Bolivia
El golpe anunciado que Evo Morales no supo prever (y 2)

La rapidez con la que el gobierno ‘interino’ de Jeanine Áñez y el resto de golpistas está tomando decisiones demuestra el grado de preparación que tenía este nuevo golpe de Estado que sufre Bolivia donde se dan tanto insólitas situaciones de dualidad de poder como de riesgo de guerra civil.

A las pocas horas de entrar inconstitucionalmente en funcionamiento el ‘gobierno’ ya había roto relaciones diplomáticas con Venezuela y pedía a su homólogo venezolano, al también golpista y autoproclamado ‘presidente’ Juan Guaidó, que nombrara un nuevo embajador.

Igualmente decidía la salida de Bolivia de la ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos) creada por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2004 y a la que luego se uniría Bolivia, Ecuador y otros países de Centroamérica y el Caribe.

El objetivo de este organismo era convertirse en alternativa al ALCA y otros tratados de libre comercio ultraliberales impulsados por EE UU.

La autoproclamada ‘presidenta’ Jeanine Áñez dejó también entender claramente su intención de dejar fuera del escenario político a Evo Morales y su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo): “El Tribunal deberá decidir si el MAS puede participar o no en las próximas elecciones”. Áñez acusa a Evo Morales y al MAS de haber sido quienes cometieron un “golpe de Estado” el 20 de octubre con su supuesto fraude electoral.

“Evo y el ex vicepresidente Álvaro García Linera no pueden participar [en las elecciones], no están habilitados”, dijo la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

Desde el gobierno fantoche se habla de ‘cazar’ a ex ministros y otros altos cargos del equipo de Evo Morales. En pocos días el nuevo gobierno ha deportado a centenares de médicos cubanos que ayudaban desde hace años a Bolivia a cubrir sus carencias en sanidad, y ha deportado igualmente a periodistas de medios extranjeros considerados afines o al menos no suficientemente críticos con Evo Morales.

El gobierno de Áñez, al que ha reconocido vergonzosamente la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y otros países, está mostrando abiertamente sus objetivos: aplastar a cualquier precio los focos de resistencia popular en distintos pueblos y ciudades y desarticular el MAS y otras organizaciones afines a Evo antes de convocar unas elecciones ‘democráticas’ que le aseguren su triunfo.

Para vencer cualquier tipo de temor de policías y militares a poder ser enjuiciados en el futuro por los actos represivos que están llevando a cabo y que se han cobrado ya la vida de al menos 24 personas, el gobierno ha aprobado el Decreto Supremo 4078. Por medio de él exime a la policía y a las fuerzas armadas de cualquier responsabilidad civil por las consecuencias de su actividad represiva.

Esa impunidad puede agudizar la represión actual. Incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de depender de la hostil OEA, ha criticado dicho decreto: “El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de derechos humanos, y por su estimulo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violacionesde derechos humanos”.

Se pretende impedir que la movilización popular se masifique aún más y que pueda adquirir un carácter más organizado y violento dando lugar a una guerra civil.

La salida abrupta del país de Evo Morales, García Linera y otros miembros de su Gobierno y la falta de reacción del gubernamental Movimiento al Socialismo y organizaciones sindicales afines para llamar a enfrentar el golpe han desorientado a la población y debilitado la organización popular para resistir el golpe cívico militar, lo que ha permitido la rápida consumación del golpe.

Los golpistas controlan el Ejecutivo boliviano mientras el MAS mantiene su control de las dos Cámaras

La caótica situación que se vive estos días en Bolivia da lugar a situaciones de verdadera esquizofrenia política. Mientras el gobierno actual da pasos para perseguir a dirigentes del MAS, las bancadas de este partido tanto en el Senado como en la Asamblea Legislativa, nombraban a nuevos presidentes por la renuncia de sus titulares.

Este jueves 14 pasado los senadores del MAS con el apoyo de cuatro diputados de la oposición nombraban como presidenta del Senado a Eva Copa, conocida activista feminista del partido de Evo, en sustitución de su compañera Adriana Salvatierra, que renunció tras el golpe.

