Ciudadanos
Conflictos internos generan polémica dentro de Ciudadanos Extremadura

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía mantiene a María Victoria Domínguez, su única diputada en la Asamblea de Extremadura, investigada por un supuesto de prevaricación. Mientras, ha expulsado a varios de sus concejales electos o ha visto cómo renunciaban a su afiliación por los conflictos internos que se han generado en la formación naranja desde las pasadas elecciones autonómicas y municipales de 2015, en las que obtuvo una diputada en la Asamblea, 38 concejalas y concejales en diversos municipios de las dos provincias, gobierno en tres ayuntamientos de escasa población y representación en la diputación provincial de Cáceres. También ha recibido críticas por las disputas internas entre sus dirigentes, con cruces de acusaciones que han salpicado a gran parte de la dirección extremeña, y por el pasado político de muchos de sus nuevos cargos, provenientes del Partido Popular o de formaciones de tintes racistas.

Investigada por prevaricación

Este es el caso, por ejemplo, de su única diputada en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, investigada por un presunto delito de prevaricación por el caso Santa Bárbara en Plasencia. Domínguez tiene una trayectoria dilatada en distintas organizaciones políticas. Comenzó su carrera en el Partido Popular, el cual abandonó para crear su propia formación, Unión del Pueblo Extremeño, con la que concurrió a las elecciones en dos ocasiones, siendo en una de ellas la llave para formar gobierno en la ciudad, ya que tanto PP como PSOE habían obtenido diez concejales cada uno. Se decantó por la socialista Elía Blanco, quien más tarde acabaría en prisión fruto de su gestión de gobierno en la capital del Jerte.

Abel Izquierdo, concejal de Plasencia en Común, afirma que María Victoria Domínguez “tiene un bufete de abogados y siempre ha estado ligada a la defensa de los intereses de los constructores y grandes propietarios de la ciudad de Plasencia”

Tras haber saltado de un partido a otro, María Victoria ve su momento en Ciudadanos, una organización que se está expandiendo en el Estado y que en en Extremadura no cuenta con apenas dirigentes. En 2014 anunció que su partido UPEx se integra en la formación naranja. Al contar con cierta estructura orgánica, copa la dirección autonómica del partido liderado por Albert Rivera, con lo que consigue situarse en la mejor posición para ocupar el puesto de salida por la circunscripción de Cáceres. Con un 5,09% de los votos emitidos en la provincia, María Victoria Domínguez se convirtió en la primera, y única diputada de Ciudadanos en la comunidad. Y en la cabeza visible de la formación naranja en la región.

Ese mismo año, la socialista Elía Blanco, anterior alcaldesa de Plasencia gracias al voto de Domínguez, entra en la cárcel de Ávila para cumplir condena por un delito continuado de fraude y prevaricación en el conocido como Caso Plasencia. Mientras tanto, las sospechas sobre la ya líder de Ciudadanos en la región en su etapa como máxima responsable de Urbanismo en el consistorio placentino se empiezan a disparar. Llega el Caso Santa Bárbara y citan a María Victoria Domínguez en calidad de investigada por el posible delito de prevaricación urbanística que se podría haber cometido al no proceder a la demolición de varias casas ilegales de la sierra de Santa Bárbara sobre las que pesaban órdenes firmes de derribo.

La diputada de Ciudadanos, pese a pertenecer a un partido que afirma estar en contra de los aforamientos de los cargos públicos, mantiene su acta de diputada y afirma que solo declarará en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, desde donde el fiscal pide su inhabilitación. Hace solo unos días, Domínguez recibía un revés judicial, al desestimar la Sala de lo Civil y Penal de dicho tribunal el recurso de nulidad extraordinario impuesto por la portavoz de C’s el pasado 22 de febrero. Según los estatutos de la formación naranja, “los representantes institucionales y cargos orgánicos del Partido deberán poner su cargo, y en su caso el acta”, como ocurre en caso de Domínguez, “a disposición del Partido, si fuere investigado, aún sin acusación en el transcurro de una investigación, tratándose de un delito de corrupción o prevaricación”; situación que de momento no ha tenido lugar.

Acusaciones, renuncias y expulsiones en la provincia de Badajoz

En Mérida, la trifulca entre sus dos concejales electos, Antonia Sanmartín y Juan Luis Lara, comenzó pronto, al no ponerse de acuerdo en sobre quién recaería la portavocía del grupo naranja durante la legislatura. Sanmartín denunció a Lara por supuestas coacciones e insultos y acusó a la dirección de Ciudadanos de haber cometido un acto “injusto” al abrirle un expediente disciplinario, afirmando que "algún miembro de los órganos de dirección territorial" del partido había filtrado de forma "interesada" esta información a los medios, una falta que tildó de "muy grave" dentro de los estatutos de la formación.

Además, según informaron medios locales, señaló que se vio “obligada” a llevar a los tribunales su relación con su compañero debido a la “pasividad” de la delegación territorial del partido y su “negativa” a la hora de intervenir o intermediar” en el tema. Finalmente, la dirección del partido respondió, a los seis meses, expulsando a los dos representantes del partido y dejando a la ciudad sin el grupo municipal de Ciudadanos que unos meses antes habían votado los y las emeritenses.

