Derecho al agua
Nuevos enfoques en las políticas hidráulicas

Un nuevo Pacto del Agua se atisba en el horizonte. El PP ya se ha reunido con organizaciones ecologistas, comunidades de regantes, hidroeléctricas, administraciones autonómicas y cuencas hidrográficas. Se supone que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente va a redactar un documento con el que alcanzar un acuerdo de Estado con el PSOE. Por lo que sabemos, se está trabajando en cuatro líneas, ninguna de las cuales integra, de manera efectiva, la perspectiva del cambio climático: la satisfacción de los mal llamados déficits hidrológicos con nuevas infraestructuras, la aplicación de las políticas ambientales que se derivan de la directiva marco del agua, planes de sequía y de control de avenidas, y una gobernanza del agua que incluirá favorecer procesos privatizadores. Ya no se habla de trasvase del Ebro, pero siguen insistiendo en llevarse el agua a Levante. Con eufemismos y sin grandes infraestructuras, más bien con pequeños canales y conductos. Estos planteamientos siguen anclados en los viejos principios del aumento de la oferta en una espiral insostenible. Además, hay elementos subyacentes en las normativas actuales que, aunque sea de forma indirecta, orientan decisivamente esas viejas dinámicas y condicionan los debates del agua. Buenos ejemplos son los derechos concesionales y la Política Agraria Común (PAC) europea.

La PAC subvenciona la hectárea de regadío con el triple de dinero que la hectárea de secano. En esas condiciones, cualquier persona en sus cabales prefiere que su hectárea esté declarada como regadío, incluso aunque luego ese regadío no sea efectivo. Y, a su vez, apoyará, en abstracto, el almacenamiento y canalización de agua, sobre todo si los costes están socializados. Así mismo, los derechos concesionales del agua y de la electricidad están actualmente privatizados, en manos de entidades de regantes y de empresas eléctricas. El abastecimiento de agua de boca, en teoría prioritario según la Ley de Aguas, está en la práctica supeditado al uso agrícola y a la producción de energía (el ejemplo de la ciudad de Zaragoza es muy ilustrativo).

Movilizarse contra la construcción de nuevas presas es necesario, pero además, y allí entran los nuevos enfoques estratégicos, debemos exigir cambios legales en cuestiones como las anteriores. Eliminar ese plus de subvención al regadío o recuperar de forma efectiva el control público de muchas de las aguas dadas en concesión, pueden ser elementos disuasorios para reducir la gran presión depredadora que existe sobre nuestras masas de agua.