Residuos
Julià Álvaro: “Pagamos tres veces por la gestión de los envases abandonados”

Julià Álvaro nos recibe en el salón de su casa en València, una estancia luminosa y trufada de libros que llaman la atención desde el desorden leve de las estanterías. El ex secretario autonómico de Calidad Ambiental y Cambio Climático nos hace esperar unos minutos mientras observamos algunos títulos sobre el mundo de la comunicación y de la ecología política. Álvaro responde a una fusión entre ambas facetas, dos de los elementos centrales de su vida. Fue periodista de la extinta Canal 9, donde trabajó como redactor, corresponsal en las Guerras del Golfo y Yugoslavia y miembro del Comité de Redacción de la entidad.

Más tarde, se implicó de manera notoria en las protestas de la plantilla al calor de las disputas abiertas a raíz del cierre irregular por el despilfarro de la televisión pública valenciana, los despidos masivos y la manipulación de los contenidos. El antiguo reportero volvió a aparecer entre las filas de Equo del País Valencià y en octubre de 2014 empezó a ejercer de coportavoz de la formación Verds-Equo dentro de la coalición de Compromís que presentaría su candidatura a las elecciones autonómicas de 2015. Tras los comicios, el Pacte del Botànic consensuado entre el partido de Mónica Oltra y el PSPV de Ximo Puig le hace aterrizar en la Secretaría Autonómica antes mencionada.

Una vez allí, y tras el primer año de gobierno, se dieron las primeras noticias del enfrentamiento velado entre Álvaro y la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, en la forma y aplicación de ciertas políticas verdes. El principal elemento de disenso fue el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, que venía a sustituir el modelo de gestión vigente. Finalmente, tras una enorme presión ejercida por las entidades y corporaciones que se sintieron amenazadas por la implantación del nuevo sistema, el gobierno del Botànic tomó la decisión de cesar al ex-periodista de su cargo.

Los plásticos representan un peligro muy grave que se puede abordar mediante una gestión alternativa de los envases

¿Por qué optó por el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) como uno de los proyectos principales, símbolo de su gestión? 
Junto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la salud de los mares es una de las cuestiones clave del campo medioambiental. En este sentido, los plásticos representan un peligro muy grave que se puede abordar mediante una gestión alternativa de los envases. El SDDR cumple dicha función, los envases se tratan de otra manera para garantizar que volúmenes inmensos de plásticos no acaben en el mar.

También es responsabilidad de las instituciones que los espacios públicos estén libres de basura. En este ámbito, los envases son un grupo numeroso y fácil de acotar, lo que permite un tratamiento particularizado a través del sistema de retorno de envases. Un sistema que tiene precedentes y ejemplos en todo el mundo y cada vez más.

Además, se está gestionando en contra del interés general en términos medioambientales, sino también en el aspecto económico. Quien está asumiendo el coste de esta mala gestión es la ciudadanía, que está pagando tres o más veces por un servicio cuya regulación exige que ha de ser cubierto por las entidades que ponen en el mercado un producto envasado. Los grandes embotelladores han puesto en marcha empresas como Ecoembes para llevar a cabo esa gestión y, mientras, mantienen un modelo con el que están sacando un beneficio desmesurado.

Un impuesto de pocos céntimos que el embotellador repercute en el precio para no perder margen de beneficio y que garantiza, supuestamente, la gestión por parte de Ecoembes

¿Cómo es posible que paguemos tres veces por la gestión de los envases?
Por ley, el responsable del residuo envase es quien lo pone en el mercado. Ecoembes, una organización sin ánimo de lucro es quien gestiona dichos envases en nombre de las principales empresas que venden productos envasados, compañías como Coca-Cola, Pepsi-Co, Nestlé o Danone que integran el consejo de administración de esta entidad. Para llevar a cabo el proceso de tratamiento, se aplica el Sistema Integrado de Gestión (SIG) gracias al punto verde que figura en los envases, un impuesto de pocos céntimos que el embotellador repercute en el precio para no perder margen de beneficio y que garantiza, supuestamente, la gestión por parte de Ecoembes. Este caso muestra como el consumidor paga por el servicio de gestión del residuo envase a través del precio del producto, cuando tendría que abonarlo la empresa y restar dicho valor de sus ganancias.

