Argentina
Caso Maldonado: entre elecciones, posverdades y represión

El cuerpo que hallaron en el río Chubut el pasado martes 17 de octubre era el de Santiago Maldonado. Lo encontraron 300 metros más arriba de la altura por donde cruzaron el río en la huida durante la carga y persecución de la Gendarmería al grupo de personas que cortaban la ruta —una medida de fuerza en el marco de la lucha por recuperar territorio mapuche—. El viernes 20 de octubre, el hermano de Santiago confirmaba la identidad del cuerpo por sus tatuajes. Al día siguiente el actual juez de la causa, tras la primera pericia confirmaba que no habían encontrado lesiones e indicaba que las siguientes pruebas iban encaminadas a determinar la causa de la muerte. Lo que no está confirmado es que Santiago no haya sido un detenido-desaparecido, por eso aún nos preguntamos simbólicamente ¿dónde está?, aunque ya no podamos exigir su “aparición con vida” sino “memoria, verdad y justicia”.

Lo que sí sabemos es que el Estado y la Gendarmería tienen responsabilidades, incluso en el caso de que se demostrara que no se trató de una desaparición-forzada, por una represión en cuyas grabaciones podemos oír: “Tírale al negro escopeta”.

Una de las versiones que circula desde el sábado pasado 21 de octubre, es decir, en la víspera de las elecciones legislativas de Argentina, en la mayoría de las corporaciones mediáticas, es que el testimonio del compañero mapuche más cercano a Santiago en la huida, o sea, del testigo principal, el mismo que fue puesto en duda sistemáticamente por esos mismos medios en las primeras semanas, era fruto de la coacción de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).

Según esta versión se afirmaba que se habría confirmado que dicho testimonio había sido mentira. Es decir, era mentira que había visto a agentes de la Gendarmería alcanzando a Santiago. La versión, presentada como verdad desvelada, ha sido que, ante el hallazgo del cuerpo, el testigo se habría derrumbado, desmintiendo su mentira contra la Gendarmería, mantenida por coerción. Habría visto, y por tanto sabido todo este tiempo, según esta versión informativa, que Santiago se había ahogado y dónde estaba hundido el cuerpo, queriendo recuperarlo, sin poder hacerlo durante todo este tiempo por la presión ejercida por la mencionada organización.

Esta hipótesis no atiende a las declaraciones de expertos que han asegurado que el cuerpo, después de 78 días en el agua, no podría estar en las condiciones en las que ha sido hallado, incluyendo la imposibilidad de tomar las huellas dactilares durante la autopsia o en próximos peritajes que han sido indicados. Peritos que afirman que en esas condiciones no podría haber muerto en una fecha anterior a 20 días atrás (E. Prueger).

Las sospechas vertidas insistentemente durante las primeras semanas por parte de estos mismos sectores de poder mediático sobre la veracidad de que Santiago estuviera en el corte, invalidando a priori y sistemáticamente los testimonios y denuncias de desaparición de sus propios compañeros, parecieran nunca haber existido.

Hablamos de un juez y una fiscal que se apoyan en el accionar de ese mismo cuerpo policial militarizado contra los colectivos y comunidades mapuches en el conflicto por su derecho al territorio, en esa zona patagónica, vendido a Benetton

Por supuesto, los medios que apostaron durante esos dos días, y los inmediatamente posteriores a la victoria macrista en las elecciones legislativas de ese mismo domingo 22 de octubre, nada dijeron sobre los testimonios contradictorios de gendarmes acerca de lo ocurrido aquel día 1 de agosto. Testimonios que salieron a la luz unas pocas semanas después del hecho, cuando empezaron a evidenciarse en la arena pública cierto quiebre de la disciplina interna del cuerpo de gendarmes. Tampoco mencionan, por supuesto, que se limpiaron todas las furgonas de la Gendarmería partícipes del operativo antes del primer peritaje ordenado por el primer juez de la causa, ni de la tardanza de tres semanas en empezar a buscar datos con el rastreo del teléfono móvil. Una demora que venía empujada desde la oferta de peritos en medios de comunicación de “otra cuerda” como C5N (recientemente comprada por otro empresario afín a Macri; de hecho, Orly Terranova fue candidato a concejal por el PRO). 

