América Latina
Argentina, entre transiciones, corridas cambiarias e inflación: la emergencia alimentaria

“Lo que mata es la humedad”, se dice en los inviernos de la capital occidental del Río de la Plata: “Mi Buenos Aires querido”, en la voz tanguera de Gardel.

Dos noches de húmedo frío soportaron los cuerpos de las y los militantes, familias incluidas, acampados en el centro de la capital argentina. La primera fue un mes después del contundente resultado de las elecciones primarias —abiertas y obligatorias (PASO)— que dieron un aliviado portazo a la profundización del modelo neoliberal del Gobierno macrista. La noche del pasado 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado contra el Chile de Allende, día del maestro en el país de Borges y Cortázar.

Una segunda noche, hasta la mañana del viernes 13, mantuvieron el acampe las organizaciones piqueteras Barrios de Pie, el MTR y el Polo Obrero, pese a la aprobación de la prórroga de la ley de Emergencia Alimentaria votada en el Congreso. Estuvieron dos noches acampando frente al Ministerio de Desarrollo Social, en el centro de la ciudad porteña, rodeados permanentemente por la policía. “La yuta” cargó el primer día de asentamiento con el fin de acotar el acampe a un tercio de la anchísima avenida 9 de julio. Las autoridades limitaron así, preventivamente, con palos y gases pero sin la violencia necesaria para desalojar, el ‘corte de ruta’ que define la acción piquetera.

Las medidas de fuerza habían comenzado, con una primera vigilia, una semana antes, por parte de militantes de un conjunto numeroso de organizaciones político-sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, el Frente Popular Darío Santillán (militante asesinado por la policía de un disparo a bocajarro mientras intentaba socorrer a su compañero, Maximiliano Kosteki, también asesinado, en junio de 2003 cuando se dirigían a un piquete en la coyuntura post2001) o el Movimiento Teresa Rodríguez (también asesinada de un balazo policial, en el marco de una protesta por “pan y trabajo”, en 1997, la década de la convertibilidad: el llamado “uno a uno” —entre peso y dólar— del ministro Cavallo).

Aquella década del menemismo neoliberal que, con una aparente fiesta de luxe en la superficie y una clase media cómoda, no paraba de engendrar desocupados en los sectores populares. Unos desocupados que parieron resistencia activa: cortando calles y rutas (carreteras) al haberse quedado sin la huelga como herramienta, por su condición de parados sin paro. En esta situación de trabajadores sin trabajo, adoptaron las medidas de presión que acompañaron siempre al ejercicio huelguista, antes de que la huelga fuera arrancada a la ley como derecho. Así nació el movimiento piquetero.

Mientras se activaba la movilización en la Capital Federal del país, también lo hacía en otros puntos del país como Córdoba, Mar del Plata y Chubut junto a la huelga docente

Pues bien, en la complicadísima situación de hoy, tres semanas después de las elecciones que dejaron sin base electoral al Gobierno de Macri, la calle organizada movía ficha: mientras se activaba la movilización en la Capital Federal del país, también lo hacía en otros puntos del país como Córdoba, Mar del Plata y Chubut junto a la huelga docente (el 17 de septiembre fallecieron dos profesoras en un accidente de tráfico al volver de la manifestación por sus salarios y haber sufrido cargas policiales).

Son medidas de fuerza, sí por supuesto, presión ejercida sobre los que gestionan los recursos del Estado ante una situación dramática en los barrios. Una movilización con objetivos concretos: arrancar recursos a dichos gestores políticos para ciertos sectores sociales, los “desposeídos” organizados.

Por su lado, los políticos en el poder institucional del ejecutivo, como parte del todavía Gobierno macrista, continuaron con la siempre presente, y “muy educada” por cierto, igualación ficticia entre las partes. Usan un discurso que alude al diálogo para así poder victimizarse: llamando a la presión, ‘extorsión’; mientras continúan con la también tradicional estrategia de azuzar, por un lado, el miedo y, por otro, la confrontación entre diferentes sectores golpeados por la crisis brutal que vive el país, al hablar de ‘ciudad tomada’.

En lo concreto, las organizaciones reivindicaban que la ministra Carolina Stanley se reuniese con ellos para aumentar la cantidad de plata asignada a través de los planes sociales: exigen una actualización del salario social complementario (la mitad del salario mínimo) para algunas iniciativas y cooperativas constituidas por estas organizaciones, que duplicaría los ínfimos 7.000 pesos actuales; la ampliación del padrón de beneficiarios —hoy unos 450.000— de los programas de empleo social; así como el cumplimiento efectivo de la asistencia alimentaria —prorrogada ya en el Congreso y en el Senado por unanimidad, en una cesión del maltrecho Gobierno frente a la propuesta de la oposición— para el suministro de unos comedores y merenderos sociales, en barrios y escuelas, que no dan abasto.

