Chile
¿Por qué no ha funcionado la agenda social de Piñera?

El viernes 25 de octubre, más de un millón de personas abarrotaron el centro de Santiago para pedir la renuncia del Presidente Sebastián Piñera, en la que ha sido denominada como “La marcha más grande de Chile”. Una jornada histórica, en la que se produjeron las mayores movilizaciones en el país desde las que acompañaron la campaña del ‘no’ en el referéndum de 1988

En este referéndum, el pueblo chileno acudió en masa a las urnas —hubo una participación de más del 97%— para evitar otros ocho años más de gobierno del general Pinochet. La victoria del ‘no’, con un 56% de los votos, puso fin a una de las dictaduras más cruentas de la historia reciente de América Latina, y dio comienzo a un polémico proceso de transición, que, si bien es cierto que devolvió la democracia al país, aún a día de hoy es criticado por amplios sectores. Los ecos de este periodo resuenan con fuerza estos días en todo Chile, y multitud de manifestantes reclaman junto a la dimisión de Piñera, la apertura de un proceso constituyente. 

Debemos recordar que en Chile todavía rige a día de hoy la Constitución de 1980, un texto redactado y aprobado en dictadura. Esta misma constitución estableció el marco jurídico e institucional por el que circuló la transición chilena, y a pesar de las numerosas críticas que ha recibido a lo largo de los años, desde el fin de la dictadura tan solo se han conseguido implementar ciertas reformas, que en ningún caso han producido cambios sustanciales en el texto como conjunto.

No solo el régimen político, sino que también el modelo económico chileno tan cuestionado estos días, se remonta a los tiempos de la Junta Militar. Tras el fin de la vía chilena al socialismo de Salvador Allende, frustrada por el golpe de 1973, Chile se convirtió en terreno fértil para la aplicación de las recetas neoliberales formuladas por los profetas de la Escuela de Chicago. La privatización de empresas estatales, una política fiscal basada en impuestos bajos y amplios beneficios para las grandes empresas, y un estado más centrado en garantizar la seguridad de las inversiones extranjeras que las necesidades de sus ciudadanos, son algunas de las señas de identidad de este periodo que aún perduran a día de hoy.

Este modelo, aclamado por los grandes poderes como paradigma de la estabilidad y las libertades, ha implosionado, y la explosión de la rabia contenida durante años, ha desembocado en una revuelta que ha desbordado los cauces de solución de conflictos impuestos por el Estado, y cuyo desenlace aún está por definir.

El gobierno tras una primera declaración de guerra a su propio pueblo, dio cuenta a los pocos días de su error, y cambió el tono belicista por uno más conciliador en el que reconocía sus errores y proponía una nueva agenda social, que pretendía calmar los ánimos y poner fin a las protestas.

Sin embargo, ni la agenda anunciada a bombo y platillo por el presidente Sebastián Piñera, ni el cambio de gabinete que se materializó hace dos fines de semana, han tenido el efecto esperado, y durante estas semanas, las protestas continuaron con más fuerza incluso que en las anteriores. Resulta curioso, si comparamos con otros casos recientes, como los chalecos amarillos en Francia, que Piñera tardó en reaccionar y realizar concesiones a los manifestantes bastante menos que su homólogo francés, lo que sin embargo, no le ha servido para frenar las movilizaciones. Llegados a este punto la pregunta es obligada; ¿cuál era el contenido de esta agenda, y por qué no ha conseguido aplacar las protestas?

UN ESTADO SUBSIDIARIO

A grandes rasgos, entendemos estado subsidiario como aquel que solo interviene en aquellas actividades que el sector privado no puede realizar. El chileno, es sin duda un estado subsidiario, lo que se refleja a la perfección en algunos artículos de la Constitución del 80. Un texto, que favorece claramente la iniciativa privada respecto a la pública, exigiendo quórum calificado (mayoría cualificada en ambas cámaras) para cualquier participación estatal en actividades empresariales.

Este trato de favor, contrasta con el enorme margen de acción que se concede al sector privado. Mientras que el artículo 22 blinda el principio de no discriminación en el trato que debe dar el estado en materia económica; no se protege del mismo modo los recursos naturales del país, a excepción de la minería, lo que permite que a día de hoy Chile sea el único país del mundo que tiene sus aguas legalmente privatizadas.

El principio de subsidiariedad también se aprecia en otras áreas como la salud, que a diferencia de cualquier Estado social, no figura como un derecho que deba ser garantizado por los poderes públicos. El deber del estado, según el artículo 19.9, es el de “garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley”, lo que abre la puerta a un rol secundario del Estado en beneficio de las compañías privadas.

La agenda social de Piñera, que algunos han calificado como cosmética, insuficiente, o como una mera argucia, no hace sino profundizar este modelo, sin contemplar siquiera uno de los cambios estructurales demandados por la sociedad chilena estas semanas.

