Explotación laboral
La precariedad detrás del fallecimiento de un barrendero en Madrid

Los barrenderos y barrenderas de Madrid limpian las calles a 40 grados con botas de invierno. Visten un uniforme confeccionado a base de poliéster y los sindicatos avisan de que ya se han registrado sarpullidos y quemaduras a causa de la escasa transpiración del tejido. Todo esto ya había sido comunicado a las empresas adjudicatarias que compran el material a los proveedores que indica el Ayuntamiento y que tiran del más barato, según denuncian. También cuentan los sindicatos que habían solicitado al Ayuntamiento que se cambiaran las rutas para que las calles expuestas al sol fueran limpiadas cuando estuvieran en sombra. Si el Consistorio no da su beneplácito, las concesionarias no pueden tomar esta decisión. Esta petición no se puso en vigor. Tampoco cambiaron sus uniformes. En la madrugada del viernes al sábado un trabajador moría por un golpe de calor tras estar tres horas limpiando a 40 grados en la Avenida de San Diego (Puente de Vallecas).

Hoy martes, sindicatos y patronal se reúnen para pactar un protocolo frente al calor. Hoy, martes, cuando ya hay una muerte sobre la mesa. Ha hecho falta esto para que se tomen medidas, se queja Manuel Soto, coordinador de Limpieza Viaria en el Sindicato de Limpiezas y Mantenimiento de CGT Madrid. “Les habíamos solicitado el cambio de recorrido, el cambio de los zapatos, el cambio en los polos que estaban haciendo quemaduras. Todo esto muchísimo antes del fallecimiento. El último escrito que les mandé es del 16 de junio”, explica Soto y así lo ha podido comprobar El Salto.

“Les habíamos solicitado el cambio de recorrido, el cambio de los zapatos, el cambio en los polos que estaban haciendo quemaduras.  Todo esto muchísimo antes del fallecimiento. El último escrito que les mandé es del 16 de junio”

El trabajador fallecido, José Antonio González, tenía 60 años y un contrato eventual para cubrir las vacaciones de verano. Llevaba apenas 15 días limpiando las calles y, antes de esto, tuvo otro contrato temporal en el servicio. La empresa Urbaser, a la que pertenecía, lleva desde 2021 gestionando esta zona.

El alcalde de la capital, José Luis Rodríguez Almeida, guardó silencio durante el fin de semana. Este lunes explicaba a los medios que los uniformes estaban “homologados” y señalaba a Inspección de Trabajo, perteneciente al ministerio de Yolanda Díaz, quienes tendrían que haber intervenido, según el alcalde.

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El estudio 'Los episodios de altas temperaturas como riesgo laboral', publicado por CC OO, alerta de los nuevos sectores expuestos a estrés térmico y de la dejación institucional en esta materia. “Gamesa es líder en aerogeneradores eólicos y si dice que hay que subir para reparar uno, subes, lo pones en marcha y pasas calor”, resume un extrabajador.

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“En campaña son frecuentes los contratos eventuales. Había entrado para cubrir las vacaciones de otro trabajador. Van con mucha más presión, entran a trabajar y su objetivo es quedarse. Salió a trabajar a las 14 h. de la tarde, se desmayó a las 17 h. Llevaba tres horas barriendo con 40 grados en la calle, al sol. Cuando le encontraron en el suelo tenía 41,6 grados de temperatura corporal”, resume Manuel Menéndez, responsable de Limpieza Viaria de CC OO del hábitat Madrid. Su fallecimiento se confirmaba en la madrugada del viernes al sábado en el Hospital Gregorio Marañón.

Una historia de contratas

Este servicio arrastra déficit de personal desde 2013, año en el que la alcaldesa, Ana Botella, decidió ajustar presupuestos. Su compañero de partido y predecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, y sus reformas faraónicas, habían dejado una deuda en las arcas públicas de 7.000 millones de euros. Nacía así el “macrocontrato” integral de limpieza, que adjudicaba a cuatro grandes constructoras —OHL, Sacyr, FCC y Ferrovial— la gestión de los seis lotes en los que dividían la ciudad. Antes de esto había 39 contratos para los 21 distritos y seis PAU. El pliego incluía una rebaja del 10% del coste anterior. Las empresas pujaron a la baja, recortando un 16% el presupuesto ofertado.

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Más de 1.630 millones de euros en seis años se gastará el Ayuntamiento de Madrid en los nuevos contratos de limpieza y jardinería viarias, un 52% más de presupuesto que el anterior contrato firmado en tiempos de Ana Botella. Para la ciudadanía, un despilfarro de 60 millones anuales.

