Deuda
Poner fin a las políticas neocoloniales de la UE en materia de comercio e inversiones

Día tras día, la pandemia del coronavirus es un catalizador de las desigualdades a través del mundo. Estas desigualdades tienden a aumentar tanto en el seno de los países como entre los diferentes países y regiones del mundo. Recientemente mostramos que la política de endeudamiento de los países, lejos de servir para financiar servicios esenciales, sirve como mecanismo de dominación de los países del Sur por los capitales del Norte. Si queremos hacer frente a las desigualdades, más que nunca debemos impulsar una política de cancelación de la deuda. Lo mismo también se puede aplicar a las relaciones comerciales. Estas no han hecho más que remplazar las antiguas relaciones coloniales, favoreciendo ampliamente a los capitales de los países del Norte, reproduciendo las divisiones productivas a nivel internacional y precarizando masivamente a las poblaciones de los países del Sur.

En el contexto de la crisis global del capitalismo y con las negociaciones multilaterales dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en punto muerto, los gobiernos de la Unión Europea (UE) están apostando cada vez más por la dinámica de acuerdos comerciales regionales en sus relaciones con casi todos los continentes: Asia (Corea, India, países de la ASEAN), América del Norte (Canadá), América del Sur (Mercosur, Perú / Colombia / Ecuador), América Central, Oriente Medio (Consejo de Cooperación del Golfo). Por un lado, la Unión Europea ha emprendido la negociación de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con las diferentes regiones de África. Por el otro, con respecto a los países vecinos del sur (países de la costa sur del Mediterráneo) y el este (Ucrania, Moldavia y los Estados del Cáucaso) de Europa, la Unión Europea ha comenzado un proceso de negociación de los llamados acuerdos de libre comercio ya firmados y comenzado a negociar acuerdos de “segunda generación”.

Se trata de acuerdos de libre comercio exhaustivos y profundizados que incluyen la armonización de las legislaciones y reglamentos (bajo el “acervo” jurídico europeo) en beneficio de las grandes empresas y bancos, en particular los de los países dominantes dentro de la UE, a expensas de los derechos de los pueblos. Por lo tanto, la UE se encuentra en una cruzada comercial neocolonial para subordinar a los pueblos de la periferia a las fracciones dominantes del gran capital europeo e imponer condiciones de un carácter liberal mayor que las obtenidas dentro de la OMC, en beneficio de sus capitales.

 la UE se encuentra en una cruzada comercial neocolonial para subordinar a los pueblos de la periferia a las fracciones dominantes del gran capital europeo

El trío formado por el Banco Mundial, el FMI y la OMC trabajan conjuntamente para apoyar esta guerra comercial en beneficio de las multinacionales a través de políticas neoliberales aplicadas celosamente por la mayoría de los gobiernos de la UE, las clases dominantes en el sur y sus respectivos gobiernos. Estos acuerdos están interconectados con tratados y acuerdos bilaterales de inversión y todos incluyen mecanismos vinculantes como el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a Inversiones, CIADI, -ICSID- dependiente del Banco Mundial) o entre Estados (mecanismo de solución de diferencias de la OMC) a fin de fortalecer la subordinación de los Estados a las multinacionales para garantizar la rentabilidad de las empresas y proteger sus inversiones en detrimento de las personas y el medio ambiente. Así, estos acuerdos neocoloniales de comercio e inversión son amplios y engloban prácticamente todas las áreas económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales.

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Este texto forma parte de la publicación titulada "El impacto en el Sur de las políticas financieras europeas y de las estrategias de cooperación para el desarrollo y las alternativas posibles”, preparada en el marco del proyecto ReCommonsEurope.

Los objetivos de dichos acuerdos se pueden agrupar en tres categorías:

Primero, se trata de garantizar al capital el acceso a nuevas áreas de ganancias y explotación a nivel internacional mediante, la desaparición o reducción sustancial de los derechos de aduana y las llamadas barreras no arancelarias en los sectores industriales y agrícolas; la privatización de los sectores sociales públicos (salud, educación, transporte urbano, etc.) y las empresas públicas de los sectores estratégicos (telecomunicaciones, banca, energía, etc.), de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS de la OMC sobre la liberalización del comercio de bienes y servicios; el fomento de las inversiones extranjeras directas.

 En segundo lugar, se trata de proteger la posición privilegiada del capital procedente de las economías europeas dominantes en particular y de la UE en general, así como el control de la división del trabajo y las correlaciones de poder, propias de la jerarquía de las cadenas globales de producción por la imposición del respeto a la ley y a la política de la competencia, así como de las regulaciones sobre contratación pública en beneficio del gran capital; el cumplimiento de las normas sobre patentes (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC); el cumplimiento de normas de protección ambiental ligeras y no vinculantes; el fortalecimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias para las exportaciones del Sur, etc.