Unos retrasos del juez Otranto, que junto a la fiscal Ávila, operaron descartando sistemáticamente, a priori y activamente, indagar la hipótesis de una responsabilidad directa de Gendarmería en la desaparición, aunque lo negaran cuando tuvieron que dar cuenta ante requerimientos internacionales. Hablamos de un juez y una fiscal que se apoyan en el accionar de ese mismo cuerpo policial militarizado contra los colectivos y comunidades mapuches en el conflicto por su derecho al territorio, en esa zona patagónica, vendido a Benetton.

Una lucha por la que existen causas penales en el juzgado de Esquel a cargo el mismo juez Otranto, que llevó el caso por la desaparición de Maldonado hasta mediados de septiembre. Un conflicto recrudecido a partir de 2015 bajo la directriz de la fiscal. Y es que, mira tú por dónde, qué sorpresa y qué novedad, la ley está articulada para defender la propiedad de Benetton.

Tampoco hablan de que alguien respondió al móvil chileno de Santiago, no se sabe quién, cuando un amigo lo llamó para intentar localizarlo al día siguiente de su desaparición, el 2 de agosto. Es más, no mencionan la noticia de que la radio base de Movistar, que registró el móvil de Santiago, y otros que estaban en esa misma zona según los datos de la antena repetidora, estaba allanada: clásica destrucción de pruebas que continúa, según las declaraciones del perito en telecomunicaciones, Ariel Garbarz, que está en la causa tras insistir públicamente que quería ser requerido por el juez —como ya mencionamos— tras semanas escandalosas respecto a las indagatorias.

Así ha continuado eficazmente la construcción de que los culpables son los “nuevos subversivos”: un nuevo “enemigo interno” de una improvisada remasterización de una doctrina de seguridad nacional

Uno de los objetivos de la construcción de esta hipótesis mediática, obviando lo citado, y otras muchas cosas más, cuanto menos extrañas e irregulares, es que otra de las hipótesis, la de que hayan plantado el cuerpo ahí en ese momento, justo antes de las elecciones legislativas del domingo por una interna dentro de las fuerzas del Estado —consecuencia de tensiones y presiones entre los gendarmes, que han aflorado en algunos medios durante estos dos meses y medio como la punta de un iceberg—, tenga un contrapunto sólido en evidencias, cuando otros datos se silencian, para los sectores de población que son receptores y reproductores de la criminalización de la lucha y de los otros, por indios, por pobres, por militantes.

Así ha continuado eficazmente la construcción de que los culpables son los “nuevos subversivos”: un nuevo “enemigo interno” de una improvisada remasterización de una doctrina de seguridad nacional, débil, aunque eficaz y útil para la implementación de una estrategia de control y disciplinamiento social.

Estigmatización, tierra y derechos

Durante estos meses, Santiago fue efectivamente estigmatizado, primero, con el equivalente argentino de “perroflauta”, y después como “subversivo”, por su supuesta vinculación con la RAM, ya que en el corte de ruta también se reclamaba la libertad de Facundo Jones Huala.

Una recuperación de las terminologías de los 60 y 70 en Argentina, cuando se construyó ese otro como una condensación del mal. Aquella construcción terminaría siendo usado como justificación de la eliminación clandestina y sistemática de personas, es decir, de la práctica de terrorismo de Estado, denominado por sus ejecutores y sus sectores ideológicos afines, como “guerra contra la subversión”.

Sin embargo, esta organización, la RAM, que hace acciones directas como sabotajes y toma de tierra, y que tiene presos en Chile y Argentina, defiende que “la resistencia no es terrorismo”. Reclaman, miembros orgánicos junto con otros militantes, mediante piquetes, no sólo la tierra del pueblo mapuche sino la libertad de los presos, que en función de la lucha política que defiende los derechos de su pueblo sobre estos territorios de los que fueron desplazados, son presos políticos.