Hay hambre en Argentina. La realidad es tozuda pese al indignante negacionismo caritativo que mantuvieron en las declaraciones varios miembros del ejecutivo ya caducado de Mauricio Macri

Sólo en lo que va de 2019 aumentaron entre el 50% y el 100% las personas que buscan su único plato de comida diario, mientras los recursos son cada vez más angustiosamente escasos y depauperados. El cálculo, flojo siempre de registros formales, apunta a cuatro millones de personas que concurren hoy a esta última frontera contra el hambre en el Gran Buenos Aires.

Hay hambre en Argentina. La realidad es tozuda pese al indignante negacionismo caritativo que mantuvieron en las declaraciones, durante los días anteriores a la votación parlamentaria, varios miembros del ejecutivo ya caducado de Mauricio Macri. Por ejemplo Patricia Bullrich, ministra de seguridad. Negación de la realidad misma que caracterizó permanentemente a este Gobierno en su marketing posmoderno (saturador tanto de corte buenista como clasista duro). El mismo ejecutivo que, de cara a la competitividad capitalista que arrasa con la Amazonía y deja tres millones de afectados por el glifosato en la Pampa, presume de la capacitación de producción alimentaria de la Argentina para 400 millones de personas.

Según la UCA (universidad católica), más de un 35% de la población total del país ya está por debajo de la línea de pobreza. Más del 63% de los niños argentinos son pobres. El 80% de los jubilados se encuentran cobrando su pensión por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de una subida ininterrumpida y acumulada de precios —debido a la inflación de los últimos ocho años—, combinada con la reforma que impuso el Gobierno de Macri sobre las pensiones, en diciembre de 2017.

Según la Universidad Católica, más de un 35% de la población total del país ya está por debajo de la línea de pobreza

Desde la asunción de Cambiemos en 2015, la inflación acumulada es de un 283,7%. El precio de los alimentos subió en lo que va de año un 59%. La carne y las verduras están a precios inasumibles para millones de personas –acabo de gastarme 50 pesos en media docena de huevos; cien en la verdulería comprando cuatro tomates, una calabaza y un par de plátanos; mientras en la tienda, por una botella de agua y un paquete de pan de molde, se me han ido 240. La venta de harina en el mercado mayorista ya está dolarizada, mientras en el conourbano bonaerense han cerrado unas 1900 panaderías y alrededor de 40.000 carnicerías en lo que va de año.

Así las cosas, la votación de la prórroga hasta 2022 de la ley de Emergencia Alimentaria —decretada en 2003 y reactivada en un acuerdo entre el Gobierno actual y las organizaciones político-sociales en 2016— respondió también a una campaña más amplia en las calles que incluyó a diferentes organizaciones nucleadas en la CTEP (Confederación de Cooperativas de la Economía Popular), que movilizaron —junto a las centrales sindicales por fuera de llamada burocracia sindical— acompañando la votación en el Congreso. Y lo mismo el pasado miércoles en la votación definitiva del Senado.

En la semana de reactivación de la movilización, organizaciones como el Movimiento Popular La Dignidad —parte de la CTEP— comenzaron con acciones de visibilización de la injusta situación en algunos centros comerciales de barrios acomodados de Buenos Aires, tras las semanas de devaluación tremenda del peso frente al dólar. Valor del dólar que, después de la estrepitosa derrota de Macri, “se fue al carajo”, obligando a los ‘ortodoxos neoliberales’ a tomar las necesarias medidas de control de capitales ante la tremenda, constante, diaria fuga de dólares que hacía peligrar las parcialmente ficticias reservas del Banco Central. Medidas que consiguieron frenar por el momento la corrida cambiaria en una estabilización que ha durado un par de semanas. 

Lo cierto es que importantes organizaciones del campo popular se alinearon en las elecciones de las primarias, abiertas a todo el censo electoral nacional, en un país de voto obligatorio, con la coalición aplastantemente victoriosa, la de Alberto Fernández —algo más que candidato presidencial en las próximas elecciones del 27 de octubre—. El Frente de Todos es un conglomerado numeroso y dispar del peronismo progresista que presentó la llamada fórmula ‘Fernández-Fernández’, cuya victoria ha disipado peligros tan desasosegantes como la dolarización de la economía argentina, no como ya lo está de facto, sino perdiendo su moneda según recomendaciones que The Wall Street Journal hacía un año atrás, el pasado septiembre.