Por su parte en la Asamblea Legislativa el MAS votaba con el apoyo de un diputado de la oposición nombrar a su portavoz y hombre de confianza de Evo, Sergio Choque, como nuevo presidente de ese parlamento. Choque sustituye a Víctor Borda, también del MAS, que se vio obligado a renunciar después de que su vivienda fuera incendiada por los golpistas.

Choque anunció que propondría una ley para que las fuerzas armadas se replieguen a sus cuarteles “para evitar más muertes”. A pesar de haber condenado el golpe de Estado y la complicidad de la Policía y las fuerzas armadas, Choque dijo: “Pido a los sectores movilizados a apaciguarnos, ya no podemos seguir enfrentándonos”.

En el mismo sentido que Choque, el senador del MAS Omar Aguilar declaraba ante la prensa: Nuestro objetivo es pacificar el país, no es bloquear esta gestión de transición de Jeanine Áñez”.

Esta actitud de intentar bajar la tensión de parte de representantes autorizados del MAS puede desorientar a esos campesinos, indígenas y sectores populares que se siguen jugando la vida en la calle enfrentando a la policía y fuerzas armadas por defender a Evo Morales.

Es una situación insólita, con los golpistas controlando el Ejecutivo, la policía, las fuerzas armadas y los resortes del Estado, mientras el partido del presidente y vicepresidente exiliados en México sigue controlando las dos Cámaras.

La actual crisis se produce en un contexto de una organización popular debilitada y desunida para poder enfrentar el golpe

A diferencia de Venezuela, donde Hugo Chávez creó en 2009 como salvaguarda del Estado amenazado desde el inicio una nueva rama de las fuerzas armadas, la Milicia Bolivariana, integrada por más de dos millones de personas —civiles organizados y con una capacitación militar básica a lo largo y ancho del país, militares retirados y oficiales en activo— en Bolivia los partidarios de Evo Morales enfrentan a las fuerzas represivas con palos, hondas y piedras.

No es el único problema de organización popular que ha quedado en evidencia ante este golpe de Estado.

Una serie de problemas en la gestión de la revolución que impulsó Evo y que se manifestaron desde el inicio ha debilitado la organización y unidad de los movimientos populares como para poder enfrentar con fuerza un golpe como el actual.

Evo Morales no vio a tiempo cómo las irregularidades legales por las cuales llegó a ser reelegido cuatro veces como presidente estaban produciendo indignación y malestar no solo entre los sectores tradicionales de la oligarquía blanca y racista boliviana sino también otros sectores urbanos, ecologistas preocupados por la política extractivista, ciudadanos críticos por el abandono de infraestructuras en las ciudades y sectores del movimiento feminista urbano... y blanco.

Paradójicamente, una de las activistas feministas que denunció con dureza el machismo del Gobierno de Evo Morales fue Raquel Gutiérrez Aguilar, mexicana pero que vivió muchos años en Bolivia, una de las fundadoras del Ejército Guerrillero Tupac Katari y… esposa de Álvaro García Linera durante 15 años.

Los pensionistas de distintos signos ideológicos, de distintas clases sociales y distintas zonas del país, se movilizaron también durante estos últimos años, especialmente a partir de 2013, contra la decisión del Gobierno de Morales de forzar jubilaciones de miles de personas “para acabar con el paro juvenil”. Denunciaban que en un país donde tradicionalmente ha habido tanto trabajo en negro y por lo tanto bajas aportaciones, situación agudizada por la ‘flebilización laboral’ durante los años 80 y 90, las jubilaciones resultantes son pensiones miserables.

En cambio, los militares se jubilan con el 100 por cien de sus sueldos. En un país con una larguísima historia de golpes militares, Morales decidió mantener ese estatus, implantado en 1999 a través del Decreto Supremo 25620 por el Gobierno del general Hugo Bánzer.

