse de alta por ser migrantes en situación irregular, estas trabajadoras no pueden solicitar la ayuda del paro. Otras trabajadoras migrantes que sí tienen su documentación en regla también se quedan sin poder solicitar dicha ayuda puesto que las familias para las que trabajan no quieren darlas de alta.

La Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla ha comunicado que algunas de las trabajadoras internas se han quedado sin alojamiento de un día para otro tras haber sido despedidas a raíz de la crisis de la Covid-19. En dos comunicados, varias asociaciones de trabajadoras del hogar han denunciado que el subsidio propuesto para las trabajadoras del hogar a raíz de la crisis de la covid-19 excluye a las trabajadoras migrantes en situación irregular y a todas aquellas que trabajan sin contrato, las cuales suman alrededor de 200.000 personas. También han criticado que el ministro José Luis Escrivá haya retrasado la activación del subsidio por desempleo para las trabajadoras del hogar dadas de alta, quienes han tenido que esperar desde su creación el 31 de marzo hasta el 5 de mayo.

María cuenta lo que supone para ella, como mujer migrante en situación irregular, haber perdido su trabajo de empleada doméstica tras el estado de alarma: “a veces uno se deprime le entra la tristeza, pierde la fe y bueno, uno tiene que pagar comida, sus gastos, el alquiler, y una llega acá siempre con la ilusión de ayudar a su familia, o sea, que en este momento no lo puedo hacer y ya. Para este mes pude pagar la habitación, pero para el otro no sé cómo voy a hacer. No tengo ninguna ayuda. No puedo malgastar, pues una tiene que ahorrar lo poquito que tiene. Es preocupante”.

Trabajadoras de hogar y cuidados: buscando el ángulo desesperadamente

Isabel Otxoa

Coronavirus

Trabajadoras de hogar y cuidados: buscando el ángulo desesperadamente

Isabel Otxoa

El Gobierno de España no considera necesaria ninguna medida dirigida a paliar los efectos del coronavirus en la salud y la economía de las trabajadoras de hogar.

Haber podido conservar el empleo tampoco es una bendición para las trabajadoras del hogar en situación administrativa irregular. Debido a la frecuencia de los controles policiales, ir a trabajar supone un riesgo, no sólo por la exposición al contagio, sino también a los controles policiales. Brigitte cuenta que debe pensar en cómo esquivar a la policía durante su trayecto al trabajo para así no ser expulsada del Estado español y poder seguir ayudando a su familia. Brigitte comenta que las trabajadoras del hogar en situación irregular continúan arriesgándose al contagio porque sin el salario de este empleo no tienen forma de subsistir ni de ayudar a sus hijos y a sus nietos. Incluso aquellas que han sido despedidas tienen este miedo cuando salen a buscar comida. “Yo siento temor cuando veo a la policía porque uno no quiere que lo deporten, que lo devuelvan. Casi no salgo. Me da angustia, porque uno piensa en lo peor”, comenta Anais.

El estado de alarma ha llegado de forma tan repentina que ha hecho que gran parte de las familias que emplean a trabajadoras del hogar no las estén proveyendo de equipos de protección individual

Jackie Amaya, representante de la Asociación de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, cuenta que muchas de las empleadas domésticas que siguen yendo a trabajar estos días no cuentan con EPIs. El estado de alarma ha llegado de forma tan repentina que ha hecho que gran parte de las familias que emplean a estas trabajadoras no les estén proveyendo de estos equipos. Además, según Amaya, el miedo al contagio ha llevado a muchas familias a exigir a sus empleadas internas que no descansen los fines de semana, evitando así que salgan de la casa.

La encuesta realizada por la asociación Malen Etxea revela que a 18,1% de las trabajadoras domésticas que han continuado su trabajo durante el confinamiento se les ha prohibido los días de descanso. Por este motivo, organizaciones de mujeres migrantes están recordando estos días la necesidad de que el estado español cumpla con el artículo 189 de la Organización Internacional del Trabajo en el que se especifica que los estados miembros deberán asegurar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio en el empleo doméstico. Dolores Jacinto, de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar Y los Cuidados (AIPHYC), alerta que es muy probable que estas situaciones continúen tras el fin del confinamiento debido a una precarización aún mayor del trabajo del hogar a raíz de la crisis económica.

