Catalunya
Constitución, crítica y defensa

La Constitución española, que entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, posee entre sus características ser consensuada, democrática y popular, unas supuestas virtudes socavadas sin embargo por una rigidez que impide que se modernice y adecue a nuestra época.

Elaborada por siete diputados repartidos de la siguiente forma: cuatro representantes de Unión de Centro Democrático y un representante por cada una de las siguientes formaciones, Pacte Democràtic per Catalunya, Alianza Popular, Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España, fue finalmente refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre con un  87,78 % de aprobación entre el 58,97 % del censo electoral, una participación sin duda baja para una consulta tan transcendente para el futuro de España.

El resultado de la consulta fue evidentemente "sí" pero ya que nos gusta atribuirle a la “Carta Magna” la característica de popular, deberíamos analizar qué otras opciones existían para una sociedad que salía de una dictadura. De nada sirve que nuestra constitución sea aprobada por el pueblo, si el pueblo no tenía más opciones. Empecemos recordando de dónde se venía cuando se aprobó, una dictadura militar que duró cerca de cuarenta años, cualquier opción por mala que fuese, suponía un avance en la situación política de España y el pueblo la apoyaría. A pesar de esto, se hizo una constitución rígida “condenada” a perdurar en el tiempo, tanto que después de 39 años tan solo dos artículos han sido reformados sin ni siquiera ser refrendados por la ciudadanía.

El interior de la Constitución

A pesar de proceder de una dictadura militar con ideología fascista, no podemos hablar de una mala constitución si la entendemos como base para un sistema socialdemócrata. El problema viene cuando partidos que entran en el Gobierno y presumen reiteradamente de su obediencia a la Constitución, la tergiversan y solo cumplen los artículos que les interesa y beneficia.

Podemos enumerar multitud de artículos muy pomposos sobre el papel, pero que los gobiernos que se jactan de defender la Constitución no hacen nada para llevarlos a la práctica.

Art. 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Art. 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (…)”.

Art. 40: ”1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

2. (…) mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados”.

Art. 41: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Art. 42: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”.

Art. 45: “2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

Art. 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Estos artículos no valen nada sin unas leyes que los desarrollen en consecuencia, ya que un derecho vale lo que velen sus garantías. De la falta de protección hacia estos artículos dentro de la constitución se aprovechan los partidos que se definen como constitucionalistas, aunque lo que parece que tanto les gusta de la CE es el poder que tienen para saltársela.

Ahora veamos qué artículos son los que sí defienden a ultranza y cuál es la interpretación que hacen de ellos:

Art. 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Artículo que fue impuesto directamente desde el ejército. Pero bien, como vemos, la CE habla de la unidad de España, también lo hace de sus nacionalidades, dejando abierta la puerta a un Estado plurinacional, ya que España a lo largo de su historia no ha sido otra cosa que la unión de naciones y culturas, e intentar homogenizar todo esto a una sola cultura y nación es rechazar la verdadera esencia de España. Sin embargo, décadas de dictadura fascista ha distorsionado la percepción de España, haciendo que los más patriotas estén en contra de su verdadera seña de identidad.

Art. 1: “3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.
El título II de la CE se dedica exclusivamente a la monarquía, monarquía que venía implícita en la CE y a la democracia, sin que se hiciera un referéndum sobre ella en concreto, sin embargo no les cuesta nada defenderla diciendo que fue votada en su día, lo que fue votado fue el conjunto de la Constitución, no la monarquía como algo concreto, es más, hay que añadir lo que en una entrevista de 1995 que no ha salido hasta hace poco, donde, el para entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez admite que no se sometió a referéndum porque hacían encuestas sobre si la querían o no y las perdían, por lo que la introdujo en la Ley para la reforma Política que sí fue refrendada y así quitarse de hacer un referéndum sobre la monarquía en concreto.

Art. 92: “1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”.

Art. 148: “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
(…)32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”.

Es en estos artículos, junto al artículo 2, en los que el Tribunal Constitucional se escuda para considerar el referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña como inconstitucional, un tribunal que hay que recordar que está compuesto por doce miembros, de los cuales cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado (cámaras compuestas principalmente por el partido del Gobierno) otros dos por el mismo Gobierno y los dos restantes por el Consejo general del Poder Judicial, el cual es evidente que está compuesto principalmente por miembros afines al Gobierno. Pero analicemos lo que dice "las decisiones políticas deben ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos" no las consultas para poder tomar posteriormente esas decisiones. Vemos que la autorización para consultas populares es competencia del Estado, pudiendo ceder dicha consulta, por lo que si es anticonstitucional es porque el Gobierno así lo quiere. Existe el miedo a que el resultado no sea el querido y la falta de democracia no les deja aceptar la decisión del pueblo, por lo que la Constitución no niega consultas de este tipo, sino que es el Gobierno quien tiene esa potestad y no la usa. También hay que recordar que la constitución dedica un título entero a la reforma constitucional, un referéndum sobre un elemento contrario a la Constitución debería ser por tanto el paso ideal para entrar en el debate de la reforma Constitucional .

La Transición

Vemos de forma habitual hablar a la derecha de la transición como un momento en la historia de consenso, de paz, de perdón, de unidad…, pero tras cuarenta años podemos comprobar que precisamente los únicos que la recuerdan con nostalgia son los miembros de la derecha.

Durante la transición hubo víctimas mortales y heridos de bala, es el precio de “cierta paz y orden”, siendo responsable de ello el ex ministro del franquismo y el actual régimen democrático, Rodolfo Martín Villa “La Porra de la Transición” reclamado por la justicia argentina por delitos de lesa humanidad junto a otros diecinueve dirigentes de la dictadura. Una reclamación a la que España no solo no ha hecho caso, sino de la que además se ha burlado de forma notoria, al condecorar al ex ministro por formar parte de las Cortes Constituyentes.