Así deberían de verse cubiertos los costes de tratar y reciclar el material de envase, pero eso no pasa: aproximadamente dos tercios de los envases que se ponen en el mercado no van al contenedor amarillo y quedan abandonados. La consecuencia es que si un envase es arrojado a la vía pública, a un contenedor gris o a una papelera, ha de ser recogido por los servicios públicos que también corren a cuenta de la ciudadanía. Es decir, en dos de cada tres envases se paga dos veces por la gestión de un envase. Después, esos envases se meten en un camión que cobra por el peso de lo transportado, para llegar a la planta de gestión de residuos donde se vuelve a pagar por el peso de la basura que reciben dichas instalaciones. Es decir, la ciudadanía paga punto verde, recogida, transporte y entrada en planta.

Ecoembes pone una buena porción de los ingresos que cobra por encima de los envases que gestiona al servicio de su imagen verde y del grueso telón que cubre a las compañías que están detrás 

¿Dónde va el dinero que se abona a través del punto verde?
El dinero se lo llevan las empresas a través de Ecoembes, que mueve alrededor de 450 millones de euros al año, de los que se gasta 100 millones en publicidad, más o menos. Ecoembes cobra el importe del punto verde por el 100% de los envases pero solo efectúa la recogida del 30% de los mismos. Dos tercios de dinero que acaban en Ecoembes sin la prestación del servicio asociado. Puesto que no es una entidad con afán de lucro, aprovecha estos ingresos para llevar a cabo campañas publicitarias, para las generosas retribuciones de sus directivos y para ser un agente importante de presión en favor del sistema actual del cual se beneficia.

¿Qué acciones (de lobby, mediáticas y discrecionales) emprendió Ecoembes para vilipendiar la propuesta del SDDR? ¿Cuáles fueron sus métodos?
Las actividades de lobby a favor del SIG son las más notorias de la entidad, sólo hay que mirar su presencia en redes y otros medios como la televisión. También tiene una considerable influencia en la información elaborada por los principales medios de comunicación por el peso de la ingente publicidad que otorga a dichos medios gracias a sus grandes ingresos. No deja de ser lo mismo que hacen todos los grupos de presión que influyen en la esfera pública y privada en defensa de intereses particulares. 

Ecoembes se presenta como una organización sin ánimo de lucro que defiende los valores ecologistas del reciclaje. A la luz de su composición entitaria, ¿es lícito que venda esa imagen mientras perpetúa un modelo de gestión insostenible? ¿cómo se puede desenmascarar a Ecoembes?
Ecoembes tiene ciertas actitudes cercanas a la preocupación por las cuestiones ecológicas, su gestión permite que se alcance un determinado nivel de reciclaje que, en el caso de los envases, ronda el 30 o el 35%. Pero, a la vez, representa los intereses del poder corporativo y están frenando la llegada de una iniciativa que puede aspirar a reciclar el total de los envases consumidos.

Ecoembes tiene un interés superior a su sensibilidad ecológica: mantener la tasa de ganancia de sus entidades fundadoras. El problema es que, fruto de su potencia de fuego mediático, se presta mucha atención a las campañas de sostenibilidad, mientras se evita poner el foco en que la perpetuación del SIG retrasa la implantación de un sistema mejor y en quién está detrás de esta entidad de tintes verdes cuyos propietarios nada tienen que ver con la construcción de un mundo más sostenible. 

Ecoembes es una entidad que, dado que su gestión es deficiente y sólo llega a controlar una tercera parte de todos los envases que le corresponde gestionar, pone una buena porción de esos ingresos, el dinero que cobra por encima de los residuos que maneja, al servicio de esa imagen verde y el grueso telón que cubre a las compañías que están detrás.

La tarea de los medios de comunicación es explicarlo y la de las instituciones ponerlo de manifiesto. Pero topar con las grandes estructuras de presión supone dificultades para los medios, que tienen que renunciar a ciertos ingresos publicitarios, y para los gobiernos que tienen que soportar inmensas presiones.