Las primarias de agosto se convirtieron en una suerte de plebiscito que acabó con la derrota del macrismo, por tanto el país vive un escenario de transición dilatada

Alberto Fernández fue —siendo hoy el futuro presidente— jefe del gabinete de ministros del Gobierno de Néstor Kirchner. Aquel que reflotó la crisis de 2001 hasta el cacareado “crecimiento a tasas chinas” de la sojización y el extractivismo, con un mercado internacional de commodities que era, claramente, otro cantar al actual. El tándem, como vicepresidente, lo hace con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien se había alejado a partir de 2008 con la llamada ‘crisis del campo’, el intento de subida de las retenciones a la exportación agrícola que supuso una fuerte respuesta de paro patronal.

Hay que entender que las primarias de agosto se convirtieron en una suerte de plebiscito que acabó con la derrota del macrismo, por tanto el país vive un escenario de transición dilatada. Los resultados de las ‘primarias generales’ convirtieron al Gobierno en perdedor del voto popular dos meses antes de las elecciones presidenciales, por unos irremontables 16 puntos de diferencia.

En consecuencia estamos frente a un Gobierno sin legitimidad popular simbólica, pero con poder institucional hasta la votación a la presidencia de la nación (según sistema presidencialista), por tanto, en campaña electoral hasta el 27 de octubre. Se trata de un poder ejecutivo desahuciado en un país inmerso en una profunda crisis económica. En estas condiciones, el actual Gobierno de Macri tiene un poder efectivo reducido en relación con los sectores de poder que ya ven a Fernández como el relevo, aunque todavía mantiene la institucionalidad y los intereses de sus representados hasta la entrega del ejecutivo. Así las cosas, en este ínterin el país no recibirá, hasta pasadas las elecciones, la siguiente partida (5,4 millones de liquidez) de la cuantiosa deuda contraída el año pasado, por el macrismo, con el FMI.

Con todo, las elecciones no se han adelantado consecuencia de un discurso de institucionalidad republicana influido por el significante de un hecho: ningún gobierno no peronista terminó mandato dentro del sistema democrático pleno, es decir, sin proscripción peronista. Lo cual tiene un peso tanto para el antiperonismo como para el peronismo, incluido aquel que, junto a sectores del otro partido del bipartidismo del siglo XX argentino, el radicalismo, colaboró activamente en la coalición electoral de Macri, me refiero a personajes de la derecha del Partido Justicialista, como el senador Pichetto, que es nada menos que el candidato a vicepresidente macrista.
En este interregno crítico, Alberto Fernández, el candidato victorioso y seguramente próximo presidente del país, ante una inflación y una crisis social que combinan el fantasma del corralito y la rebelión del 2001, con el de la hiperinflación de los últimos meses del Gobierno de Alfonsín en 1989, se reúne con los industriales y la burocracia sindical y declara: “Evitemos estar en la calle”.

El Gobierno de Macri tiene un poder efectivo reducido en relación con los sectores de poder que ya ven a Fernández como el relevo, aunque todavía mantiene la institucionalidad y los intereses de sus representados

El discurso apunta a dejar la polarización —la llamada ‘grieta’— entre los años de Gobierno kirchnerista y los cuatro de Macri, apelando a un pacto económico-social de unidad nacional, no tanto en el campo político —los polos siguen estando, y en ambos las coaliciones que funcionan están amarradas con cuotas de poder en cada coyuntura—, sino de cara a los diferentes sectores de poder, incluido el sindicalismo.

En medio del despojo, la relación de fuerzas sucumbe a esa dinámica voraz. Los mismos que llaman al pacto de unidad nacional hacen despectivas declaraciones —de arriba a abajo— dentro de la coalición de Fernández, frente al planteamiento de un debate de raíz que puso en la arena pública Juan Grabois —referente de la CTEP, como secretario general del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y cercano a Bergoglio—. Me refiero a la necesaria reforma agraria del país, si miramos el derecho a ‘tierra, techo y trabajo’. Una vez más, cuántas sobre las mismas espaldas, no vienen bien dadas.

No obstante, los brazos siguen en alto: el nombrado jueves, el colectivo de Actrices argentinas, con la consigna ‘no nos callamos más’, denunciaban de nuevo casos de abusos sufridos bajo este sistema patriarcal con la complicidad necesaria de la precarización laboral. Y el pasado miércoles 18 de septiembre, con la sanción definitiva de la prórroga de la Emergencia Alimentaria, las manifestaciones por Julio López —a 13 años de su segunda y definitiva desaparición—forzada por testificar en el juicio al jefe de la Policía de La Plata durante la última dictadura cívico-militar, Etchecolatz, declarado culpable de delitos de lesa humanidad— reivindicando ‘memoria, verdad y justicia’, atravesaron nuevamente el centro platense y porteño; mientras la huelga docente, en apoyo a Chubut y por las compañeras fallecidas, era declarada para ese jueves en todo el país.