Por último, se trata de poner a disposición del capital mano de obra barata mediante la desregulación de los derechos de las y los trabajadores con la introducción de la máxima flexibilidad, es decir, de precariedad. Esta desregulación y esta precariedad afecta tanto a las y los trabajadores en el sur como en el norte al alentar la competencia entre trabajadoras y trabajadores de estas distintas regiones.

La UE refuerza los mecanismos de protección de sus grandes capitalistas con normas sanitarias y alimentarias muy severas y exigiendo cláusulas sociales, fiscales y ambientales vinculantes para las importaciones del Sur

Así, por un lado, a través de estos acuerdos de comercio e inversión expansionistas, la UE obliga a los países del Sur a abrir sus fronteras, sus mercados y sus servicios públicos a las empresas del centro de la UE para exportar productos subsidiados sin encontrar barreras aduaneras a fin de saquear sus riquezas, explotar una mano de obra mal pagada y repatriar las ganancias. Y mientras, por otro lado, refuerza los mecanismos de protección de sus grandes capitalistas con normas sanitarias y alimentarias muy severas y exigiendo cláusulas sociales, fiscales y ambientales vinculantes para las importaciones del Sur. Estas disposiciones vinculantes se introducen, por ejemplo, en la Política Agrícola Común (PAC) para limitar el volumen de exportaciones hacia el mercado europeo, especialmente de productos agrícolas que compiten directamente con los de los países europeos.

Quince negociaciones comerciales que nos dejan sin aire

Tom Kucharz

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Acuerdos comerciales

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Tom Kucharz

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Tras la fuerte oposición contra la firma del Tratado Transatlántico (TTIP) de hace cinco años, Bruselas prometió más “control democrático” de los acuerdos y participación de los parlamentos nacionales y la sociedad civil. Está pasando todo lo contrario.   

Los efectos destructivos de los llamados acuerdos de libre comercio

Los efectos destructivos de estos acuerdos de libre comercio firmados con la UE ya son claramente visibles en la mayoría de los países del Sur y más particularmente en términos de acuerdos de asociación económica (AAE) en África subsahariana. Estos ya han merecido la designación de “acuerdos de asfixia económica” o “acuerdos de empobrecimiento económico” por parte varias organizaciones que luchan en África. Los principales impactos pueden se traducen en la profundización del déficit comercial y dependencia estructural, la pérdida de ingresos aduaneros y aumento del déficit de la balanza de pagos, el endeudamiento masivo que recae principalmente por las clases populares a través del aumento de sus impuestos y recortes en el gasto social el deterioro de las condiciones ambientales por el extractivismo y el acaparamiento de recursos, la destrucción de semillas locales y restricción de la producción local de medicamentos (genéricos) por los derechos de propiedad intelectual (comercialización del conocimiento) un mayor empobrecimiento de los pequeños agricultores y de la dependencia alimentaria. También incide en un aumento del desempleo masivo y la precarización laboral, el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres por la privatización de los servicios públicos (educación y salud), destrucción del campesinado, desempleo, etc, y la multiplicación de barreras y dispositivos para limitar el cruce de las fronteras de la Europa fortaleza por parte de las personas migrantes y refugiadas del sur.

En definitiva, los AAE redundan en el debilitamiento de las economías a nivel macroeconómico, haciéndolas más dependientes del mercado global, la transferencia de los costos de la liberalización externa a las clases trabajadoras, un deterioro de la producción y el medio ambiente locales, así como un fortalecimiento de desigualdades de género. Al mismo tiempo, haciendo que el cruce de fronteras sea más difícil, si no imposible, los AAE protegen a las potencias europeas de los costos sociales que producen sus políticas neocoloniales.

Por último, se debe subrayar que estos acuerdos tienen un impacto autoritario en el sentido de que fortalecen las estructuras y prácticas de decisiones antidemocráticas en los países del Sur. Las negociaciones sobre acuerdos de libre comercio se caracterizan por una opacidad que no permite ningún debate democrático real.

Tareas los movimientos progresistas para una política europea diferente

La izquierda radical en Europa debe trabajar muy de cerca con los movimientos sociales y políticos radicales en el Sur para luchar contra esta cruzada comercial de los países imperialistas y sus instituciones internacionales (especialmente el trío BM, FMI y OMC) que aumenta la concentración de riqueza en manos de una minoría capitalista a escala mundial. También deben combinar sus esfuerzos para luchar contra las clases dominantes del Sur, que actúan como agentes de esta nueva colonización que exacerba el subdesarrollo y la miseria de los habitantes. Su objetivo común es contribuir activamente a la llegada al poder de gobiernos radicales y populares basados en instituciones democráticas reales en la base y en una movilización popular permanente.

