Catalunya
La inaceptable relación entre un abogado y su defendido que se hace en los medios

Ayer saltó a los medios que Puigdemont y algunos de sus consellers se encontraban en Bélgica y habían contratado los servicios del abogado flamenco Paul Bekaert. Sin embargo, la noticia no se explicó de forma neutral y aséptica, pues los mass media se emplearon a fondo en relacionar al profesional con algunos de sus clientes. “Puigdemont se asesora con el abogado de ETA en Bélgica para pedir asilo”, decía el titular de La Vanguardia. “Puigdemont ha contratado al histórico abogado de ETA en Bélgica”, rezaba El Confidencial. El Español, por su parte, le dedicó un especial: “Bekaert, así es el abogado milagro de ETA al que se encomienda Puigdemont”.

Según este último artículo, “el abogado de ETA” habría defendido a tres miembros de la banda: “Los etarras Luis María Cengotitabengoa, Ventura Tomé, Natividad Jauregui, alias Pepona... y ahora el expresidente catalán Carles Puigdemont. El dirigente nacionalista se ha unido a la lista de clientes del abogado flamenco Paul Bekaert”, explica. Parece un poco injusto que, con esta escasa cartera de clientes, se le tilde de “el abogado de ETA” a este señor de 68 años que empezó a ejercer en 1972.

No es la primera vez que se ignora la amplia carrera de un abogado y se le vincula exclusivamente con alguno de sus clientes. Este verano, por ejemplo, se atacó a nuestros compañeros Jaume Asens, Benet Salellas y Gonzalo Boyé por haber defendido a presuntos yihadistas en el pasado. Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora: es intolerable atacar a una abogada o a un abogado por ejercer el derecho de defensa. 

El derecho de defensa es la oportunidad que tenemos de defendernos ante los tribunales de justicia de los cargos de los que nos imputan o acusan con plenas garantías de igualdad e independencia. Sin defensa no hay proceso justo, y sin proceso justo actuamos con la misma aleatoriedad con la que lo hace la barbarie terrorista. Al ejercer este derecho, defendemos los derechos de todas las ciudadanas.

En un comunicado que publicó el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en coordinación con el Consell de l’Advocacia Catalana y el Consejo General de la Abogacía Española en defensa de Asens, Salellas y Boyé el pasado mes de agosto, se dejó claro lo siguiente:

“En la independencia del ejercicio de su profesión, los abogados y las abogadas, al defender los derechos y libertades de sus clientes, prestamos un importante servicio a la sociedad garantizando el ejercicio del derecho de defensa y contribuyendo con ello a la justicia y a la paz social.

La Abogacía siempre velará porque los principios fundamentales de la profesión: la independencia, la libertad, la dignidad y la integridad, sean respetados”.

Identificar a un abogado con algunos de los muchos clientes a los que han defendido, supone un ataque furibundo al compañero que lo sufre y a toda la profesión de la abogacía. Y no entender en qué consiste el derecho de defensa demuestra una escasa cultura en derechos fundamentales.