¿Cumple Ecoembes una función de Responsabilidad Social Corporativa?
Sí, ofrece una imagen de una gestión preocupada por obtener resultados que no es real. El modelo SIG de diversos contenedores, que era bueno hace 20 años cuando no había ningún mecanismo de separación en origen, está llegando a su límite operativo en el que solo podemos mejorar en milésimas porcentuales. Si tenemos en cuenta que es un mecanismo que lleva dos décadas vigentes, cuyos contenedores están al alcance de casi toda la población y acompañado de potentes y frecuentes campañas de sensibilización, no hay otra forma de explicar que no mejoren las cifras.

Ha tocado tope. Sobre todo en el caso de los envases. Se sabe que en Alemania, los resultados no son del 30%, sino que rozan el 100%. Dado que vemos como se apuesta cada vez más por quintos contenedores de materia orgánica o por la recogida puerta a puerta, podemos concluir que existen niveles de concienciación ciudadana que permiten ir más allá de los contenedores del SIG. Por responsabilidad, las instituciones deberían promover y poner en marcha estos cambios para velar por el interés general. Las empresas, por su parte, deben adaptarse a las nuevas realidades legales y lo harán.

Movimiento 83 ha elaborado este vídeo para denunciar las promesas incumplidas del Govern

Muchos han dicho que no se puede extrapolar el éxito del SDDR en otros países a nuestro entorno. ¿Tiene el País Valencià alguna particularidad que suponga un obstáculo para la implementación de este sistema?
No, no lo creo. Se dice que no estamos preparados para cosas que funcionan en otros lados pero eso nos lleva a supuestos absurdos como que la conducta de una población en concreto no esté configurada para la democracia. Aquí pasa un poco lo mismo, es una cuestión de voluntad política. Y tenemos ejemplos por todo el globo, hay SDDR en Australia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemania, Croacia, en sitios muy dispares.

Buscar un consenso en torno a la implantación del SDDR si la otra parte se cierra en banda es condenarlo al fracaso 

¿Qué resistencias se encontró a la hora de intentar implementar el sistema de retorno de envases? ¿Cuáles fueron los sectores más beligerantes?
A parte de la incesante oposición de Ecoembes, los supermercados también cumplieron un papel relevante. Consideraban que podía afectar a su volumen de negocio por el coste que supondría la instalación de las máquinas de retorno y el espacio que quitarían a la venta de productos. Esta argumentación tiene poco fundamento: es verdad que la tarea de gestionar sus envases puede ser al principio una molestia añadida para el supermercado, pero es una responsabilidad social que deben asumir como tantas responsabilidades asume la ciudadanía. Todos los sectores deben contribuir a una economía más sostenible.

Además, la gestión de dichos envases viene compensada por dos céntimos en cada unidad, lo que supone la ganancia de enormes cantidades de dinero si tenemos en cuenta el volumen de envases que se maneja en el País Valencià. Los supermercados alemanes, por ejemplo, tienen importantes ingresos gracias a esos 'céntimos'.

Más allá de eso, sucede que todo el sector empresarial (las grandes empresas envasadoras y su tejido asociado) se ha movido en contra de la instalación del sistema de retorno de envases ya que supone ciertos cambios para las condiciones y los equilibrios del mercado en el que compiten. Son sectores que siempre intentan retrasar dichas modificaciones. Pero, cuando ya no tienen más remedio (como pasa con el etiquetado), se suman a la transición e intentan sacar rentabilidad de ella.

La revisión del Pacte del Botànic no incluyó ninguna referencia o mención a la implantación del SDDR pese a la expectación creada por los diversos pronunciamientos dentro del Govern a favor de esta medida. ¿Por qué no se dice nada del SDDR en la revisión del pacto?
El Pacte del Botànic nunca bajaba a las cosas concretas, era más bien una declaración genérica de principios. El SDDR figuraba en el programa electoral de Compromís que se manifiesta en dicho pacto a través de una mención a la necesidad de caminar hacia economías más sostenibles. Después, las Cortes valencianas se pronunciaron en apoyo al sistema de retorno de envases, lo que cristalizó en una resolución tomada en el debate sobre el estado de la Comunidad de 2016 que instaba al gobierno autonómico a poner en marcha el SDDR. Más tarde, durante el seminario semestral del Govern de julio de 2016 celebrado en Torrevieja, el ejecutivo se comprometió a iniciar la implantación del sistema.