Su cuidado ante las fuerzas armadas no fue sin embargo garantía de fidelidad, tal como se pudo comprobar ahora.
Morales fue enemigo declarado desde el primer momento para las élites nacionales que siempre consideraron al indígena y al campesino con una visión colonialista y racista, solo como una mano de obra imprescindible para explotar los grandes recursos naturales de Bolivia pero a la que nunca reconocieron sus más elementales derechos.

Esos intereses coincidían y coinciden con los de Estados Unidos y con muchas multinacionales europeas ávidas de recuperar las reglas de juego existentes antes de la llegada de Evo al poder.

A pesar de las importantes concesiones que hizo a multinacionales extranjeras Evo representaba un obstáculo para esos intereses y, además, a sus ojos no dejaba de ser un presidente indígena.

Sin embargo, es falso recurrir al maniqueísmo, al ‘campismo’, para mostrar a Evo y un compacto bloque popular por un lado, frente a un homogéneo bloque reaccionario y pro imperialista por el otro.

Poco ayuda a la izquierda para poder extraer conclusiones y enseñanzas para el futuro adoptar una visión simplista de esta crisis que afectará a toda América Latina.

La históricamente combativa Central Obrera Boliviana no se movilizó para defender al Gobierno

El propio ‘bloque popular’ ya estaba muy erosionado y cada vez había más sectores campesinos e indígenas que criticaban el autoritarismo y las contradicciones ideológicas y políticas del Gobierno. Solo así se explica que a pesar de la resistencia de miles de campesinos e indígenas al golpe de Estado ni la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), con un largo historial de combatividad, ni la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y otros movimientos sociales otrora soportes del Gobierno, se movilizaran de una forma más masiva en su defensa de Evo cuando este denunció que estaba en marcha un golpe de Estado.

De otra forma no sería explicable la actitud pasiva ante el golpe de la COB, la más grande y poderosa central sindical de Bolivia, que nació en 1952 en el fragor de la revolución popular de ese año y que ha estado durante décadas al frente de la resistencia a dictaduras militares y políticas neoliberales.

La COB ha tenido muchos choques con Evo durante estos casi 14 años de gobierno por la política económica y laboral, pero siempre fue considerada un apoyo clave, y forma parte, junto con el propio MAS y organizaciones indígenas, vecinales y movimientos sociales de la Coordinadora Nacional por el Cambio.

La FSTMB, por su parte, llegó a pedirle a Evo Morales en un comunicado que renunciara. “No dejes que tu pueblo arda ni te lleves más muertos por encima presidente. Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la renuncia es inevitable compañero Presidente. Tenemos que dejar en manos del pueblo el gobierno nacional”, decía en su comunicado.

Mientras se reivindicaba el respeto a la Madre Tierra y el Buen Vivir se intensificaba la actividad extractivista

¿Qué provocó esta desafección con un Gobierno que hizo semejante revolución en Bolivia?

Organizaciones representativas de los pueblos originarios como CONAMAQ o CIDOB y otras defensoras del medioambiente venían denunciando desde hace años las grandes contradicciones entre los pronunciamientos del Gobierno en materia medioambiental y su política real. 

Todos los organismos mundiales protectores del medioambiente y también los que específicamente defienden los derechos de los pueblos originarios han reconocido desde un primer momento la importancia de los compromisos internacionales asumidos por Evo Morales.

Sin embargo las contradicciones fueron visibles desde el primer mandato presidencial. En 2007, al tiempo que Bolivia firmaba la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se anunciaba la construcción de las represas El Chepete y El Bala situada en territorios indígenas.

Hoy hay ya 21 hidroeléctricas y cerca de otras 10 en construcción, buena parte de ellas situadas en zonas protegidas.

En 2010 el Gobierno de Evo Morales aprobó también la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, pero ese mismo año se autorizaba sin embargo la construcción de una carreta que pasó a dividir en dos el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) que provocó en su momento fuertes choques entre grupos indígenas y fuerzas policiales y varias interrupciones en las obras.

Tanto CONAMAQ como CIDOB venían criticando al Gobierno al menos desde 2012 por su injerencia constante y por sus intentos de dividir esos movimientos y aislar a los dirigentes críticos.