Una de las principales medidas que anunció Piñera, que beneficiaría a casi 600.000 pensionistas, fue un aumento inmediato del 20% de la Pensión Básica Solidaria. Un aumento a priori nada desdeñable, pero que además de no atacar el problema de fondo, esconde una pequeña trampa. Ya se había comprometido un aumento del 10%, por lo que éste será solo del 10 y no del 20 como decía el Presidente. No es oro todo lo que reluce, y el flamante aumento, se traduce en un cambio de 110.000 pesos (132 euros aproximadamente) a 132.000 pesos. 22.000 pesos mensuales, que no sacarán a los pensionistas chilenos de la precariedad actual, y ni un atisbo de crítica al sistema de pensiones privado, dirigido a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La agenda propuesta por Piñera no cuestiona un ápice del modelo que ha sumido a las clases populares chilenas en la pobreza y que ha provocado el estallido social

La subida del ingreso mínimo garantizado (IMGH) a 350.000 pesos tampoco supondrá una mejora significativa de las condiciones de vida de la población. La medida, lejos de ser una renta básica universal, tampoco supone una subida del salario mínimo, fijado en 301.000 pesos. Simplemente se trata de un complemento aportado por el estado a aquellas personas que trabajando a jornada completa no alcancen el mínimo marcado por la ley, que ahora se fija en 350.000 pesos. Es decir, será el Estado y no el empleador el que pague el aumento del IMGH. Nuevamente subsidios y un poquito de maquillaje en vez de medidas estructurales.

En materia tributaria la propuesta de Piñera tampoco supone ningún cambio sustancial. Si bien el nuevo tramo del Impuesto Global Complementario gravará con un 40% las rentas más altas (más de ocho millones mensuales, 9.600 euros), tampoco ataca el problema fundamental, pues como señalaba el director ejecutivo de Espacio Público, Daniel García, es una medida que afecta a los empleados, pero no a los dueños. Ni una palabra sobre un impuesto al patrimonio, ni sobre nuevas normas que combatan la evasión o la elusión fiscal de las grandes empresas.

En conclusión, la agenda propuesta por Piñera no cuestiona un ápice del modelo que ha sumido a las clases populares chilenas en la pobreza y que ha provocado el mayor estallido social que se recuerda desde la dictadura. Las medidas, si bien tocan alguna de las áreas que más preocupan al pueblo chileno, como pensiones, salarios o salud, continúan la senda de un estado que a día de hoy de la única área que no se desentiende es del monopolio de la violencia legítima.

LA CONSTITUYENTE COMO ÚNICO CAMINO

Como ha evidenciado el avance de las movilizaciones, lo que ocurre en Chile trasciende el aumento de un billete de autobús o la suspensión de una medida concreta. Durante las últimas semanas, además de las multitudinarias concentraciones en la Plaza de Italia, en Santiago se sucedieron marchas en dirección al palacio de la Moneda, donde circularon, estudiantes, profesores, trabajadores del sector sanitario y hasta miembros de la agrupación nacional de empleados fiscales.

Las reivindicaciones de los manifestantes no se ciñen a un único ámbito. La subida de los salarios, pensiones dignas, o la sanidad y la educación públicas son solo parte de una pluralidad de demandas que por el momento no cuentan con una articulación política clara, pero que buscan encontrar su sentido bajo un proceso constituyente.

La redacción de una nueva constitución es una demanda que lleva tiempo latente en la sociedad chilena. No es la primera vez que se plantea la apertura de un proceso constituyente, y durante el segundo mandato de Bachelet ya se barajó esta posibilidad, aunque finalmente no fructificó en la convocatoria de una asamblea constituyente.

El lunes 4 de noviembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó varios proyectos de reforma constitucional que pretenden modificar el capítulo XV de la Constitución Chilena, relativo a los plebiscitos y a la realización de una asamblea constituyente. Un primer paso importante, pero en absoluto definitivo, pues para que cualquiera de los proyectos salga adelante será necesario que obtenga el apoyo de 3/5 de la cámara para la Constituyente y de 2/3 para aprobar un plebiscito.

El proceso no será sencillo; con una correlación de fuerzas complicada en las instituciones, donde la derecha, que ni quiere oír hablar de la constituyente, tiene mayoría, el empuje desde abajo será más importante que nunca. En el horizonte, un nuevo texto, que cambie el rol del Estado y que garantice la protección de derechos sociales y el acceso a servicios básicos como el agua, la salud o la educación. Y en el camino, un arduo recorrido institucional, que pondrá a prueba la fortaleza del movimiento.

Lo único que parece claro, es que la herida abierta por esta crisis no se cerrará con medidas parche como las propuestas hasta el momento por Piñera. Lo que demanda actualmente la sociedad chilena es la superación de un modelo económico, político y social que ha hecho de la desigualdad norma, y donde el éxito de unos pocos privilegiados se fragua sobre el sufrimiento de la mayoría de la sociedad. El objetivo es claro, y el principal peligro a día de hoy es que el clamor popular no se traduzca en un proyecto político concreto. Que el descontento social quede huérfano, puede ser la tumba del movimiento, ya que se puede diluir con la misma facilidad con la que estalló.

En este sentido, el pueblo chileno debe aprender de lo ocurrido en Francia el año pasado, cuando Macron, cuyo liderazgo hace no tanto se encontraba en entredicho, tras sortear la crisis de los chalecos y salir reforzado de la cumbre del G7, se encuentra más afianzado en el poder que antes de que estallara la contingencia. Hoy parece complicado imaginar a Piñera en una situación semejante, pero sería de ingenuos subestimar la capacidad de resistencia de la derecha.