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Investigación público-privada: un conflicto de intereses

La creación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que integra los distintos actores del sistema público de investigación, supuso un logro que se venía reivindicando desde los partidos de la izquierda, así como desde algunos sindicatos como CC OO. El Ministerio estaba llamado a facilitar una mayor coordinación de los organismos de planificación, evaluación, financiación y transferencia de conocimientos hacia el entorno productivo y social. La propuesta debía permitir, en principio, superar las limitaciones del efímero Ministerio de Ciencia y Tecnología, auspiciado por el último Gobierno del PP, que fue incapaz de integrar a la universidad y generar una política tecnológica coherente.

Sin embargo, su puesta en marcha está chocando con más dificultades de las previstas. Además de los enfrentamientos con otros ministerios, particularmente con el de Industria, para asumir el mayor número de competencias posibles, el gabinete de Cristina Garmendia tiene un nuevo obstáculo: el escenario económico. Ante la política de austeridad económica prevista, hay dudas de que el apoyo financiero público a las actividades de I+D puedan mantener las altas cotas de crecimiento experimentadas en los últimos cuatro años.

Tras unos primeros meses de presencia continua en los medios de comunicación, las declaraciones de los responsables ministeriales se han ido apagando. De hecho, la tardía comparecencia de la ministra en el Congreso, en julio, sólo sirvió para confirmar que se iniciaba un compás de espera en el campo de las reformas, entre ellas la esperada Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva y Financiación, y que las decisiones concretas se pospondrán hasta la aprobación de una nueva ley de Ciencia, a lo largo del año 2009. La crisis económica acentúa aún más el impasse. En estas condiciones, el papel que pueda desarrollar las actividades de I+D públicas para afrontar el cambio de modelo de desarrollo que la sociedad española exige están en el aire.

La experiencia del último ciclo expansivo, que ha registrado cifras récords de beneficios empresariales, refleja también que el sector empresarial español no ha sido capaz de incorporar la innovación tecnológica como núcleo de su actuación y ello a pesar de contar con una elevada inyección de fondos públicos y las normas fiscales más beneficiosas de la Unión Europea. Parece muy difícil que esa orientación vaya a cambiar en un escenario de endurecimiento de las expectativas financieras y productivas. Pese a ello, Garmendia, en sus primeras declaraciones a la vuelta del verano, sigue apostando por la incorporación de recursos y sistemas de gestión privada en los ámbitos de la investigación y de la universidad.

Reglas del juego

El modelo que parece desprenderse no sólo de las declaraciones de los responsables del nuevo Ministerio, sino de su actuación en el pasado cercano, estimula a los investigadores a convertirse en microempresarios y el ejemplo del conglomerado Genetrix —empresa que Garmendia dirigía antes del nombramiento— es una buena muestra. Pero la política de utilización de las instituciones como meras franquicias conduce a centros compartimentados y a grupos de investigación atomizados, en los que el investigador ve en su compañero no un colaborador sino un competidor en el “mercado” de la investigación.

Los crecientes conflictos de intereses y la presión de las cláusulas de confidencialidad están ahogando el debate científico en los organismos, lo que obliga a discutir el modelo e introducir una política de cautela. Quizá sería bueno mirar cómo se resuelve el conflicto en EE UU, que sigue un modelo parecido al soñado en el Ministerio. El Instituto Nacional de Salud del país, ante el aumento de empresas surgidas en torno al Proyecto Genoma, dictó en agosto de 2005 una regulación muy estricta de las actividades permitidas y prohibidas a sus investigadores: se prohíbe cualquier tipo de relación financiera con cualquier entidad relacionada con la investigación, desarrollo o fabricación en campos como el de la biotecnología o la farmacia. También se prohíbe a los investigadores ejercer como autónomos o tener participaciones —ellos, sus cónyuges o hijos menores de 21 años— mayores de 15.000 dólares en dichas entidades, y la obligación de declarar cualquier participación en dichas entidades.

De acuerdo con estos criterios, los responsables del Ministerio podrían tener dificultades para acceder a un cargo público en EE UU. La prensa española ha publicado numerosos artículos describiendo el nacimiento y desarrollo del conglomerado Genetrix como empresa spin-off [derivada] del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC). Convendría analizar también cuáles son los retornos recibidos por el centro de investigación donde nació y cuáles son las causas de que este centro se enfrente en la actualidad a un déficit financiero sin precedentes.

Innovar sí y con apoyo público, pero delimitando actividades y responsabilidades. Los límites entre lo público y lo privado, entre el investigador y la empresa, deben ser nítidos. La colaboración eficiente entre ciencia y sistema productivo dependen de este compromiso.