Las trabajadoras sexuales: sin derechos para denunciar

Las trabajadoras sexuales están experimentando situaciones similares a las de los gremios mencionados. Kenia García, integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), resume en una palabra la experiencia de las trabajadoras sexuales durante el confinamiento: “angustia”. Cuenta que, debido a que la prostitución no es reconocida por el estado como trabajo, las trabajadoras sexuales no tienen apenas herramientas para denunciar las injusticias cometidas contra ellas, y en el caso de las migrantes en situación administrativa irregular, aún menos.

Al no poder acceder al subsidio por desempleo, tras el comienzo del estado de alarma, muchas prostitutas se han quedado sin recursos tras haber parado su actividad. Al igual que los manteros, solo pueden alquilar viviendas mediante contratos verbales, ya que a menudo se les pide nómina. Esto les hace estar más expuestas a amenazas de desahucio por parte de los caseros cuando no pueden pagar el alquiler. García comenta que en esta situación las trabajadoras sexuales migrantes sin documentación en regla tienen miedo de llamar al 112 o pedir otro tipo de ayuda por miedo a ser deportadas.

Además hay mujeres que siguen trabajando porque “el hambre y la necesidad de techo es más fuerte que el miedo a enfermar y al contagio”, comenta García. Incluso algunas trabajadoras, en muchos casos trabajadoras de clubes, están pasando el confinamiento en casa de sus clientes. Esta integrante del CPS explica que es un intercambio de especias. Las prostitutas están pagando con unos servicios sexuales un techo y una comida. Según García, esta dramática situación es el resultado de la inacción del Gobierno con respecto a la situación de las trabajadoras sexuales de los clubes, a pesar de que en España hay aproximadamente 1.600 establecimientos de este tipo. Un caso ilustrativo ha sido el del club Paradise en La Jonquera, uno de los mayores prostíbulos de Europa, cuyo propietario se benefició de un ERTE para 69 empleados que excluyó a las 90 trabajadoras sexuales del establecimiento y que las dejó literalmente en la calle, sin tener donde reclamar porque no están reconocidas como trabajadoras por el estado. García cuenta que la mayoría de la mujeres que trabajan en clubes viven allí, pagando un alquiler diario de entre 30 y 90 euros. Para estas trabajadoras el cierre de los clubes a raíz del estado de alarma se traduce en una acumulación de deudas (ya que en muchos casos se les sigue cobrando el alquiler) y en falta de dinero para conseguir alimento, para enviar ayuda económica a sus familiares o hasta para recargar el móvil. Debido a que no se están poniendo medios para informar a estas mujeres sobre sus derechos durante el estado de alarma las mujeres migrantes en situación irregular se quedan encerradas en estos clubes y no buscan recursos o ayuda por miedo a que, tras descubrir su situación, las autoridades les abran un expediente de expulsión.

El hecho de que las ayudas sean provistas por los servicios sociales supone un problema para muchas prostitutas con hijos a su cargo, que temen que estos servicios les quiten la custodia de sus hijos por ser trabajadoras sexuales

El 21 de abril, el Gobierno anunció que dará ayudas a las trabajadoras sexuales y también a aquellas en situación administrativa irregular. Sin embargo, comenta García, no se ha dado aún ninguna garantía de que estas mujeres no recibirán un expediente de expulsión tras el fin del estado de alarma. Además, de acuerdo con esta integrante del CPS, las organizaciones que tramitarán la ayuda tienden a victimizar a las mujeres y, en particular, a las prostitutas, en vez de caracterizarlas como sujetos de derechos. A su vez, el hecho de que las ayudas sean provistas por los servicios sociales supone un problema para muchas prostitutas con hijos a su cargo, que temen que estos servicios les quiten la custodia de sus hijos por ser trabajadoras sexuales. Los diferentes colectivos de prostitutas están esperando a que se definan los protocolos para esta renta. Mientras, y desde el inicio del estado de alarma, se han unido para darse apoyo mutuo y compartir información sobre sus derechos. Además, estos colectivos están haciendo cajas de resistencia para ayudar económicamente a las trabajadoras sexuales en peor situación y cubrir necesidades básicas como son la comida, la vivienda, la luz y el agua.