Lo cierto es que con “la ley hecha a medida del poder” históricamente, hoy la propiedad de la tierra está asegurada a trasnacionales como Benetton y Lewis

De esta forma, volvemos al conflicto político, y existencial, de estructura económica y estatal, que la tenencia de la tierra tiene para los pueblos originarios. En el 32º Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, las mujeres originarias denunciaban las situaciones extremas que viven las comunidades de los diversos pueblos, por todo el país: “Nos morimos, hermanas, no tenemos acceso a los hospitales. '¿Y vuestras medicinas ancestrales?' nos dicen, cómo, si nos dejaron sin monte, nos desplazaron. Nos están eliminando con la pobreza y el aislamiento, lenta y silenciosamente”.

Lo cierto es que con “la ley hecha a medida del poder” históricamente, hoy la propiedad de la tierra está asegurada a trasnacionales como Benetton y Lewis. El Gobierno y el Estado van, efectivamente, “de la ley a la ley” —nos suena—, por fuera del respeto de los que hoy son minoría, los mapuches y todos los pueblos originarios. Esa lógica del capital, el Gobierno y el Estado, en definitiva, de la ley, se plasmaba a modo de esperpento ridículo en un titular genial de la revista satírica Barcelona: “Propuesta de paz del gobierno a los indios: 'Que los mapuches armen una multinacional y ganen las licitaciones'”.

Sin embargo, también encontramos los límites de esta “trinidad” —capital, Gobierno, Estado— sintetizado en el verbo, la ley, aunque de forma, por supuesto, endeble. Nos referimos a la ley 26.160 (2006), prorrogada por tercera vez al calor del caso Maldonado en mitad de la campaña de las legislativas, durante un breve lapso de tiempo. Dicha ley contaba con fecha de caducidad cuando se aprobó y recoge la suspensión de la aplicación de las sentencias judiciales de desalojo de comunidades originarias en el país, hasta que se realizara un relevamiento de la situación. Un censo que, a 11 años vista y con tres prórrogas de la ley cuya caducidad estaba prevista, está —qué sorpresa— todavía sin hacer.

Este caso me recordó a lo que los medios españoles hicieron, con un descaro y mezquindad que yo no recordaba antes con Carlos Palomino tras su asesinato en el metro de Madrid por un soldado del Ejército español

Este contexto explica el núcleo causal concreto de la estrategia de deslegitimación y estigmatización pública de Santiago en las primeras semanas después de su desaparición. De hecho, volviendo a la estrategia de reproducción de la otredad: la criminalización de la víctima —una figura simbólica preponderante internacionalmente a partir de los 90—, cuando ésta no se adecúa a la categoría construida socialmente de “víctima inocente” —una inocencia caracterizada y reproducida en virtud de los nudos ideológicos dominantes—, me recordó a lo que los medios españoles hicieron, con un descaro y mezquindad que yo no recordaba antes, quizás por no haber aprendido hasta entonces a estar atenta, con Carlos Palomino tras su asesinato en el metro de Madrid por un soldado del Ejército español.

Me trajo a la mente la llamada ‘Masacre de Avellaneda’ (en el conourbano bonaerense), en junio de 2002, cuando miembros de la policía federal asesinaron de varios disparos a bocajarro a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes piqueteros del MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados). El mismo diario Clarín, referente de este tipo de versiones, tituló “La crisis causó dos nuevas muertes”. En aquel caso una grabación —borradas cuando los cuerpos policiales tienen el control total del espacio, como ocurre en las comisarías— registró el momento de los tiros sobre Darío, cuando éste fue a ayudar a su compañero tendido ya en el suelo. Un documental, con ese mismo nombre, muestra la secuencia de aquellas durísimas imágenes, elocuentes como pruebas, al articularlas con la trama de ocultación y distorsión, desmontando y denunciando la estrategia de Clarín, pudiendo así ver con claridad la estructura de impunidad que reproduce el aparato mediático.

