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"Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas."
Romance de la Guardia Civil Española, Federico García Lorca
“Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa”
Albert Camus
No tengo ningún indicio que me haga pensar que Mariano Rajoy Brey sea conocedor de la obra de Max Weber, pero a tenor de lo sucedido hoy en Catalunya, sí me atrevería a tildar de weberiano el intento que nuestro presidente del gobierno ha llevado a cabo contra el procés, con la clara intención de deslegitimarlo. Apoyado en la reglamentaridad que el mismo sistema judicial que confirmó la sentencia del caso Atxutxa le otorga, el gobierno de España en manos del Partido Popular ha pretendido dejar claro mediante el uso de la violencia, por ahora representada en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que el único estado viable a día de hoy en el territorio español es el que representa la realidad jurídica del Reino de España. Cualquier otra expresión de cultura nacional con visos de constituirse en un estado independiente, supone para el Partido Popular y sus acólitos una muestra clara de fuerza ilegítima y criminal que debe ser atajada con el uso legítimo del monopolio de la violencia que posee el gobierno español. Una lógica perversa quizás aceptable en la realidad del Conde-Duque de Olivares o en los convulsos años de la República Federal Española, pero difícilmente asumible para la Unión Europea contemporánea del Brexit o el referéndum de Escocia.
Sí la gestión de la corrupción nos había señalado a unos cuantos la inoperancia del Partido Popular y la escasa cintura del gobierno en su trato con los medios de comunicación, la jornada del 1 de octubre en Catalunya parece haberse encargado definitivamente de exponerle al mundo la triste ineficacia del ejecutivo español. Por desgracia parece que al legislativo todo esto debió de pillarle en un cóctel o en el cine con sus "compi yogui", con la monarquía nunca se sabe. Medios internacionales como Le Figaro o The Telegraph, parecen dejar tras el día de hoy a un lado el mito de la ejemplaridad de la transición española, para centrar sus objetivos en un estado incapaz de solventar sus crisis sin hacer aflorar de nuevo sus tintes autoritarios.
Apoyarse en la Constitución y en una transición que se realizó bajo el ruido de los sables y la inexperiencia democrática de un pueblo que llegaba a ese momento crucial de la historia de nuestro país ahogado por la falta de libertad tras treinta y nueve años de dictadura fascista en España, supone a todas luces un argumento insuficiente para negarse rotundamente a entablar diálogo con quienes cuestionan la legitimidad de nuestras normas comunes de convivencia. Después de todo, nadie puede negar que el fascismo dejó su impronta en nuestra democracia.
Hoy no es solo Catalunya, sino la concepción de España lo que está en juego, la historia será la encargada de medir la altura política y moral de quienes ahora deben dar un paso al frente
Los cambios de chaqueta fueron numerosos en todos los ámbitos de la vida española, periodistas, políticos, militares e incluso asesinos pasaron rápidamente a incorporarse a las élites encargadas de tutelar al pueblo en su camino a la democracia. Nada cambio en realidad con el régimen del 78, nunca se llego a remover el poder cimentado durante la dictadura franquista, sino que simplemente se buscó legitimar al estado español ante el mundo bajo una fachada democrática ciertamente deficiente. Nuestra entrada en organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea, siempre ha estado marcada por un trato distante de los demás miembros, limítrofe entre lo exótico y lo rentable. Una relación de fuerzas puede que ciertamente provechosa para el conjunto de España, pero que nunca ha estado exenta de cierto tipo de vasallaje asumido íntegramente por el pueblo.
Quién sabe si acostumbrado al habitual control del discurso imperante en nuestro país o quizás debido a una torpe gestión electoralista de la peculiaridad de poseer en su seno un importante voto extremista, el Partido Popular simplemente ha dado por hecho que la puesta en escena a los ojos del mundo de una Catalunya independiente era en esencia imposible. Claramente se equivocó el Gobierno español al considerar que el uso desproporcional de la fuerza contra una población que únicamente deseaba votar no iba a tener repercusiones excesivas. Una vez más, ha minusvalorado el poder de la imagen y sorprendido ante una prensa extranjera quizás más contestataria de lo esperado, ha otorgado definitivamente al Govern de Catalunya el poder que estaban esperando.
Resulta improbable que los grandes pesos de la arena internacional o la Unión Europea en su conjunto den excesivo crédito al proyecto unilateral de la República Catalana, pero no han sido pocos los representantes políticos que horrorizados ante las imágenes que llegaban desde Catalunya han pedido que se abra urgentemente un proceso de diálogo. Una importante victoria para una vía independentista que hasta hace pocas semanas no contaba con apenas respaldo fuera de las propias fronteras de su proyecto.