Badajoz tampoco se ha visto libre de las disputas internas que han afectado a otros ayuntamientos de la comunidad. Uno de sus dos concejales, Luis García-Borruel Delgado, abandonó el partido afirmando que le habían “cortado la cabeza porque molestaba”. Su marcha se debió, principalmente, a que no recibió respuesta por parte de la dirección nacional de Ciudadanos a una documentación que mandó a Madrid denunciando presuntas irregularidades en la organización regional del partido, entre otras, “afiliaciones masivas para hacerse con su control”.

Pero el trasfondo de la polémica, según apuntaba el concejal a medios de comunicación regionales, tendría motivos tácticos, pues “todo el mundo sabe y conoce que lo que ha habido es una connivencia entre PP y los dirigentes regionales de C’s para tener mayoría absoluta”. Borruel presentó su renuncia como afiliado pero mantuvo su acta de concejal.

La otra concejala de la formación naranja en el ayuntamiento pacense, Julia Timón Esteban, tampoco está libre de polémica, pues es, según el grupo municipal socialista, la concejala no liberada que más cobra del Consistorio, por encima de concejales con funciones de gobierno, y ha sido, además, acusada de corrupción por su excompañera de Mérida.

Cáceres: xenófobos, tránsfugas y desembarco de figuras del PP en C’s

Los mejores resultados obtenidos por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en las elecciones de 2015 se cosecharon en la provincia de Cáceres, tanto por conseguir su única acta de diputada por esta circunscripción, como por obtener 31 actas de concejales y concejalas frente a los 7 de Badajoz. Pero los problemas también han acompañado a la formación durante toda la legislatura en esta provincia.

Aparte del caso de María Victoria Domínguez, la polémica saltó en Talayuela cuando en mayo de 2015 el sector crítico de Ciudadanos en Extremadura acusó a María Soledad Castellano Gómez, candidata número dos al parlamento regional por este partido, de haber creado y militado en una formación de tintes “racistas y xenófobos” en la localidad, Iniciativa Habitable, con el que concurrió a las elecciones municipales de 2007, siendo ella misma cabeza de lista y obteniendo varios concejales. Posteriormente, abandonaron dicho partido para pactar con el Partido Popular a nivel local, y pasaron a denominarse 'Iniciativa Talayuela'. Finalmente, en 2011 se fundieron con UPEX, partido liderado por María Victoria Domínguez, formación que acabó integrándose en Ciudadanos.

El caso de la líder del partido Iniciativa Habitable no es el único. Jorge Gómez Esteban y Francisco Burcio, ambos exmilitantes de la organización creada por Castellano, siguieron su estela y han acabado militando en Ciudadanos, así como Miguel Ángel Sánchez García, que encabezó la lista en la entonces pedanía, hoy municipio independiente, de Pueblonuevo de Miramonte.

Toda esta polémica provocó que el sector crítico de Ciudadanos Extremadura pidiese el cese de todas estas personas y de la propia Domínguez para que “la imagen regeneradora de esta formación, ya manchada en Extremadura con la designación de Domínguez y su pasado político, no se vea más perjudicada”, según comunicaba la organización en nota de prensa.

En el ayuntamiento de Cáceres el problema no son tanto las disputas internas como el trasvase de dirigentes del Partido Popular a Ciudadanos. El último cargo que se ha dado de baja del PP cacereño para engrosar las filas de C’s ha sido José Antonio Villa, quien fue presidente de la Junta local de los populares y que precedió a la alcaldesa Elena Nevado en la dirección del PP en Cáceres. Villa también fue concejal en la etapa de José María Saponi, como lo fueron Lázaro García y Francisco Javier Castellano, que ya se habían adelantado a Villa al cambiar el color azul por el naranja. A estas bajas, con sus respectivas altas, hay que añadir otros dos ex altos cargos del PP cacereño, Javier Casado y Luis Fernando Gallego. Esta dinámica también se ha producido en la formación juvenil de los populares. Según información aparecida en prensa, al menos una decena de miembros de Nuevas Generaciones han abandonado el partido, pasándose algunos de ellos a Ciudadanos.

Conflictos internos

Ciudadanos Extremadura se encuentra profundamente dividido por controlar el aparato y los recursos de la organización, además de por un enfrentamiento ideológico. De este modo, una parte de la formación, cuya cabeza visible sería el portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, es más receptiva a un acercamiento al Partido Popular, a un giro político a la derecha; mientras el sector encabezado por la actual diputada en la Asamblea, Domínguez, es partidario de una posición más moderada y más cercana al entendimiento con el PSOE.

A estos conflictos por el control del partido e ideológicos se añaden otros como las expulsiones de afiliados. A modo de ejemplo, en noviembre del año pasado el Juzgado de Primera Instancia de Zafra celebró un juicio contra Ciudadanos Extremadura por la presunta expulsión irregular de un exmilitante de dicha localidad.

Estas luchas intestinas han provocado declaraciones cruzadas por parte de varios dirigentes de la formación, como es el caso Borruel, el concejal pacense que abandonó el partido tras las presiones de la dirección regional por ser partidario de la moción de censura contra el alcalde del PP, Francisco Fragoso, quien ha lanzado graves acusaciones contra Ciudadanos Extremadura, tales como fraude electoral interno mediante afiliaciones masivas, prácticas mafiosas en las primarias, expulsiones de militantes, utilización de una conocida empresa extremeña para controlar el partido y sumisión al Partido Popular.