A los pocos meses, la puja a la baja se estrelló con la realidad de las condiciones laborales: las empresas tenían que despedir personal. Primero amenazaron con un ERE, frenado por una huelga de limpieza que escaló a portadas internacionales. La lucha de los trabajadores y trabajadoras transformó el ERE en un ERTE. Por el camino se perdieron unos 1.000 contratos.

Almeida presumía de ampliar el presupuesto en más de un 40%. Las calles pasarían de contar con 3.200 a 5.200 trabajadores y trabajadoras. Pero no se llegaba a los niveles de 2013.

En noviembre de 2021, el megacontrato tacaba a su fin. El hoy alcalde, José Luis Rodríguez Almeida, lejos de acogerse al deseo expresado por trabajadores y secciones sindicales de remunicipalizar el servicio, volvió a la carga con otro contrato integral. Presumía de ampliar el presupuesto en más de un 40%. Ofrecía 1.636 millones de euros que se traducirían en 2.000 operarios más. Las calles pasarían de contar con 3.200 a 5.200 trabajadores y trabajadoras. Pero no se llegaba a los niveles de 2013 y así lo puntualizaba en la comisión de Medio Ambiente el portavoz del grupo mixto José Manuel Calvo. “En 2013 había 6.300 trabajadores y trabajadoras de la limpieza por lo que Madrid sigue perdiendo más de 1.000”, remarcaba Calvo.

Cinco fueron las empresas adjudicatarias de estos lotes: Cespa, la UTE Valoriza-OHL, la UTE Alfonso Benítez-Acciona, FCC y Urbaser. Empresas que comenzaron incumpliendo los pliegos, tal y como explica Manuel Menéndez, de CC OO. “El nuevo contrato lleva un incremento importante en costes de maquinaria. Las empresas avisaron de que no les daba tiempo a tener toda la maquinaria, empezaron incumpliendo el pliego. Además, los costes de personal no estaban incluidos dentro del pliego, habían incluido los costes del convenio anterior, no del presente. Por esa serie de problemas no se ha podido contratar a toda la gente que prometían. Hubo algunos contratos nuevos sólo para el arranque, a los pocos meses esos contratos eventuales no volvieron más”, recrea.

A Puente de Vallecas, donde el pasado sábado fallecía un trabajador, llegaba Urbaser. Manuel Soto, el representante de CGT que faena en el mismo lote, describe su llegada como “un elefante en una cacharrería”. “A la gente que estaba de baja les quitaron la parte proporcional en la paga de navidad, cuando en el convenio pone que les corresponde el 100%. Te quitan el dinero de las horas para ir al médico. No cumplen la normativa, ni las sentencias del Supremo”, se queja.

Soto denuncia un empeoramiento en las condiciones laborales, unido a la escasez de personal que “obliga” a doblar a compañeros “que se presentan como voluntarios forzosos para hacer los fines de semana”. Y dice “obligar”, porque siempre detrás de estas peticiones está el riesgo del despido.

“Los trabajadores tienen un plazo de tiempo para hacer cada sector, van con hora. Al ser tan amplios y tan largos no les da tiempo, tienen que ir más rápido. Están estresadísimos porque no llegan”

“Si hubiera más personal trabajando en la calle, los riesgos serían también menores”, añade el portavoz de CC OO. “El pliego de condiciones va por tiempo estipulado. Los trabajadores tienen un plazo de tiempo para hacer cada sector, van con hora. Al ser tan grandes, amplios y tan largos no les da tiempo, tienen que ir más rápido. Están estresadísimos porque no llegan”, añade.

Tras el fallecimiento, los sindicatos piden una investigación. “Hemos puesto una denuncia a Inspección de Trabajo, que ya está actuando de oficio. Y si hay responsabilidad penal que la empresa pague y que el Ayuntamiento pague también. Aquí hay varios culpables”, avisa Soto, para quien la solución pasa por la remunicipalización de los servicios, que evita que las empresas concesionarias precaricen aún más las condiciones de los trabajadores.

Mientras, el termómetro no da tregua y la precariedad tampoco. En España ya se han registrado 510 muertes en los seis últimos días atribuibles al calor, según Sanidad. Este lunes por la tarde se conocía un segundo deceso en el entorno laboral madrileño: el de un trabajador de una nave de Móstoles que alcanzó 42,9 grados de temperatura corporal, según UGT en declaraciones a EFE. Este sindicato avisa de que los compañeros denuncian que la temperatura dentro del lugar de trabajo alcanzó 46 grados. “Se ha demostrado que el calor mata y no podemos permitir ni una muerte más”, sentencia Menéndez.