Fiscalidad
La lucha por una Fiscalidad Justa sigue pendiente

Julio se inició con un entusiasmo inusitado por el acuerdo alcanzado entre la OCDE, organización en la que están los países ricos del mundo occidental, y 130 países para imponer un Impuesto de Sociedades del 15% sobre los beneficios de las mayores empresas del mundo.

Las políticas neoliberales han creado una situación de emergencia con el desplome de los ingresos públicos provenientes de los beneficios empresariales y la injusta carga de la fiscalidad que está obligando a todos los Gobiernos a replantearse el modelo. La recaudación de impuestos procedentes de las rentas de capital y el patrimonio se evaden continuamente en paraísos fiscales y por procedimientos contables. Han caído los tipos porcentuales que gravan el lucro empresarial, los grandes patrimonios y los segmentos superiores de renta.

En 1985 el tipo nominal medio del impuesto de sociedades era del 50% en la UE, hoy es del 22,5%. Y esto ha sucedido no solo en los países desarrollados, sino en todas las regiones del mundo. El corolario de estos ajustes a la fiscalidad, y con el trabajo asalariado como un bien cada vez más escaso, ha hecho que todos los sistemas fiscales se hicieran progresivamente más débiles en términos de suficiencia presupuestaria. Y más injustos, al quedar los ingresos públicos cada vez más sostenidos en los impuestos indirectos al consumo, que gravan por igual al débil que al poderoso.

En 1985 el tipo nominal medio del impuesto de sociedades era del 50% en la UE, hoy es del 22,5%. Y esto ha sucedido no solo en los países desarrollados, sino en todas las regiones del mundo.

La OCDE lleva más de 8 años trabajando a distintos niveles para un documento de consenso al que no llegó ni a poner números definitivos a los tipos impositivos ni a establecer un criterio sólido de base imponible gravable. El abanico de empresas afectadas a nivel mundial no superaría el centenar, al involucrar solo a aquellas que facturen un mínimo de 20 mil millones (están excluidos de regulación los servicios financieros regulados y las industrias extractivas). Se sugiere que deben redistribuir, a partir de una rentabilidad del 10% y de una facturación mínima, un porcentaje de los beneficios entre los países de acuerdo a un posible criterio de ventas por país. Oxfam le ha puesto número a un ejemplo: Una empresa que factura 30 mil millones y tiene un beneficio del 25% (esto es 7.500 millones, superior al 10%) debería pagar un monto que es el 20% de la diferencia entre el 25% obtenido y el 10% (margen de beneficio a partir del cual estaría obligada a pagar) = 15%. El cáculo se resume en: 7.500x20%x15%= 225 millones. Es decir, un 3% (225/7500) de los beneficios y a distribuir con un criterio aún no definido, que podría ser las ventas por país. Un resultado miserable.

Sin duda, EE.UU, impulsado por necesidades de ingresos públicos y las dificultades para recaudar impuestos de sus grandes tecnológicas, se vio obligado a proponer al G7 un tipo del 25% para el Impuesto de Sociedades. Pero un mes más tarde, la OCDE y los 130 países comunican que será del 15%, 10 puntos menos. Y aún queda la instancia de varios comités y el plenario de Presidentes del G20, en noviembre, para nuevos tijeretazos. Las expectativas de medidas fiscales contundentes se evaporan en cuestión de minutos.

La tributación sobre beneficios empresariales tiene trampa.

El impuesto de sociedades, a diferencia del impuesto a las rentas de las personas o al consumo, que se aplica sobre cifras de ingreso o gasto, es una tributación con potencialidad de trampa. Grava la cuenta de resultado de las empresas y los engaños se originan en la forma de elaborarla. El diablo más singularmente está en la contabilidad de los gastos que reducen el saldo sobre el que se calcula el impuesto total. Una norma tributaria internacional a grandes empresas no puede ser ajena a una concreción simultanea sobre la sustancia contable imponible. Si es solo a lucro empresarial poco se habrá avanzado.

Hace muchos años que los grupos transnacionales, los de la edad de oro del capitalismo de posguerra, como los holdings automovilísticos, energéticos o de bienes de equipo, vienen haciendo arreglos con los precios de transferencias de los insumos dirigidos a sus filiales en el extranjero. En general, estos provenían de sus casas matrices y se inflaban. Ahí estaban, además, los costos intangibles como las transferencias de tecnología. Eran gastos que reducían el beneficio de la filial a la vez que engordaba los ingresos de la matriz. Esta práctica insolidaria, especialmente en términos fiscales, se agravó extraordinariamente con el auge de los gigantes tecnológicos que hacen transitar la contabilidad por varios países en función de una ingeniería de pagos fiscales mínimos. Incluso son sociedades “fantasmas” que en muchos países no necesitan ni existir. Así es como operan Google, Facebook, Amazon, Apple y otros, que tienen la facilidad virtual de situar los gastos e ingresos en la geografía más ventajosa. La materia intelectual de sus negocios y la articulación que explica su proceso productivo, a diferencia de una planta industrial clásica con grandes inversiones de maquinaria, trabajadores manuales asociados e instalaciones materiales fijas, se puede situar en cualquier parte del planeta. Por eso el tipo efectivo de impuesto de sociedades alcanza cifras, muchas veces, ridículas en relación al volumen de ventas.

La financiarización de la economía completa el cuadro del descalabro de los ingresos tributarios del capital, porque la propiedad de muchos holdings empresariales es de fondos de inversión domiciliados en paraísos fiscales. No sólo están en Irlanda o Luxemburgo, también en las Islas del Caribe o del Mar del Norte. No hay ninguna otra explicación para que sean esos territorios sedes principales de negocios, más que el tipo reducido de impuesto de sociedades que pagan.

No es posible bajar la guardia en la lucha por un fiscalidad justa y suficiente, y menos aún con los retos de gasto público que nos exige la crisis y la salida aún incierta de la pandemia mundial.

Con todo, rebajar en el cortísimo plazo de un mes las expectativas del 25% al 15% no augura grandes logros. Ya ha habido respuestas inmediatas de ONG y plataformas fiscales críticas sobre lo poco ambicioso, la escasa capacidad de recaudación y los casi nulos efectos sobre los países más pobres de este acuerdo en marcha a nivel de OCDE y G20.

No es posible bajar la guardia en la lucha por un fiscalidad justa y suficiente, y menos aún con los retos de gasto público que nos exige la crisis y la salida aún incierta de la pandemia mundial.