Así, una fuerza popular radical que llegue al gobierno en un país europeo debe emprender un proceso de ruptura con la lógica del intercambio desigual, injusto y antidemocrático del comercio mundial. Este intercambio tiene como corolario el sistema de división internacional del trabajo que condena a las economías del Sur a especializarse en la exportación de algunas materias primas, productos agrícolas y pesqueros y a permanecer dependientes a nivel industrial, tecnológico, financiero, alimentario y otros. Los países dominantes imponen la apertura de mercados en el sur para que las exportaciones europeas, que a menudo están subvencionadas, puedan penetrar un poco más.

Toda fuerza progresista que aspire a llegar al gobierno deberá comprometerse a tomar medidas para erradicar la pobreza y la desnutrición y promover la estabilidad laboral en lugar de la libre movilidad del capital. El objetivo es unir a los pueblos y no vincularlos a los intereses de cada clase dominante mediante el desarrollo de una alianza de trabajadores, pequeños productores, campesinos y desempleados en el sur con los oprimidos en Europa.

El gobierno popular resultante establecerá programas de ayuda para la industrialización de las economías del sur y la construcción de economías locales independientes, autónomas y solidarias que promuevan un desarrollo humano y democrático endógeno basado en particular en la soberanía alimentaria. Deberá otorgar acceso preferencial a sus mercados para productos que respeten las nociones de equidad y que provengan de pequeños productores y aumentar los impuestos sobre los productos del agrobusiness y aquellos que violen las normas sociales y ambientales. Reactivará redes cortas de comercialización y políticas de apoyo a pequeños productores locales tanto en el Norte como en el Sur y establecerá vínculos directos y de confianza entre productores y consumidores. Reconocerá y apoyará el derecho de las poblaciones a vivir con dignidad en sus territorios sin ninguna agresión comercial extranjera y sin verse obligadas a ningún tipo de desplazamiento forzado.

El gobierno popular trabajará para desarrollar proyectos alternativos de cooperación comercial que respondan a las aspiraciones populares, basándose en los argumentos y experiencias de lucha contra los llamados acuerdos de libre comercio desarrollados por movimientos sociales y políticos radicales en los países del Sur. A título de ejemplo podemos citar la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América - Tratado de Comercio entre los Pueblos) construida sobre los principios de solidaridad, complementariedad, justicia y cooperación, y colocando al ser humano en el centro de sus principios y prácticas.

¿Cuáles deberían ser los primeros pasos de un gobierno popular?

Los principios generales de la acción política enunciados deberán traducirse en medidas que se puedan aplicar inmediatamente tras la toma de posesión de dicho gobierno. Entre ellas destacamos que se deberá someter a una auditoría con participación ciudadana todos los tratados bilaterales y multilaterales de inversión y comercio y suspender su aplicación durante la duración de la auditoría. La conclusión de esta auditoría será el derogar todos los tratados que se consideren ilegítimos y / o abusivos.

Este gobierno deberá fomentar el ejercicio de la soberanía popular en los países del Sur para desarrollar con ellos un comercio justo que respete la justicia social y ambiental y establecer mecanismos reales de cooperación que pongan fin al saqueo y favorezcan el surgimiento de sus economías.

De forma paralela, debería abandonar la OMC y promover una campaña internacional contra esta institución y contra sus dos congéneres, BM y FMI, para su reemplazo por instituciones democráticas de solidaridad.

Se deberá apostar por el fin de los sistemas de arbitraje que permiten a las grandes compañías reclamar sumas colosales de los Estados

Por otro lado, se deberá por apostar por el fin de los sistemas de arbitraje que permiten a las grandes compañías reclamar sumas colosales de los Estados si toman medidas de interés general que disminuyen las ganancias de los intereses capitalistas privados. Luego, el gobierno instituirá un procedimiento para abandonar el CIADI (órgano del Banco Mundial) y el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC saliendo de él. En su lugar, debería establecer un procedimiento de arbitraje aceptado y legítimo que consista en enjuiciar a las empresas transnacionales en su jurisdicción nacional y aumentar sus sanciones financieras en función de la gravedad de su violación de la soberanía de los pueblos, de las normas sociales y ambientales.

Esto también se traduciría en levantar el secreto sobre los acuerdos comerciales y de inversión que permiten a las empresas cada vez más ocupar el lugar de los pueblos y los Estados para proteger su libertad de acción y sus inversiones. Por último, deberá apoyar la iniciativa a favor de un tratado jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos en todos sus aspectos: civil, político, económico, social y cultural.

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