Fiscalidad
Los impuestos no son un invento moderno

Los impuestos que los youtubers, entre otros, no quieren pagar no son un invento de los “socialcomunistas”, ni una innovación keynesiana, ni tampoco una ocurrencia del “Estado del bienestar” socialdemócrata de posguerra. Están en el origen mismo del capitalismo, vienen de antiguo, allá en los siglos XVII y XVIII. Entonces, la rancia nobleza feudal devenida en absolutista, junto a los poderes burgueses emergentes de los nuevos estados nacionales, cambiaron la obligación de tributar en especies por impuestos en dinero a los campesinos. El comercio mercantil en expansión, que era el naciente modo de producción capitalista, quebraba económicamente a la familia medieval campesina autosuficiente, liberaba brazos, parte del trabajo del campo fue a la ciudad, y le imponía al campesino impuestos monetarios en dinero. Este formato se hizo imprescindible para dotar a los poderes estatales de recursos, para poder financiar las dominaciones coloniales y conquistar el mercado mundial al nuevo modo de producción de mercancías.

Hasta el siglo XVI, las entregas por parte de la producción al “señor” satisfacían los ingresos reales: Magallanes, en el siglo XVI, convino con Los Reyes Católicos devolver la financiación Real a la expedición de la primera vuelta al mundo. A la vez que descubrió una ruta comercial “global” reintegró el adelanto en especies de Oriente. Elcano, a pesar de llegar exhausto con tan sólo 18 tripulantes y una destartalada nave, de los más de doscientos tripulantes y tres embarcaciones que zarparon 3 años antes, cumplió con el compromiso. Las mercancías descargadas en el puerto de Sevilla cubrieron con creces los gastos en los que había incurrido la Corona.

La tributación, la imposición fiscal, no es un invento moderno, estuvo presente en el origen de la división del trabajo y el comercio.

De modo que la tributación, la imposición fiscal, no es un invento moderno, estuvo presente en el origen de la división del trabajo y el comercio. Superado el trueque esta adquirió formas más desarrolladas en el ocaso de los regímenes feudales y el inicio de la revolución burguesa. Siempre fue finalista de los poderes constituidos, es decir, cubrir gastos, sean estos de la realeza, del absolutismo noble o de los estados burgueses. Lógicamente, como resultado de la progresiva conquista de derechos sociales y democráticos, el “Estado del Bienestar”, en los dos últimos siglos, en particular en las economías capitalistas más avanzadas, el abanico de gastos asumidos por los Estados se amplió para satisfacer la demanda de esos nuevos derechos en forma de servicios sociales públicos.

Los derechos sociales son universales, y los Estados democráticos, naturalmente, deben garantizar el acceso de todos a los mismos. Son derechos fundamentales: la igualdad ante la ley, la salud, la educación, la cultura, la dependencia, el bienestar y el confort ciudadano en general. Esto es, conforman, los medios para el acceso a una vida digna, emancipada, no dependiente económicamente. Son valores humanos que, para que sean reales y auténticos, no pueden depender del nivel renta de las personas o de las familias. Ponerle precio, mercantilizarlos, privatizarlos, restringir su disponibilidad al colectivo de personas con capacidad patrimonial de adquirirlos, es subordinar su disfrute a los potenciales ingresos monetarios de las personas y las familias. Sería, en ese caso, una expropiación de derechos universales conquistados. En consecuencia, si los derechos sociales no se venden ni se compran, su financiación sólo puede provenir de la exacción democrática, tributaria, de impuestos, al conjunto de la población. El concepto de democrático como obligación de pago significa, en este caso, que estos recursos apropiados legalmente a las personas, familias y empresas sean suficientes para el gasto a financiar, y progresivos en relación al nivel de ingresos, es decir a la capacidad de pago de cada uno de esos agentes económicos. El concepto de gasto del Estado no se limita a los derechos, abarca también a las infraestructuras básicas y a la dotación humana que materializan el desarrollo y acceso a los servicios y derechos. Es decir, a los hospitales, centros de salud, juzgados, carreteras, comunicaciones, suministro de agua, energía, a los empleados administrativos públicos, entre otros. Todas estas son las competencias que deben asumir los Estados modernos actuales.

