Guatemala
Mujeres que resisten al virus de los proyectos extractivos

Sofía es de Baja Verapaz, uno de los 22 departamentos que conforman Guatemala, y donde habita principalmente población Achi, Poqomchi’ y Q’eqchi’. Ella es lideresa y defensora del territorio que la vio nacer; un lugar en disputa, en la región norte del país, en el que la presencia de empresas mineras, hidroeléctricas y de monocultivos, atenta contra la vida de la comunidad y sus bienes naturales.

La situación de vulnerabilidad, pobreza y violencia contra las mujeres que se vive en ese departamento, se ha agudizado con la pandemia provocada por la Covid-19. El 13 de marzo de 2020, se registró en Guatemala el primer caso de Covid-19, dos días después el Gobierno de Alejandro Giammattei decretó, entre otras medidas de contención, confinamiento y toque de queda.

Sofía cuenta cómo, para ella y otras mujeres de las comunidades lejanas de su departamento, en los meses más duros de la pandemia, el encierro fue algo parecido a estar entre rejas en su propia casa. “Nos sentimos encarceladas, presas en nuestras propias casas, aparte de que la falta de comida y dinero, nos matan en las comunidades y, encerradas, ¿en dónde se denunciaba? Como mujer y lideresa sentí que no me podía mover ni hablar”.

Como ya se ha evidenciado a través de diversos informes e investigaciones, en los periodos de crisis, como los que resultan de las pandemias, se agravan las desigualdades que enfrentan las mujeres. Por ejemplo, son ellas quienes corren un riesgo más elevado de ser víctimas de diferentes manifestaciones de violencia.  

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses contabilizó en los primeros tres meses de pandemia, 140 muertes violentas de mujeres asociadas a hechos criminales, en todo el país. Del total, el Ministerio Público identificó 57 casos como femicidios.

“Vivimos inseguridad, el trabajo en la casa se incrementó y estar todo el tiempo con los esposos en la casa fue muy duro para muchas”, agrega Sofía.

Con los confinamientos y toques de queda, se agudizaron las tensiones en el hogar, pero el aislamiento ha representado un peligro no solo en el entorno familiar sino a nivel comunitario; no sólo como mujeres sino también como defensoras de los bienes naturales y los territorios.

Dos Puentes y Washington son dos comunidades del municipio de Purulhá, Baja Verapaz. Muy cercanas al lugar donde habita Sofía. Desde febrero del 2020 el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA), presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de sus habitantes, para garantizar protección internacional.

Ambas comunidades han sufrido desalojos violentos por parte de hombres armados al servicio de finqueros y empresas extractivas. La Covid, no ha hecho más que agudizar la problemática y dejado más vulnerable a la población.

“En dos Puentes y Washington están en resistencia frente a un proyecto hidroeléctrico y una exploración minera, metieron un amparo para no ser desalojados y como no había policía, porque decían que estaban en cuarentena, los finqueros hicieron desalojos extrajudiciales, han atacado mujeres y hombres, sabiendo que no había modo de salir a pedir ayuda. Es bien difícil vivir así…”, señala Sofía.

Defender la vida ha sido una lucha constante y es un riesgo permanente

La historia de Guatemala está marcada por 36 años de guerra. “Como indican fuentes orales y escritas, la existencia de los yacimientos mineros o petroleros (o de grandes ríos para las hidroeléctricas), ya era conocida ampliamente por las dictaduras militares en la época de la guerra y el genocidio. Es decir, el interés por desalojar a las comunidades de sus territorios no obedecía solamente a la lógica de ganar dicha guerra, sino también (y posiblemente más importante), a ganar el control de dichos territorios”[i].

A lo largo de los años, en las distintas regiones del país, los pueblos originarios han resistido de diversas maneras a los gobiernos corruptos, los militares, los finqueros y las empresas. Haciendo toma u ocupaciones pacíficas, realizando manifestaciones de denuncia, entablando procesos legales, recurriendo a las consultas comunitarias o exigiendo el cumplimiento de derechos y convenios internacionales.

En los diferentes territorios la resistencia de los pueblos ha sido una constante lucha por la defensa de la vida en sus múltiples manifestaciones. La respuesta del Estado, en contubernio con las empresas, ha sido la violencia, la persecución, los desalojos, y en el peor de los escenarios, la muerte.

Los riesgos y el impacto de resistir frente a un modelo extractivista y de despojo, también tiene efectos diferenciados para las mujeres, y conlleva una serie de particularidades para quienes han decidido ser defensoras de sus territorios. 

En octubre de 2018, Margarette May Macaulay, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora para los Derechos de las Mujeres, manifestó que “en el contexto de discriminación contra las mujeres que subiste en Guatemala, las defensoras de derechos humanos han de desafiar los estereotipos machistas que reprueban su participación en la vida pública”. Y aseguró que “por su compromiso, se ven expuestas a actitudes misóginas, a amenazas de agresión sexual, a insultos basados en su género e incluso, a su muerte. La estigmatización y violencia contra ellas se extiende a sus familias y a sus comunidades, con claros componentes discriminatorios y racistas en el caso de las defensoras de origen indígena o afrodescendiente”.