Ese injerencismo y la cooptación de dirigentes campesinos, indígenas y mineros favoreció la desmovilización de los mismos movimientos en los que se apoyaron Morales y García Linera para llegar al poder.

Esto explica igualmente la falta de una respuesta más masiva de la que hubo antes de que se derrumbara el Gobierno, en defensa del líder que había impulsado la revolución boliviana.

El ‘campo popular’ sufría resquebrajaduras, había cada vez más sectores críticos con la gestión del equipo de Gobierno.

Los pueblos originarios denunciaron la acelerada deforestación de la Amazonia boliviana

La política extractivista, que llevó a una acelerada deforestación de la Amazonia boliviana —con su consiguiente aumento de incendios— también provocó duras críticas por parte de las organizaciones de los pueblos originarios, que veían una contradicción con la propia Constitución y con el programa del MAS en defensa de la Pachamama y del Buen Vivir.

El aumento desde 2001 en un millón de hectáreas las tierras utilizadas para la agroexportación y ganadería —un puñado de empresas extranjeras controlan casi el 70%— permitieron aumentar los ingresos del Estado boliviano y con ello financiar reformas sociales. Pero este éxito se logró a costa de provocar una deforestación a un ritmo de más de 300.000 hectáreas anuales.

La caída del precio del gas y petróleo en el mercado internacional y el agotamiento de sus reservas llevaron igualmente al Gobierno de Morales a aumentar aún más la búsqueda de hidrocarburos, aunque ello supusiera que en 2017 se decidiera empezar a explorar también 11 de las 22 áreas protegidas de su territorio. Por medio del Decreto Supremo 2366 el Gobierno permitió su exploración a pesar de las protestas que provocó de parte de representantes de los pueblos originarios.

Igualmente hubo protestas cuando el Gobierno decidió a través de otro Decreto Supremo, el 2298, acortar a 45 días el tiempo de consulta a los pueblos originarios sobre la exploración en sus zonas, a pesar de que esa decisión violaba de hecho la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas firmada en 2008 por Bolivia con rango de ley.

Ante el aluvión de críticas recibidas Morales dijo en defensa de este decreto gubernamental: “No es posible que en las llamadas consultas se pierda tanto tiempo, esa es la gran debilidad que tiene nuestro Estado. Ahora modificamos algunas normas con el único objetivo de acelerar la inversión y de obtener más recursos naturales, y que eso beneficie al pueblo boliviano”.

Toda esta política de búsqueda de hidrocarburos ha provocado la ira de decenas de comunidades indígenas y campesinas que vieron que se contaminaban ríos, que la pesca era seriamente afectada y que se provocaba una reducción notable del caudal de sus pozos de agua.

Esto les llevó en diciembre pasado a constituir la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarias Campesinas y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).

Las mujeres campesinas e indígenas de distintas zonas afectadas por la política de empresas extractivistas autorizadas por el Estado han creado también una organización, Defensoras Ambientales de Bolivia, integrante a su vez de una amplia coordinadora de la región andina.

En octubre pasado el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (CASA) y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) presentaron ante la ONU un informe denunciando las agresiones al medio ambiente que provocan los procesos extractivos en Bolivia y alertan sobre los nuevos proyectos.

A pesar de que son muchas las organizaciones indígenas, sindicales, feministas y movimientos sociales de distinto tipo que han criticado e incluso tenido fuertes choques con el Gobierno de Evo Morales por su política extractivista, por sus concesiones a multinacionales extranjeras, por la insuficiencia de ciertos derechos sociales o por su injerencismo y autoritarismo, todas ellas han condenado el actual golpe de Estado.

Sin embargo, esa extensa relación de conflictos acumulados en estos 13 años y la actitud ambigua y falta de orientación dada ante el golpe por parte del propio partido gubernamental y las mayores centrales sindicales y movimientos sociales, han impedido una sólida acción rápida, conjunta y coordinada, para defender la revolución y frenar a los golpistas.