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La semana política
Todo queda en familia

Revuelo en la Asamblea de Madrid después de que una diputada socialista aluda a las prácticas del hermano de Isabel Díaz Ayuso. El Madrid sistémico coloca otra pieza en las posiciones clave de las instituciones con la incorporación al Constitucional de Enrique Arnaldo.
Pablo Elorduy
13 nov 2021 06:06

Parece que fue hace un millón de años. Fue hace 16. Pasqual Maragall, entonces president de la Generalitat, lanzó aquella frase que prosperaría tanto como para ser conocida aún hoy. Era una sentencia en la que se condensaba el problema para Catalunya del Pujolismo. La cuestión del 3%, de las supuestas mordidas que el clan Pujol (que Convèrgencia) obtenía de las obras públicas, alteró el debate sobre el Estatut que Maragall mantenía con Artur Mas, entonces líder de la oposición, aún delfín de Jordi Pujol. 

Sucedió el pasado jueves. Carmen López, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, lanzó una frase que se sale de la tónica general de diatribas sobre Venezuela que abundan allí: “(...) dedíquense ustedes al hermano de Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”.

Es muy posible que la acusación se hubiera perdido en el limbo, como pasa con casi todo lo que pasa en Entrevías que no sea ver a Isabel Díaz Ayuso interpretándose a sí misma, pero la reacción torpe de Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea, que detuvo el debate y expulsó a la diputada López, fue el detonante de un cierto escándalo en las redes sociales y en el hemiciclo, del que salieron Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. También se levantó la bancada de Vox, escocida por el hecho de que el señor del sello de los populares —el que tiene la llave del tesoro—, Javier Fernández-Lasquetty, hubiera abroncado al partido subsidiario por apoyar una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia durante el periodo covid.

Las palabras de López y la sobrerreacción de Carballedo han tenido como efecto poner en primer plano la figura de Tomás Díaz Ayuso. El “hermanísimo” es señalado como uno de los empresarios que salen beneficiados de la política de contratación seguida por la Consejería de Sanidad. No ha sido la primera vez. La legislatura pasada, Podemos trató de llevar a la mesa de la asamblea las condiciones de adjudicación de contratos menores por un valor de 70.000 euros a la empresa de la que es comercial Tomás Díaz Ayuso. El caso no se resolvió en ningún sentido. Como tampoco prosperó la denuncia sobre el préstamo de 400.000 euros no devuelto por el padre de la presidenta a Avalmadrid. 

Si hay una buena noticia para la izquierda madrileña en su análisis de lo que ha pasado en la última década en su región es que, de una manera dolorosa, se ha llegado a un nivel alto de autoconciencia

El pequeño escándalo de andar por casa vivido el jueves en la Asamblea de Madrid seguía a otra noticia, menos sonada pero con una carga de profundidad mucho mayor. Ya no se trata de miles de euros sino de 900 millones bajo la alfombra. La Comisión Europea “obliga” a la Consejería de Hacienda de Fernández-Lasquetty a aflorar esa cantidad de deuda no reconocida. Son 900 millones de gasto sanitario no liquidado con hospitales privados. Se añadirán a la deuda de 35.000 millones que el Banco de España cuantifica en sus boletines trimestrales. Una deuda que, al contrario del resto de Comunidades Autónomas, se ha contraído con los bancos y no con el fondo estatal. (No es lo mismo deberle dinero a tus abuelos que a Los Soprano). 

¿Dónde hay que mirar cuando se disecciona esa deuda? La sanidad privatizada, como en el caso de Catalunya, y la educación concertada son los sumideros por los que se han evaporado centenares de millones de euros.

En momentos como el actual de paralización de la economía, el recurso a la deuda y la contratación pública son las vías más efectivas de la acumulación por parte de los actores que permitieron al PP de la Gürtel, Púnica y Lezo configurar la Comunidad de Madrid como es hoy.

Y no pasa nada

Si hay una buena noticia para la izquierda madrileña en su análisis de lo que ha pasado en la última década en su región es que, de una manera tortuosa, se ha llegado a un nivel alto de autoconciencia. Hoy se sabe mejor dónde se está, qué significa vivir en el corazón de ese Madrid D.F que se establece políticamente como una maquinaria de extracción de rentas y cuerpos —mediante eso que se llama la captación de talento de otras provincias— y cómo se ha creado una cultura hegemónica en torno a la ventaja competitiva que da la capitalidad. 

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Construida en función de esa competición de soluciones individuales que, parafraseando a Jorge Dioni López, ha configurado el Madrid de las piscinas, y levantada por y para los grandes buques de la construcción (ACS, FCC, OHL), esa cultura se reivindicó a sí misma el pasado mayo. Arrasó a la izquierda, aún perturbada y dividida por la renuncia deliberada que Manuela Carmena había hecho del programa con el que los movimientos post 15M —enrolando en ese afán a casi todo el que quisiera apuntarse— habían imaginado una región diferente. 

Hoy, la única buena noticia para esos movimientos es la conciencia de lo débil que es el proyecto de impugnación al Madrid que hoy representan Lasquetty y Ayuso. El proyecto de Mónica García en Más Madrid tiene que ver con el reconocimiento doloroso de que Madrid ya no es el apéndice de un proyecto a nivel estatal sino que es un fin en sí mismo. Algo que a la oposición al PP, sobre todo al PSOE y a los sindicatos mayoritarios, le ha costado ver más o menos dos décadas.

Si el derrumbe del pujolismo ha descompuesto la situación política de Catalunya hasta el día de hoy, el proyecto del PP en Madrid ha conseguido sobrevivir a la impugnación del sistema que comenzó la década pasada y ha contraatacado extendiéndose en todas direcciones con la ayuda y bajo el señuelo de Vox. Desde las unidades de contratación de los hospitales y las salas del Tribunal Constitucional, hasta las redacciones de los periódicos y los despachos de las Universidades privadas, la hegemonía del Madrid sistémico sobre el conjunto de la sociedad trasciende a lo puramente representativo. 

Esta semana, Unidas Podemos se ha topado en el Congreso con ese sistema, y ha doblado la espalda, apoyando por motivos “tácticos” la elección del magistrado Enrique Arnaldo como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Al margen de sus polémicas y su experiencia en la guerra cultural, Arnaldo aparece en el sumario de un caso clave en la Comunidad de Madrid como es Lezo, como presunto facilitador del pinchazo del caso del ático de Ignacio González. Todo queda en familia.

Aún no se conoce la fórmula para sortear la omnipresencia de esa trama que puede facilitar fiscales más suaves y conseguir el aprobado de doce asignaturas en cuatro meses. La buena noticia para la oposición es que cada día que pasa hay mayor conciencia del poder que atesora ese clan. La mala, que esa conciencia indica que no es suficiente con “ganar” unas elecciones. La experiencia de 2015 en el Ayuntamiento ha sido el doloroso aterrizaje en esa certeza.

Embriones como la propuesta Pensar Madrid, que reunió a un centenar de personas a finales de octubre en la capital y que tiene vocación de crear un espacio de reflexión conjunto entre organizaciones, movimientos y partidos, reman contra el desencanto de un “no hay nada que hacer” que no explica nada pero del que no se ha encontrado manera de salir.

En las antípodas del desencanto, el martes, Isabel Díaz Ayuso se volvía a interpretar a sí misma en El Hormiguero. 3,5 millones de personas vieron cómo la cabeza visible de la trama popular se echaba unas buenas risas con Trancas, Barrancas y Pablo Motos.

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