Jimmy Morales
Guatemala tras el gobierno de Jimmy Morales

Al inicio del gobierno de Jimmy Morales, existía un grupo de mujeres feministas organizadas que pudieron haber hecho avanzar la Agenda de las Mujeres: Sandra Morán en el Organismo Legislativo, Ana Leticia Aguilar en la Secretaría Presidencial de la Mujer, Lucrecia Hernández Mack en el Ejecutivo Eugenia Mijangos en el Tribunal Supremo Electoral y María Eugenia Morales en el Organismo Judicial, entre otras. Sin embargo, en la medida que fue imponiéndose el Pacto de corruptos el gobierno de Morales se orientó a la defensa de la impunidad, marcando el debilitamiento de las instituciones y la imposibilidad de hacer avanzar la agenda de derechos humanos.

En Guatemala, las corrientes fundamentalistas y conservadoras vinculadas a las empresas nacionales, intervienen en la toma de decisiones institucionales de los tres poderes del Estado. Esto ha implicado un significativo retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, cómo ha sido la negativa a la aprobación de la iniciativa 5376 que pretendía la protección a niñas sobrevivientes de violación sexual hasta los 14 años, o el avance de la iniciativa 5272 (Ley de Protección a la Vida y la Familia) considerada inconstitucional y que por tanto violenta derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ.

En esa misma lógica se ha incrementado la criminalización de todo lo que el gobierno, las empresas y los fundamentalismos consideren una amenaza: mujeres organizadas, feministas y personas defensoras de derechos. Esta erosión de la institucionalidad se constata en la modificación de leyes, políticas públicas, planes y mecanismos para el avance de las mujeres. 

De acuerdo con lo indicado en la pág. 7 del Informe de UDEFEGUA (2018): “En esta fase que hemos denominado, pacto de golpistas, se pueden contabilizar un total de 25 iniciativas de ley que implican un serio retroceso democrático y en materia de derechos humanos”, y el ejemplo más contundente ha sido cómo el ejecutivo, irrespetando los procesos y marcos legales, dio por terminado el Convenio que daba vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad - CICIG firmado entre Guatemala y las Naciones Unidas cuando el Presidente de la República ofreció una conferencia de prensa -rodeado de la cúpula policial y militar- para cesar las funciones de esta Comisión a partir de septiembre de 2019. 

Con lo que respecta a los mecanismos que permiten los avances para la promoción y desarrollo integral de los derechos de las mujeres, el gobierno de Jimmy Morales ha ido debilitándolos con la exclusión de presupuestos específicos para ello. Un ejemplo claro ha sido el desmantelamiento sistemático de la CONAPREVI, tratando de ahogarla financieramente para así no garantizar la atención pertinente en los Centros de Atención Integral para Mujeres sobrevivientes de Violencia- CAIMUS. 

Entre 2014 y 2016 se reconfiguraron las elites económica, política y militar del país contando con el aval del gobierno de Morales, para cooptar así todas las instituciones públicas con el fin de asegurarse el uso de fondos públicos, el enriquecimiento a costa de fondos del Estado y sobre todo asegurar la impunidad. Esto ha conllevado a claras evidencias de estancamiento y retroceso en el país. Una de ellas la negación del estado guatemalteco a realizar las modificaciones pertinentes en la Ley Electoral y de Partidos Políticos para incluir la paridad y alternabilidad en los puestos de toma de decisión, propuesta que fue rechazada nuevamente en 2016. Un año después, se emitió la Ley “Día de la dignificación nacional de la Comadrona de Guatemala”, sin embargo, fue vetada por el presidente de la República, no reconociendo por tanto los aportes de las Comadronas. A esto se le sumó la inhabilitación de su cargo a Ana Leticia Aguilar, como Secretaria Presidencial de la Mujer, por haber manifestado su apoyo a la iniciativa 5376 anteriormente citada, que disponía aprobar la Ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas. 

En lo que concierne a las personas defensoras de derechos humanos, solo en el 2018 se registraron 392 agresiones, de los cuales 26 (11.22%) fueron asesinatos y 18 intentos de asesinato, y como síntesis puede citarse nuevamente al informe 2018 de UDEFEGUA donde se manifiesta que: “Frente a este ascenso en la cooptación institucional, rompimiento del orden constitucional e incremento de la política de represión y violencia, las organizaciones de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos, han tenido que pagar un alto costo, con su libertad y vida, la defensa de los derechos humanos” (pág.8). 

No hay expectativas que el rumbo actual cambie drásticamente. El presidente electo, Giammattei, que inició su período de gobierno el pasado mes de enero, ha estado relacionado con los mismos militares que están detrás del presidente actual, y los analistas coinciden en que “Giammattei, no será más que un fiel servidor de los que han estado atrás del trono: La oligarquía, los militares fascistas y el crimen”  (Miguel Ángel Albizurez Albizures, elPeriodico 19 de septiembre de 2019). Por lo tanto, no hay evidencias para afirmar que la situación política del país cambie radicalmente en los próximos años.