Tuvimos diversas menciones y compromisos: programa electoral, pronunciamiento y resolución de las Cortes y compromiso explícito del Govern. Nada de eso se ha cumplido. Es cierto que la revisión del Botànic generó cierta expectación, pero el compromiso ya estaba presente en otras instancias. No se ha querido cumplir, es un problema de voluntad política.

¿Cree que Compromís asumió su destitución para reducir la tensión y las suspicacias entre las formaciones que componen la coalición de gobierno? ¿Cómo valoras esta actuación por parte de Compromís y Verds-Equo?
Se ha preferido poner el listón medioambiental a una altura que no dificultara la relación entre los socios de gobierno. En un gobierno de coalición con diversas sensibilidades, es necesario negociar y ceder en ciertos puntos. En este marco, Compromís ha aceptado reducir sus exigencias ambientales a cambio de otras cosas que se habrán acordado y que no conozco.

Así es como se han sacrificado políticas ambientales importantes y de gran alcance. De esta manera, las prioridades ecológicas han sido cuestiones de segunda o tercera categoría ya que, en pos del rédito electoral, se opta por medidas cuyas consecuencias son visibles en el corto plazo, lo que no suele coincidir con los márgenes necesarios para notar la efectividad de las políticas ambientales. Yo creo que es un gran error.

“Lo que se ha conseguido en estos dos años y medio es establecer la idea de que hay que visibilizar la política medioambiental y que el resto de políticas (urbanismo, industria, etc.) deben de tenerla en cuenta

¿Cómo valora sus dos años y medio al frente de la Secretaria Autonómica de Calidad Ambiental y Cambio Climático? ¿Cuáles han sido sus principales logros? ¿Y sus errores y omisiones más destacadas?
Estos últimos dos años y pico han sido positivos, muy intensos y gratificantes. Me siento muy agradecido por haber tenido esta oportunidad pero lamento mucho no haber finalizado la legislatura porque se podría haber rematado una labor muy buena y dejar ciertos avances blindados ante los intentos de futuros gobiernos de acabar con esta senda verde.

Lo mejor de nuestra gestión ha sido la simple puesta en marcha de políticas medioambientales. Hasta nuestra llegada, la gestión medioambiental de la Comunidad Valenciana no existía más allá del apellido verde que figuraba en la cartera. Las políticas del Partido Popular nada tenían que ver con un tratamiento coherente y coordinado de la protección del entorno natural.

Lo que se ha conseguido en estos dos años y medio es establecer la idea de que hay que visibilizar la política medioambiental y el resto de políticas (urbanismo, industria, etc.) deben de tenerla en cuenta. Esto puede parecer genérico pero es básico. De hecho, nos topamos con una serie de actividades económicas vinculadas, en su mayoría, al mundo de la construcción y de la gestión de residuos que no estaban acostumbradas a tener lidiar con una gestión medioambiental efectiva que no supeditaba sus decisiones a intereses externos al bien común. Es este conflicto el que puso en crisis esta etapa.

Pese a ello, hemos dado pasos muy importantes. Emprendimos proyectos de recuperación de agua para no depender de trasvases y otros métodos de gran impacto ambiental. Se ha implantado la separación en origen de la materia orgánica en muchos municipios y los consorcios de gestión de residuos, que estaban acostumbrados a prácticas mafiosas, se han ido adaptando al nuevo modelo.

Tampoco volveremos nunca a la máxima de 'todo espacio es un solar'. Se ha entendido que la prevención de incendios no es una parte de la extinción, sino que la extinción se puede evitar si se hace una buena prevención que, a su vez, está muy relacionada con la gestion territorial basada en la conservación ecológica. Claro que en dos años no se revierte una mala gestión de veinte años, pero si pormenorizamos se aprecian los avances.