En el departamento de Alta Verapaz, específicamente en Santa María Cahabón, María Caal es parte de la resistencia del pueblo q’eqchi’, organizada en ese municipio para hacer frente a los proyectos hidroeléctricos Oxec I, II y III. Propiedad de una de las empresas de Florentino Pérez, presidente del tan aclamado equipo de futbol, el Real Madrid, que atenta con “matar al río Cahabón”, tal y como narra María.

Antes y durante la pandemia, las mujeres en Santa María Cahabón no han dejado de resistir ni luchar, pese a que ellas y sus familias han sido perseguidas y criminalizadas.

Al igual que Sofía, María vivió los meses más duros de confinamiento, como una prisión. “Nos sentimos encarceladas, pero como resistencia no bajamos la guardia y seguimos la lucha; esta es la región de las hidroeléctricas y la mayoría en las áreas rurales no cuenta con luz. Las empresas vienen y están matando nuestro río, por eso es que luchamos”.

María es hermana de Bernardo Caal, líder q’eqchi’, quien ha sido criminalizado y condenado injustamente a 7 años y cuatros meses de prisión, por denunciar los estragos que la empresa OXEC S.A ha causado en Santa María Cahabón y el río Cahabón. Continuar su lucha y acompañar el proceso legal de su hermano en época de pandemia, representó mucho dolor para ella y su familia. “A mi familia y a mí nos duele esta pandemia también porque en el caso de mi hermano, por el confinamiento y las medidas, pasamos hasta tres meses sin comunicarnos con él y eso nos afectó mucho y nos duele el corazón”.

La Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), en su Informe sobre la situación de personas, comunidades y organizaciones de derechos humanos (2019-2020), resalta que los desalojos extrajudiciales, las detenciones ilegales y arbitrarias, los discursos de odio, allanamientos y asesinatos fueron los patrones de agresión más denunciados, en el 2020, contra quienes defienden derechos. Solo en los primeros 3 meses de pandemia se registraron 257 agresiones.

Durante el 2019, UDEFEGUA contabilizó 494 agresiones contra defensoras y defensores. De estas, 365 estuvieron relacionadas a difamación, denuncia judicial sin fundamento, asesinato, intimidación y amenaza verbal. En 10 de los casos se constató acoso y violencia sexual. Además, del total de agresiones registradas el año anterior a la pandemia, 146 se vincularon a personas defensoras ambientalistas y de los pueblos originarios y territorios.

Gladis Mucú, también es lideresa comunitaria de la región de las Verapaces, y cuenta cómo en su comunidad, la presencia de empresas de palma aceitera ha puesto en riesgo la vida de las personas, de los animales que habitan en el territorio y ha contaminado el agua de los ríos.

El poder, las armas y el dinero de las empresas de palma, no han sido un impedimento para que las mujeres se enfrentaran al monstruo del monocultivo, ni antes ni durante la pandemia. “El Covid nos asustó, pero no nos paralizó”, dice orgullosa y fuerte Gladis.

Ella enfatiza que “seguimos luchando y no nos paralizamos”, sobre todo, cuando con indignación, señala cómo durante los primeros meses de pandemia “la gente salía y a veces cuando venía con su carga de leña, piña o mazorca, la policía por el toque de queda anduvo detrás de las personas. Mucha gente fue detenida por trabajar, mientras las empresas de palma, aunque no se podía circular, siguieron trabajando”.

Sofía, María y Gladis son tres mujeres indígenas que coinciden al señalar que luchan y están dispuestas a dar la vida por sus territorios, porque están convencidas de que “defender los ríos, los bosques y la madre tierra, es lo único que nos va a garantizar la vida a nosotras, a nuestras familias y nuestras comunidades”.

Actualmente, los casos por Covid en el país siguen en aumento y no se vislumbran condiciones adecuadas para atender y disminuir el número de contagios. Al mismo tiempo, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, derivado de la pandemia más de 1.200.000 personas se sumarán a las 8.5 millones que ya vivían en condiciones de pobreza antes de la emergencia; y cerca de 100 mil se desplazarán de pobreza no extrema a pobreza extrema. Es ante este contexto que resulta fundamental para las comunidades y los pueblos originarios, defender los bienes naturales porque esto significa defender su fuente de vida.

Aunado a esto, en Guatemala se comprueba que es un riesgo ser mujer, y el riesgo aumenta cuando, además, se es indígena, lideresa y defensora de los territorios.

Pese al entorno hostil que enfrentan las tres entrevistadas, ellas están decididas a continuar su lucha y hacerle a frente a las múltiples formas de violencia, al despojo, la discriminación y a un virus que no nada más lleva por nombre Covid.

[i] Moreno, Sonia Elizabeth y Salvadó C. (2017). Industrias y proyectos extractivos en Guatemala. Una mirada global. AVANCSO.