El gobierno de España en manos del Partido Popular ha pretendido dejar claro mediante el uso de la violencia, por ahora representada en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que el único estado viable a día de hoy en el territorio español es el que representa la realidad jurídica del Reino de España
Algo tiene que cambiar. Esa sin duda, podría ser considerada la sensación más habitual en la cabeza y en los corazones de la mayoría de catalanes y españoles. La represión sufrida por quienes en una clara actitud no violenta simplemente reclamaban un derecho tan básico como el de poder decidir su futuro, ha terminado de resquebrajar un pacto social que en España ya se encontraba demasiado debilitado por la rigidez política de un régimen heredero del franquismo y los recortes sociales fruto de un sistema económico que ha terminado ahogando en exceso al pueblo.
Además de constituir una reivindicación histórica y social, la independencia en Catalunya ha supuesto para muchos ciudadanos una vía de escape para demasiada frustración contenida. Al contrario que el arco parlamentario en Madrid, los políticos catalanes han logrado apartar sus obvias diferencias para juntos encauzar la pulsión ciudadana cara a un nuevo proyecto que siendo ciertamente arriesgado, ha tenido las cosas claras desde el principio. Tras el fracaso anunciado de las armas en Euskadi, el desafío independentista se traslado a Catalunya con el tacticismo político y la presión social como principales argumentos frente al estado. Pero en una España en donde el "sin violencia todo puede se puede negociar" se había utilizado como firme premisa frente al terrorismo, la respuesta ante las reinvindicaciones catalanas siguió consistiendo en una firme escalada represiva por parte del gobierno central. El recurso del PP contra el Estatut de autonomía y la guerra abierta desde aquel momento contra el Govern dejaron claro a gran parte de la ciudadanía catalana que la desobediencia civil era el único camino posible.
Tampoco nos llevemos a engaño, tan solo los más abducidos por el procés podrían esperar que el 1 de octubre se saldase con unos resultados fiables y legítimos en las urnas. Ese no parece el objetivo real de una consulta que con toda certeza sufriría una presión logística y represiva de la que difícilmente podría salir indemne. Todo parece apuntar a que el movimiento soberanista catalán ha buscado simplemente sentar a España en la mesa de negociación, para lograr una consulta legal y consensuada a la que en Moncloa nunca han dado opción alguna.
Desde el Govern de Catalunya siempre se apuntó a Europa como un interlocutor más pese a la rotunda negativa inicial a inmiscuirse en asuntos internos de un estado miembro y a las amenazas de exclusión de la Unión. Pese a ello en todo momento Puigdemont pareció tener clara la existencia de una rendija invisible en la impenetrabilidad de las relaciones entre estados, que en su momento abriría una oportunidad al procés para legitimarse. Finalmente la torpeza del Gobierno del Partido Popular parece haberle dado la razón.
Además de constituir una reivindicación histórica y social, la independencia en Catalunya ha supuesto para muchos ciudadanos una vía de escape para la frustración contenida.
Con la perdida del uso de la violencia fruto del peso que más de ochocientos heridos (alguno de ellos graves) tienen en la comunidad internacional, la única salida viable para el gobierno del Partido Popular es la de sentarse a negociar, la principal duda que nos asalta, se basa en saber sí un partido salpicado por la desproporcionalidad en el uso de la fuerza y claramente inoperante en la negociación política será capaz de liderar un proceso que se antoja necesario no solo para l apropia España, sino también en sus relaciones con Catalunya y el resto de territorios con reinvindicaciones soberanistas.
Puede que sin remedio, hoy hayamos perdido definitivamente a Catalunya como una comunidad autónoma más de España, pero gran parte de las esperanzas que nacen de este desafío al estado español apuntan a la capacidad de la izquierda estatal para tomar la alternativa en un proceso que suceda lo que suceda, va a tener que pactarse en Catalunya y en el seno del Estado español. No existen ya reductos para las imprecisiones y el electoralismo, hoy cada actor político debe situarse como parte activa de una nueva concepción del estado o como pilar fundamental del régimen del 77. No puede la izquierda española renunciar a la resistencia pacífica por los derechos de los ciudadanos. El 1 de octubre la transición ha muerto en Catalunya y ahora es la calle e incluso la desobediencia civil en algunos casos la encargada de traer una nueva libertad plena a la ciudadanía.
El pueblo catalán ha perdido de forma definitiva el hace tiempo infundado miedo a la transición y a los ruidos de sable. Deberían entender por su propio bien en Madrid, que la perdida del miedo en una sociedad donde impera la precariedad y los recortes sociales son la norma, puede suponer una peligrosa cuestión si no se sabe ceder a tiempo lo que ya se ha perdido. Gamonal, Murcia, la represión a la minería, las marchas de la dignidad, los desahucios... Cientos de actuaciones represivas que dejan claro que Catalunya no es el problema, no puede volver a saldarse sin responsabilidades penales y dimisiones la actuación policial desmedida tan común para unas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con ciertos tintes represivos que han mostrado al mundo una clara necesidad de depuración.
Hoy no es solo Catalunya, sino la concepción de España lo que está en juego, la historia será la encargada de medir la altura política y moral de quienes ahora deben dar un paso al frente.
Texto: Daniel Seijo