Venían a la memoria el asesinato, en una protesta sindical para la incorporación a planta de trabajadores subcontratados (tercerizados), de Mariano Ferreyra, por grupos armados de la burocracia sindical con complicidad de la policía que, en una accionar habitual, “liberó” la zona; el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en una protesta docente, también en la Patagonia, como consecuencia de la represión de la policía provincial. El asesinato de Luciano Arruga por negarse a ser fiel a la extorsión de la policía siendo un pibe pobre. Imposible sería mencionar la cantidad de casos de gatillo fácil en los barrios populares y las villas miseria del país. Y, por supuesto, vino a la memoria la última y definitiva desaparición de Jorge Julio López tras ser testigo en el juicio contra el policía bonaerense Etchecolátz (director de investigaciones de la policía bonaerense), por su accionar durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

El mismo viernes en el que se confirmaba la identidad del cuerpo de Santiago, en Buenos Aires, en la estación de Constitución, Diego Villarreal Cabrera, de origen paraguayo, era asesinado a golpes por dos agentes de policía que lo apalearon hasta la muerte cuando estaba ya atado y reducido en el suelo, tras no pagar un pedazo de pizza que se había comido.

Así las cosas, como decimos, el pasado domingo 22, en las elecciones legislativas, el macrismo se consolidó como primera fuerza política del país (40%). Tal y como decía el actual jefe de gabinete de ministros del Gobierno de Macri, Marcos Peña: “El caso Maldonado no cambió el eje del humor social sino que reafirmó creencias preexistentes”. Dolorosamente se confirmó esa retroalimentación, preexistente pero reforzada tanto por la estrategia de las corporaciones mediáticas, como por las dinámicas sectoriales de “posverdades” que operan en la construcción de las identidades de los sujetos posmodernos, a través del giro tecnológico, en la dinámica de las redes sociales.

Mientras, en esa misma Argentina, hay 600 conflictos por la tierra, personas desplazadas, asesinadas, encarceladas, desaparecidas…

Mientras, en esa misma Argentina, hay 600 conflictos por la tierra, personas desplazadas, asesinadas, encarceladas, desaparecidas… Y, por supuesto, también una fuerte movilización reclamando "verdad y justicia" para Santiago que se volverá a repetir hoy, 1 de noviembre, a tres meses del día de su desaparición. Una manifestación que se convoca en una coyuntura en la que aparecen nuevos datos contradictorios con la versión del ahogamiento en el río: el periodista Ricardo Ragendorfer defendió que en la autopsia, no hecha pública todavía, aparecería lo argumentado por el doctor Prueger, esto es, que el cuerpo tendría características de no haber pasado 78 días bajo el agua, sino, en esta declaración, no más de cinco.

Sumaría, no obstante, una información nueva: por su conservación parecería haber estado a muy bajas temperaturas, y no las del río Chubut. Así cobraría relevancia el dato de que la única cámara frigorífica en la zona se encuentra en la Estancia de Benetton, donde la Gendarmería posee una base logística desde los años 90, fruto de un convenio firmado, con Menem de presidente, entre Carlo Benetton, la Secretaría de Seguridad de la Nación y la provincia de Chubut. Según esta hipótesis de desaparición-forzada, la razón por la cual el cuerpo habría sido colocado en el río en ese momento, no habrían sido las internas entre los aparatos de poder, sino la notificación a las partes de la solicitud, por parte del nuevo juez de la causa, sustituto de Otrando, el juez Lleral, de una revisión del casco de la Estancia de Benetton y zonas aledañas, a la par que había ordenado nuevamente el rastrillaje de esa zona del río para ese día, martes 17 de octubre.

Así las cosas, hoy, una parte de la sociedad argentina seguirá reclamando, una vez más, “ahora y siempre”, “memoria, verdad y justicia”.