Tanto él como otros miembros del gobierno de Franco han sido parte fundamental en la elaboración de la Constitución, han fundado partidos políticos, han formado parte de gobiernos…, por lo que hablamos de una transición tutelada por el mismo franquismo con una gran presión militar sobre ella, añadiendo que el rey Juan Carlos I fue elegido por el mismo Franco como su sucesor y que este eligió a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno para tramitar la transición con la Ley para la Reforma Política.

Por tanto, podemos deducir el motivo del tan arrojado gusto y defensa de la transición por parte de los partidos de derecha, que fuera dirigida por elementos franquistas produjo que no fuera una transición hacia un régimen opuesto, sino una transformación, una evolución del franquismo para poder extenderse y relacionarse con el exterior con legitimidad legal, dejando “todo bien atado” para que lo fundamental, su esencia, perdurara y lo hiciera legitimándose e una supuesta democracia. Esta transformación se hizo de tal forma que la derecha siguiera gobernando a lo largo de los años, cambió tan poco que en realidad el cambio ha sido tan solo superficial. Es verdad que en nuestras elecciones pueden ganar partidos de izquierda, pero si lo hacen tienen que enfrentarse a los poderes económicos, los medios de comunicación y por supuesto la Iglesia. En nuestro país, los partidos que realmente tienden a la izquierda se ven enfrentados al poder de los medios, las concesiones que hizo la derecha en esta transición las hizo simplemente para seguir ganando.

A día de hoy miramos las concesiones de un lado y de otro en ese momento histórico de consenso y unión y vemos la asimetría entre unos y otros. Entre las concesiones de la izquierda se encuentran pilares ideológicos básicos como aceptar la monarquía, la rojigualda, permitir entrar en la política a miembros del franquismo, “cerrar heridas” de los crímenes de los golpistas durante la guerra y del gobierno franquista durante la dictadura, abandonar cualquier intento revolucionario... Mientras, la derecha únicamente permitió que se vote de vez en cuando y cedió a la hora de dejar de perseguir a los rojos, aunque esto último vuelve a suceder en nuestro país gracias a leyes que persiguen a tuiteros, titiriteros, artistas, manifestantes... Pese a todo, continua la derecha con su intención de imponer una visión de la transición como algo modélico y consensuado en el que todos salieron ganando.Resulta curioso que solo ellos piensen eso, supongo que será la ausencia del valor de igualdad en su ideología, lo que les impide ver tal desproporción.

Son numerosas las prácticas del Gobierno que evidencian esto, hablamos de cuando se jactan de no dedicar ni un euro a la Ley de Memoria Histórica aún cuando España es el segundo país del mundo con más desaparecidos (unos 114 000), duro dato para un país occidental y desarrollado, mientras que sí se subvencionó con unos 150 841 euros entre el año 2000 y 2003 a la Fundación Francisco Franco o a la Abadía del valle de los Caídos con unos 340 000 euros anuales.

Legitimidad de la Constitución

¿Pese a todo en la actualidad tiene cabida la Constitución del 78? Con esta constitución se le daba al pueblo la oportunidad de cambiar, de terminar con la dictadura y poder participar en de forma directa e indirecta en elecciones. Al pueblo se le dio la oportunidad de votar y el pueblo votó, votó a favor de una democracia sesgada, pero lo hubiera hecho por cualquier democracia que le hubieran dado a elegir ya que toda opción era mejor que una dictadura. La Constitución fue creada por representantes elegidos a través de elecciones, pero a la hora de refrendarla se hizo al completo, sin poder oponerse sobre un artículo o título, o la tomas o la dejas, un mecanismo que dificultaba el "no" dado  que se temía seriamente que si este “no” saliese ganador, se volviese a una dictadura. Pongamos el ejemplo de un atracador que te amenaza con matarte si no le das la cartera, por supuesto,  el atracador no se atrevería a defenderse en un juicio diciendo que elegiste libremente darle la cartera, que tenías más opciones, esto es lo que hacen actualmente cuando defienden las Constitución o alguna parte de esta en concreto alegando que se votó libremente por el pueblo.

Aprobada a finales de 1978, en 2014 el 64 % de las personas que tenían derecho a voto no pudieron votar nuestra Constitución. Evidentemente, se está imponiendo una constitución argumentando que se votó a personas que no pudieron votarla en su día, ¿Acaso la Constitución es como el pecado original que deben “sufrirla” los hijos y los hijos de los hijos de quienes la aceptaron? Parece que así es y así va a seguir siendo por la rigidez en su reforma y también porque a los principales partidos políticos les conviene que siga igual. Alegarán, de forma ventajista que es así porque la gente vota a partidos constitucionalistas, obviando que las alternativas que no lo son no tienen apenas voz en los medios, por no decir que no la tienen, además de ser tachados de antidemocráticos por ello, por cuestionar nuestro sistema. No podemos hacer caso omiso a la parte de la población que se abstiene en las elecciones por estar en contra de la constitución, esas personas que no quieren participar en su democracia debido a que no ven posibilidades de cambio en la misma. 

Se atreven a rechazar un referéndum de independencia en Cataluña porque es anticonstitucional, se rechaza a su vez una posible reforma constitucional erigida desde el pueblo, utilizando el argumento desfasado del apoyo que en su día tuvo la Constitución en una votación ya olvidada por gran parte de la ciudadanía. Se rechaza por tanto principalmente el dar voz al pueblo y con ello la posibilidad de una nueva constitución más leal al pluralismo nacional y cultural. Una nueva constitución y una nueva percepción del estado, que sin duda podría menguar los actuales conflictos territoriales y sociales.

Texto: Flores de Acero | Ilustración: ElKoko