Los derechos sociales son universales, no pueden depender del nivel renta de las personas o de las familias. Mercantilizarlos sería una expropiación de derechos universales conquistados.

Pero hay más. El año de pandemia mundial y de la crisis económica asociada, ha obligado a los Estados a inyectar enormes recursos, monetarios y financieros, a trabajadores y empresas para sostener el pulso vital de la actividad, el trabajo, el ingreso y el consumo. Incluso, entre otros motivos, para asegurar rápidamente la producción y el suministro de vacunas para el conjunto de la población. Y, aun así, hoy los recursos públicos son insuficientes, no siempre llegan a quien corresponde, sea porque no están contemplados o por trabas de gestión administrativas.

El espectro de lo público en términos económicos, según lo descrito, ha crecido extraordinariamente y se necesita recaudar tributariamente, hoy más que antes. Todos están reclamando el concurso financiero del Estado, dando lugar a un incremento extraordinario del déficit público en tanto no se han ajustado de inmediato los ingresos. El espejo de la grandiosa magnitud financiera asumida por los Estados, en particular de los países avanzados, nos devuelve el saldo de una deuda que representa un 25-30% del PIB. En términos absolutos, unos 22 billones de dólares, unas veinte veces lo que vale la economía española de un año. Para desembolsarlos, Europa, pero también el resto de las economías mundiales, afortunadamente se han saltado los límites de emisión que la ortodoxia financiera consideraba sagrados, de máximos del 60% en relación del PIB y del 3% de déficit sobre el presupuesto del Estado. Hasta la Unión Europea ha admitido crear deuda mancomunada hasta ahora prohibida por los tratados. En el muy corto plazo el dilema estará entre o bien pagar los servicios de la deuda, intereses y amortización de capital, esto es volver a la austeridad compensatoria de los recortes de gasto público, o si bien, por el contrario, se amplia la base fiscal del sistema. Sin duda, no hay alternativa y la respuesta es ensanchar el soporte tributario de las economías. Esto último comporta, entre otras medidas, y sin retraso, la lucha decidida contra el fraude, la elusión y los paraísos fiscales, el fortalecimiento de la progresividad de tributos en renta, patrimonio y sucesiones, la dotación de herramientas administrativas y la incorporación de recursos humanos para la recaudación de los impuestos. Hay que sancionar ya una ley contra el fraude fiscal incorporando normativamente todos estos argumentos.

En el muy corto plazo el dilema estará entre o bien pagar los servicios de la deuda, intereses y amortización de capital, esto es volver a la austeridad compensatoria de los recortes de gasto público, o si bien, por el contrario, se amplia la base fiscal del sistema.

Es indecente que las elites económicas poderosas y tradicionales, y otras de nuevo cuño, argumenten en contra de pagar impuestos mientras asistimos a un festival impúdico de ganancias en acciones y otros activos financieros en los mercados secundarios de valores. Quien hubiera invertido en el Dow Jones, en el Ibex 35 o en Bitcoins en la primera hora de la pandemia, en 2020, se habría embolsado el 75%, el 35% ó el 900% de beneficios, respectivamente. No hay ningún argumento, ninguno, en los “fundamentales” de la economía actual, incluso, los de la ortodoxia más clásica, que justifiquen esos resultados en un panorama de una economía real, de corto y medio plazo, devastada. Esto quiere decir que los que cuentan con tesorería, con dinero en abundancia en las actuales circunstancias, los menos sin duda, no sólo no están por labor de la solidaridad tributaria, ni tampoco productiva, sino, por el contrario, por más rentas, más acumulación de riqueza y patrimonio a costa de las mayorías sociales más vulnerables, acrecentando y profundizando así, gravemente las desigualdades económicas y sociales.

La realidad de la crisis, sanitaria y económica en curso es dramática, y nada se resolverá, en lo sanitario y en lo económico, sin el concurso de lo público, sin el Estado y sin justicia fiscal suficiente, a pagar por todos democrática y progresivamente. Los impuestos son una opción, derechos sociales y una obligación ciudadana ineludible para todos.